Distintas frases del presidente de la entidad, Francisco Leturia, han generado roces con algunos de los consejeros y entidades ligadas al mundo de la transparencia. A eso se suma una creciente disputa con los funcionarios del consejo.
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Reporte del Consejo para la Transparencia detalla que entre el 11 de marzo y el 30 de junio, de los 278 organismos públicos considerados, el 86% (239) ha informado al menos un registro de agenda pública, es decir, una audiencia, viaje o donativo. A su vez, se reportaron 13.254 audiencias, por 2.097 sujetos pasivos. Los organismos públicos que más audiencias dieron cuenta son la Subsecretaría de Vivienda, la Subsecretaría de Bienes Nacionales y el Servicio de Evaluación Ambiental.
Esto luego de que Francisco Leturia escribiera en redes sociales "qué chu... es la Comisión Chilena de DD.HH.”.
“Qué chu... es la Comisión Chilena de DDHH”, escribió Francisco Leturia en respuesta a una publicación de Twitter del ex convencional frenteamplista Jaime Bassa, quien compartió un comunicado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), en donde la institución se pronunciaba respecto a la propuesta de nueva Constitución.
La alcaldía presentó a la Corte de Apelaciones un reclamo de ilegalidad en contra del organismo luego de que la obligara a entregar “la información sobre sumarios consultados y sus antecedentes”. Según el municipio, entre 2017 y 2022 se han registrado 51 denuncias por acoso y maltrato laboral y acoso sexual.
A través de un comunicado señalaron que van a "iniciar un procedimiento sancionatorio en contra de las subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales tras haberse vencido el 22 de abril pasado la fecha para cumplir la orden de entrega de correos enviados y recibidos desde cuentas institucionales de ex autoridades de salud en plena crisis sanitaria por Covid-19″.
El organismo solicitó un reporte detallado con el origen del incidente sufrido, además de un informe con las medidas adoptadas para evitar futuras fisuras de seguridad y filtraciones, y cómo está inscrita la base de datos respectiva.
La saliente presidenta del Consejo para la Transparencia -asumió en su reemplazo Francisco Leturia- aborda su gestión y entrega un diagnóstico del estado de situación de Chile. Y aunque dice que se ha avanzado, aún ve ripios en ciertas instituciones, pero también en los procesos de solicitud de información o en los tiempos de respuesta.
Francisco Leturia, quien asumió hoy como el nuevo presidente del organismo autónomo, señaló que la información entregada, que incluye si una persona votó en las elecciones municipales de 2021 y si era militante de un partido, "pertenece al ámbito más íntimo y privado de las personas que tienen derecho a proteger".
De visita en Chile, la responsable del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México, abordó los desafíos de la región en estas materias, así como en la lucha contra la corrupción. "Los mecanismos de transparencia son instrumentos útiles para legitimar las acciones de los gobiernos", asegura.
Gloria De la Fuente aseguró que “se requieren auditorías externas con carácter de urgente como acción inmediata, y utilizar de manera proactiva los mecanismos de Transparencia, no solo en lo que concierne directamente a las municipalidades, sino también en corporaciones y asociaciones que pueden ser receptoras de fondos públicos”.
Ambas entidades plantearon que el requerimiento de información que hizo el Ministerio de Hacienda a la Superintendencia de Pensiones se ajustó a sus atribuciones legales.
Esto luego de que la comisión de Constitución del Senado rechazara ayer la nominación de Natalia González, del centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD) y a Bernardo Navarrete, docente de la Usach para integrar el consejo. La presidenta del organismo alertó que "no tenemos posibilidad de sesionar en la medida que no tengamos el consejo directivo".
Marcelo Drago y Alejandro Ferreiro abordan la polémica que tiene al titular de Hacienda en el ojo del huracán.
Si bien el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que el pedido está apegado a la ley, diputados de oposición no descartan una acusación constitucional.
