Si bien algunos ya habían adelantado sus posturas personales, este lunes la bancada oficialista del Consejo finalmente salió en bloque a hacer público su rechazo a la propuesta de nueva Carta Magna.
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El ministro de la Segpres, a pesar de la crítica al trabajo del órgano redactor, remarcó la decisión del gobierno de mantener la prescindencia respecto del proceso y aseguró que cumplirán con la "obligación de informar": "creemos que la ciudadanía debe acudir a las urnas con toda la información posible”.
El doctor en derecho entrega su visión sobre la propuesta de nueva Carta Magna despachada por el Consejo Constitucional. Dice que aún no define su postura y que esperará a que su partido finalice su debate interno para oficializarla. En esta entrevista, aunque valora la consagración de un Estado social con un componente de solidaridad, también critica que sea un borrador extenso y repetitivo.
En la colectividad -que apoya oficialmente la postura por el "A favor" de cara al referéndum de diciembre- algunos defienden que exista algún tipo de castigo para aquellos que se desalineen y se manifiesten por el "En contra".
La nueva falla tectónica, debido al distanciamiento de conglomerados frente al plebiscito, se está manifestando en Demócratas y en aquellas colectividades no alineadas. Frente a este escenario, el exdiputado propone adoptar oficialmente una "prescindencia". "(La decisión) no puede dividir a un partido nuevo", añade la diputada Joanna Pérez, quien promueve la "libertad de acción".
Si bien la ministra Camila Vallejo dijo que no caerán "en el juego de establecer una especie de contrapunto” en esta materia y que como Ejecutivo tienen deber de prescindencia, sí señaló que el gobierno “expresado en otra oportunidad nuestra preocupación por los eventuales retrocesos en derechos" y que "ha costado mucho avanzar, sobre todo para las mujeres en derechos sexuales y reproductivos".
El exconvencional critica al oficialismo por no sumarse al "A favor" y hace un llamado de que la nueva propuesta de Carta Magna cerrará el dilema constitucional.
Con las posturas del oficialismo y la oposición virtualmente zanjadas por el "En contra" y el "A favor", respectivamente, los partidos no alineados serán ahora los focos de tensión. Incluso, aunque sus directivas ya han dado señales de cómo votarán en el próximo plebiscito, en estos partidos podrían surgir las disidencias.
El sondeo de opinión arrojó que la intención de votar “En contra” a la actual propuesta continúa liderando las preferencias, con un 51%. Pese a ello, la opción “A favor” ha tenido un alza de 13 puntos desde el 22 de septiembre pasado, alcanzando esta semana un 34%.
El presidente del PPD no esconde su desazón con el texto elaborado por el Consejo: “Se me hace insufrible imaginarme en la urna votando a favor”, dice. El senador advierte que, en caso de que se apruebe, podría provocar un escenario peor que el de 2019.
A 49 días del plebiscito, el reloj corre en direcciones opuestas para el oficialismo y la oposición. Mientras los “A favor” tienen el acelerador a fondo para revertir las malas cifras de las encuestas, sacando incluso a Evelyn Matthei de su silencio, los “En contra”, con amplia ventaja en los sondeos, han logrado poner freno de mano y ordenarse para dilatar el proceso.
El exdiputado de la UDI termina esta semana sus labores como consejero constitucional. En ese marco -y como presidente de la Comisión de sistema político- revisa la actuación de Chile Vamos. Dice que empujaron un acercamiento, pero que “aunque republicanos hubiera tenido mayor apertura, no habríamos sacado nada: la izquierda estaba decidida a entorpecer el proceso”.
Ocho meses, 24 expertos, 50 consejeros y largas horas de negociaciones marcaron la redacción de la propuesta de nueva Constitución. Detrás de las caóticas semanas para elaborar un texto de más de 200 artículos, estas son algunas de las historias tras bambalinas.
A través de un comunicado, Republicanos sostuvo que apostará a “dotar a Chile de una Constitución que permita abordar las urgencias fundamentales del país”.
Los organismos están relacionados con innovaciones en la institucionalidad vinculada a la seguridad pública, como el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, la Defensoría de las Víctimas, la Fiscalía Supraterritorial y la Policía Fronteriza. Además, se avanza con una fuerte reforma al modelo de gobernanza del Poder Judicial, que contempla la consagración de tres órganos autónomos que serán coordinados por la Corte Suprema.
