La sucursal de Brink’s en Rancagua fue asaltada el viernes pasado, con un botín de $12 mil millones. Brink’s S.A. es filial de Brink’s Incorporated, una empresa estadounidense especializada en el transporte de valores que inició sus operaciones en Chile en 1979. Actualmente, la compañía cuenta con más de 1.700 empleados, más de 150 camiones blindados y 64 vehículos de apoyo.
El presidente de Clínica Las Condes emprendió una nueva acción legal en tribunales. Esta vez, el empresario busca revertir la medida cautelar impuesta por el Cuarto Juzgado de Garantía, que le prohíbe acercarse al recinto médico ubicado en Estoril 150. Esta medida se tomó en el contexto de una investigación por presunta apropiación indebida de los honorarios de una veintena de médicos.
Los gerentes de AB InBev comparecieron ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, cuestionando las tácticas de CCU en un juicio por competencia desleal iniciado por Cervecería Quilmes. La disputa se centra en el uso de la marca "Patagonia": Quilmes acusa a CCU y Cervecería Austral de imitar la identidad de su cerveza "Patagonia Km 24.7", generando confusión entre los consumidores. CCU defiende su derecho a la marca, adquirido en 2001.
El tribunal ordenó a la empresa eléctrica realizar un proceso de remediación ambiental en el sitio, que incluye la aplicación de técnicas de biorremediación para descontaminar el suelo y las aguas subterráneas. El objetivo es que el terreno pueda ser utilizado nuevamente para fines comerciales e industriales, sin representar un riesgo para la salud humana o el medio ambiente. Desde Engie explicaron que están considerando emprender acciones legales para impugnar el fallo del Primer Tribunal Ambiental.
Manuel Guerra, defensor del ex gerente general de Primus Capital, acusado de protagonizar el fraude contra la empresa de factoring, dejó la defensa del ejecutivo, hoy detenido en Perú. Antes lo hicieron Juan Domingo Acosta y Mario Vargas. A ello se suma la renuncia de sus abogados laborales, quienes hace pocos días formalizaron el desistimiento de su demanda laboral.
La gigante china fue condenada a pagar $780 millones a su exsocia, la firma CTF Tecnología, por incumplimiento de contrato, tras una decisión del juez árbitro Oscar Torres Zagal el pasado 22 de julio. El conflicto surgió luego de que la empresa asiática decidiera cerrar sus locales en Chile, lo que desencadenó un litigio con implicancias diplomáticas y una apelación en curso por ambas partes.
Gustavo Hasbún (UDI), representado por el exparlamentario (PC) Hugo Gutiérrez, presentó esta semana una querella por los presuntos delitos de estafa, administración desleal, falsificación y uso malicioso de instrumento privado en contra de José Joaquín Jarpa Lagos y José Joaquín Jarpa Armijo. El ahora consultor de empresas asegura en la acción judicial que su sociedad, ISS SpA, fue utilizada por los querellados como testaferro ante la banca, lo que ha resultado en una deuda de $680 millones.
Gonzalo Uriarte, presidente de AB Chile, llevó esta preocupación ante la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, enfatizando que las bandas criminales utilizan sofisticados inhibidores de señal para evadir los sistemas de seguridad, resultando en cuantiosas pérdidas para las empresas afectadas. Según un estudio que presentaron, los bienes más robados en la sustracción de carga corresponde a electrónica, como celulares.
El estudio de abogados enfrenta otro conflicto legal con una asociada. La abogada Camila Beltrán presentó una demanda de tutela laboral alegando discriminación por género y maternidad, daño a su integridad psíquica, honor y libertad de trabajo y exige $110.000.000 en total por daños. Desde Carey explicaron que al "plantearle su desvinculación por hechos ajenos a su maternidad, la trabajadora no había informado ni a la empresa ni a su equipo que estaba embarazada. Cuando informa de su estado de embarazo, se le indicó de inmediato que, dado su fuero, su salida no se produciría y seguiría trabajando en la oficina”.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la petición de Tianqi Lithium Corporation de poner una pausa a la asociación de SQM y Codelco al considerar que no había suficientes antecedentes que justificaran la solicitud. La empresa china había presentado un reclamo de ilegalidad contra la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), cuestionando la aprobación del acuerdo sin votación de los accionistas, alegando que la implementación prematura del acuerdo podría causarles un perjuicio irreparable.
SQM solicitó hacerse parte del reclamo de ilegalidad que presentó Tianqi Lithium Corporationen contra de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en la Corte de Apelaciones de Santiago. En su escrito, la minera no metálica pidió rechazar la petición de suspensión que planteó la empresa china del acuerdo de asociación con Codelco.
Su abogado, Álvaro Jofré, interpuso un recurso de amparo en contra del Ministerio Público por negarle información a través de una solicitud de Ley de Transparencia al presidente de Clínica Las Condes (CLC).
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) rechazó la denuncia de tutela laboral presentada por Jimena Hevia, jefa del Departamento de Participación Ciudadana, Consulta Indígena y Evaluación del Medio Humano (DPAC). En su demanda, la geógrafa denunció una serie de actos de acoso laboral por parte de su jefe, Juan Cristóbal Moscoso. El SEA solicitó que la acción sea desestimada, defendiendo el actuar del funcionario y acusando a la demandante de "falta de autocrítica y tolerancia".
La compañía, propiedad del Estado chino, solicitó el pasado viernes a la Corte de Apelaciones de Santiago intervenir en el proceso judicial contra la resolución de la Comisión Nacional Antidistorsiones, que impuso una sobretasa arancelaria provisional a las importaciones de acero chino. Esta acción sigue a la impugnación presentada por Magotteaux Chile y otras empresas, calificando la medida como “ilegal y arbitraria”.
