Graciel Muñoz, jueza e hija del magistrado de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, habría recibido información privilegiada por parte de su padre, en torno al avance de un proyecto inmobiliario en el que ella invirtió.
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De acuerdo con lo reflexionado por el Pleno del tribunal de alzada capitalino, no tienen atribuciones para resolver respecto de los antecedentes que envió el presidente Ricardo Blanco y que fueron parte de una reclamación de la ministra Ángela Vivanco.
Quien fuera el abogado del proyecto inmobiliario Fundamenta, y que años atrás logró inhabilitar al presidente de la Tercera Sala del máximo tribunal, decidió arremeter -ahora en el plano ético- en contra del magistrado. Esto, aprovechando que la comisión ad hoc está investigando a otros ministros por reportajes de Ciper que los involucran en presuntos actos de tráfico de influencias. La principal prueba, se lee en el escrito, serían las conversaciones entre la hija del magistrado y su ejecutiva inmobiliaria en la que le habría pedido recuperar sus abonos para un proyecto, ya que -según la acusación- sabía el resultado de la sentencia en que participó su padre y que retrasaría la entrega de dichos inmuebles.
Esta jornada la instancia presidida por el ministro Ricardo Blanco tomó declaración a los diputados PS Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, pese a que no se han respondido formalmente las reclamaciones hechas por Vivanco y Matus. La situación, además, ha instalado dudas sobre la selección que harán esta tarde respecto de quién sucederá al exministro Haroldo Brito.
Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini, como pudo recabar La Tercera, fueron invitados durante la semana pasada por el secretario de la instancia, Marcelo Doering, dado que son querellantes del caso Hermosilla.
La ministra acusó que sus pares del máximo tribunal que integran la comisión ya emitieron un dictamen previo en su contra y, en el caso de la magistrada Muñoz, que posee una "enemistad manifiesta" hacia ella.
Desde que estalló en el seno de la Corte Suprema el caso por supuesto tráfico de influencias en nombramientos judiciales -por chats revelados en causas penales-, en los pasillos del Palacio de Tribunales el ambiente se corta con cuchillo. El presidente Ricardo Blanco, en los últimos días, ha tomado a la Comisión de Ética por las astas y, dando un “mazazo”, desafió a cuatro de sus pares del máximo tribunal.
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, citó para este jueves a primera hora a un pleno extraordinario. Quienes conocen de las intenciones del magistrado sostienen que en esa reunión dará a conocer que se ha notificado a algunos de los miembros de la cúpula del Poder Judicial que la Comisión de Ética ha abierto una investigación administrativa en contra de ellos por los chats en los que aparecen vinculados al caso Hermosilla y Topógrafo. Estas últimas conversaciones darían cuenta, a ojos de algunos, de presunto tráfico de influencias. El encuentro se da a sólo tres días de que el propio mandamás del máximo tribunal asegurara que no existía sumario alguno contra algún juez. ¿Un nuevo golpe de timón?
Pasadas las 11:00 horas de este jueves llegó hasta el despacho del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, un oficio en el que el fiscal nacional, Ángel Valencia, le informaba que no podrían acceder a la petición de la Comisión de Ética que él dirige. Ésta había pedido copia de expedientes sobre investigaciones penales en curso. En específico, querían copia de los chats del caso que involucra a Luis Hermosilla y al ministro Juan Antonio Poblete en que se alude a integrantes del máximo tribunal. El "portazo" del Ministerio Público se oyó hasta el último rincón del Palacio de Tribunales.
A una semana de haber recibido el oficio firmado por el presidente Ricardo Blanco, Ángel Valencia les transmitió que no podía acceder a la solicitud. Esto, con miras a garantizar el éxito de las investigaciones en curso.
La determinación fue analizada durante el pleno que estuvo marcado por el retorno de las ministras Ángela Vivanco y María Teresa Letelier, otras dos de las implicadas en el caso de supuesto tráfico de influencias y quienes estuvieron ausentes cuando Ricardo Blanco anunció la apertura de la instancia creada en 2007.
Se espera que durante la cita, que está programada para las 14.30 horas, las magistradas hagan presente su postura frente a la determinación de sus pares de iniciarles un proceso disciplinario, aunque previamente el pleno había acordado que la instancia estaba "obsoleta" y que se reformularía su reglamento. Durante la instancia se abordará la renuncia del ministro Carroza a dicho comité.
Durante la semana impactó en el seno del Poder Judicial la decisión del pleno de la Corte Suprema de reactivar el Comité de Ética que fue reglamentado hace 17 años. La sorpresa se profundizó cuando se conoció que el presidente del máximo tribunal, y de la instancia ad hoc, Ricardo Blanco, solicitó al fiscal nacional, Ángel Valencia, poder acceder a los chats de investigaciones penales que involucrarían a integrantes del máximo tribunal. Esto último, según opinión de penalistas, imposible de realizar por la reserva que tienen para terceros -incluso para ellos- las causas criminales.
Este jueves la comisión encabezada por el presidente del máximo tribunal ofició al Ministerio Público para que se les envíe las cuestionadas conversaciones que involucrarían a los ministros Jean Pierre Matus, María Teresa Letelier, Ángela Vivanco y Mario Carroza con presuntos delitos de tráfico de influencias. Sin embargo, abogados expertos en la materia aseguran que si la Fiscalía accede, estarían infringiendo la ley.
La determinación se adoptó durante el pleno en que participaron 11 de los ministros titulares y a pesar de que en discusiones anteriores se había alcanzado consenso respecto a que la mencionada instancia estaba desactualizada.
