El gobierno busca modificar dos materias con este veto: que la supervigilancia de este derecho no recaiga en la Dirección del Trabajo sino en la Contraloría, y excluir a los funcionarios de las Fuerzas Armadas de recurrir de tutela ante los tribunales.
En términos generales, la extensión del beneficio regirá para todo tipo de trabajadores durante el estado de excepción. Este miércoles el proyecto seguirá su trámite en la Comisión de Hacienda para luego pasar a sala del Senado.
El coronavirus no solo retrasó la tramitación del proyecto, sino que también cambió el escenario para su discusión. De todas maneras, la oposición mantiene su propuesta previsional que presentó en enero, y esperan ingresar indicaciones más adelante.
Esa instancia del Senado votará hoy el proyecto en general. Gobierno analiza qué acciones tomará. Podría ingresar sus propias indicaciones, que los parlamentarios oficialistas las ingresen o ir al TC.
Desde el Ejecutivo señalaron que repondrán las indicaciones el lunes en la próxima instancia legislativa. Por ello, mantienen enero como el plazo para que el proyecto sea despachado de la Cámara. Desde la DC advierten que ellos seguirán con abstenciones si el gobierno no se allana a conversar.
Diputados mantuvieron cambio en cobro de comisiones sobre lo aportado y no sobre el sueldo.
Estaba presupuestado iniciar la votación, pero se postergó para hoy.
Gobierno presentó propuesta para que cobertura sea total y no limitarlo solo a medianas y pequeñas empresas, como lo plantearon los diputados.
La iniciativa es una de las pocas que estando dentro de la Agenda Social aún no ha sido despachada.
A diferencia de lo realizado en la Cámara de Diputados, las comisiones de Trabajo y Hacienda no introdujeron cambios al proyecto del gobierno.
En la ley corta para subir un 50% el Pilar Solidario, los diputados eliminaron los tramos planteados.
El proyecto original del Ejecutivo proponía elevar el ingreso mínimo vía subsidio a $350 mil brutos. El gobierno puntualizó que la indicación de los legisladores es inconstitucional.
En el caso de las pymes se fija un plazo de 5 años y en el de las grandes empresas es de 1 año.
En la sesión de ayer se avanzó en la votación de ocho artículos. Pero quedaron pendientes los relacionados con la administración del fondo solidario.
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, señaló que "en la votación se taparon los oídos con tapones muy herméticos".
