La actual integrante del comando de Sebastián Sichel anunció que ejercerá acciones legales contra la empresa que, tras perder la licitación, presentó una querella por irregularidades en el proceso.
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El ente fiscalizador detectó graves irregularidades en la licitación por cámaras para Carabineros cuya compra fue visada por la exsubsecretaria de Prevención del Delito quien hoy es parte del comando del candidato presidencial Sebastián Sichel. La auditoría fue remitida a la Fiscalía Centro Norte.
"Uno se pregunta si las mujeres tenemos que responder por los actos de nuestros maridos” señaló la candidata al ser consultada, en el debate Archi, por un juicio que enfrenta su esposo -junto a otra persona-, por parte del ente fiscalizador por irregularidades mientras trabaja en Junaeb, y por la cual solicita devolución de $860 millones.
Desde el inicio de la crisis sanitaria, cinco veces el órgano contralor ha presentado denuncias por irregularidades en el arriendo de hoteles para el resguardo de pacientes en cuarentenas preventivas. En todas ellas hubo complicaciones por los pagos efectuados y en algunas ocasiones hubo un "pago en exceso" que debió ser restituido. El ex subsecretario de Redes Asistenciales y hoy convencional Arturo Zúñiga sostuvo que "siempre actué con el objetivo de resguardar el buen uso de los recursos públicos".
La jurisprudencia de la Corte Suprema, en la cual ha anulado los decretos que buscan echar del país a migrantes que ingresaron por la vía irregular, abre la siguiente interrogante. Si el máximo tribunal plantea que estos actos no se ajustan a derecho, ¿debe el contralor Jorge Bermúdez volver a exigir este trámite? El organismo explica que las razones de su postura son dos. Por un lado la búsqueda de "eficiencia en la gestión documental" y por el otro la intención de "centrar el control de legalidad en los actos administrativos que involucraran cuantiosos recursos públicos".
"El Ejecutivo decidió utilizar un mecanismo que no está previsto en el ordenamiento jurídico vigente", señaló el organismo en un comunicado.
Luego de que Contraloría rechazara el decreto ingresado por el gobierno para facultar a las Fuerzas Armadas a colaborar en las operaciones de la Macrozona Sur, La Moneda prepara el camino para impugnar esta decisión. Se evalúa acudir al Tribunal Constitucional o reformular el documento.
Ejecutivo había enviado hoy mismo, jueves 30 de septiembre, el decreto con el que buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas para cumplir labores en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco tras el fin del estado de excepción constitucional.
El ente contralor busca determinar, además, por qué se siguió adelante con la adjudicación de las obras de construcción de la etapa uno del Polideportivo San Gregorio, en La Granja, cuando se debió anular el contrato que beneficiaba a la empresa constructora Lima y a Matías Guevara.
A partir de este hito las empresas autorizadas podrán comenzar a desplegar la nueva red 5G y, de esta manera, ofrecer planes comerciales para los usuarios que cuenten con un equipo móvil apto para esta nueva tecnología
Incumplimiento de las condiciones del contrato y diferencias en la recaudación por las entradas al recinto son solo algunos de los hechos que el órgano contralor constató que sucedieron durante la administración de Virginia Reginato. El organismo instó a que el municipio ejerza acciones civiles contra la empresa controladora del recinto de juegos de azar.
Mercadería para menos de 15 días hábiles, incumplimiento de aporte nutricional y la falta de un mecanismo que identificara a los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar fueron los principales hallazgos de la auditoría que se realizó entre marzo y septiembre pasados. El objetivo de las instrucción es encontrar las posibles responsabilidades de funcionarios.
El requerimiento de información está dirigido a la Secretaría General de la Armada de Chile, donde se piden explicaciones por algunos textos difundidos en una cuenta de Twitter de la "Revista de Marina". También, el ente contralor identificó un retuit a una cuenta que pide difundir la candidatura del candidato presidencial José Antonio Kast. La institución abrió un sumario.
Jorge Bermúdez expuso hace algunos días en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre los actos de las policías en control del orden público. "A la fecha, las sanciones propuestas por la CGR no han sido aplicadas por el general director, pese a que existen dos generales inspectores que fueron ascendidos durante la sustanciación del procedimiento disciplinario", cuestionó. Además, escribió un editorial en la última edición de la revista interna de Carabineros donde planteó que "quienes quieran actuar al margen de la ley siempre buscarán nuevas maneras de hacerlo. Eso nos obliga a crear nuevos mecanismos de prevención y control para detectar oportunamente las irregularidades".
En total, la Mutualidad de Carabineros -previa orden del Ministerio de Justicia- requirió la devolución de los dineros a 23 exconsejeros que integraban la aseguradora de los uniformados. De ellos, solo cuatro personas devolvieron los montos. Entre los demandados, a quienes se les acusa de no entregar el dinero, están el exgeneral director de Carabineros Gustavo González Jure por $ 27 millones y los exdirectores generales de la PDI Héctor Espinosa por $ 50,8 millones y Marcos Vásquez por $ 29,7.
