Las últimas intervenciones públicas de las autoridades de gobierno en torno al plebiscito están siendo observadas por el ente contralor, quien se adelantará a la elaboración de un oficio para "rayar la cancha" en torno a lo que pueden hacer, o no, los funcionarios públicos en la discusión sobre el "Apruebo" o "Rechazo". Este se conocerá en las próximas horas.
Dicho decreto contempla una serie de medidas preventivas que tienen por objetivo evitar el racionamiento eléctrico, dada la severa sequía en el país.
El ente fiscalizador emitió un dictamen en que obliga a los representantes del organismo vinculado a la defensa de los Derechos Humanos a tomar las medidas necesarias para poner fin a la ocupación ilegal del edificio. "Las autoridades del INDH se encuentran en el imperativo de adoptar de inmediato las medidas que en derecho correspondan para restablecer la utilización del referido inmueble", se lee en el documento. Consejeros de la instancia comentan que la única opción para el presidente de la entidad, Sergio Micco, es pedir una orden de desalojo, ya que la vía del diálogo fracasó.
Con el propósito de evitar los fraudes descubiertos en el pasado, ambas instituciones iniciarán un trabajo -que se extenderá al menos por un año- en que se capacitará a la policía uniformada en administración de recursos financieros, rendición de cuentas, acreditación de gastos, auditorías y compras, entre otros. "Somos una Institución que avanza y aprende de las lecciones", admitió el general director Ricardo Yáñez.
La petición, enviada desde la Cámara Baja a solicitud del diputado UDI Juan Antonio Coloma, se basa en que el nuevo subsecretario de Interior debería asumir el 9 de marzo para preparar la llegada del nuevo gobierno, pero existe una norma constitucional que limita nominaciones de legisladores en ejercicio solo a cargos de “ministros y agentes diplomáticos”. El ente fiscalizador indicó que la legalidad del nombramiento será revisada solo cuando esa determinación haya sido adoptada por el futuro Presidente, ya que no puede "emitir una opinión anticipada”.
Marcela Ríos sostuvo sendas reuniones con los jefes del Ministerio Público y la Contraloría para avanzar en temas que mantienen en común con la cartera que dirigirá apenas asuma el presidente electo, Gabriel Boric. "Se trata de una ronda de conversaciones de trabajo para ocupar intensamente el tiempo antes de asumir el cargo", explicó la autoridad del gobierno entrante.
La próxima secretaria de Estado habló de diversos temas y abordó las polémicas de Londres 38 y los cuestionamientos de la Contraloría mientras se desempeñó en la Municipalidad de Providencia. Aquí, algunas de las principales frases que dejó su conversación con El Deportivo.
La entidad que dirige el contralor Jorge Bermúdez rechazó las bases y realizó más de 30 observaciones administrativas al texto que fue ingresado por la Conadi para su toma de razón a inicios de diciembre. El objetivo era licitar este análisis para así tener claridad de cuál era el universo total de terrenos a restituir, cuánto ya se había devuelto y qué es lo que faltaba por comprar. La Moneda ya había querido hacer esto en 2018 y hoy en este segundo intento, y a poco más de un mes que se termine el Gobierno, sufre un nuevo revés.
Las bases ingresaron en diciembre a la Contraloría de La Araucanía para su toma de razón, pero el asunto se derivó al nivel central del organismo y está siendo materia de debate jurídico. Se trata de más de $ 5 mil millones para realizar el primer estudio de estas características. La Conadi definió que el trabajo se hará únicamente en base a los títulos de merced y La Moneda busca dejar el tema zanjado antes del 11 de marzo.
En un informe de 59 hojas, al que tuvo acceso El Deportivo, se le cuestiona al Instituto Nacional de Deportes, entre otros puntos, el pago extra para la construcción de las canchas de hockey de pasto sintético, en el Nacional, que se realizan de cara a los Panamericanos 2023.
A prácticamente un mes de que el Estado firmara el contrato con Idemia para el desarrollo del sistema de identificación nacional, las compañías intentan frenar el proceso de toma de razón. Acusan al director del Registro Civil de falta probidad y de realizar actos contrarios a las bases de licitación. "Al declarar admisible dicha oferta y adjudicarla está afectando el interés público", subrayan.
La Contraloría remeció a la administración pública al despachar un dictamen que le pondrá fin, de manera gradual, a la mayoría de los honorarios. La entidad asegura que el Estado ha abusado de este tipo de contrataciones, precarizando a estos funcionarios y desvirtuando su objetivo original. El criterio, dice el organismo, recoge la jurisprudencia de la Corte Suprema y se basa en un principio de realidad. Esto impactará fuertemente en el presupuesto de las distintas reparticiones y considera su total implementación en 2023.
El diputado humanista pidió un pronunciamiento sobre la facultad legal y constitucional para que se exija este documento, argumentando que esto obliga a contar con la vacuna de manera obligatoria y no voluntaria. El ente contralor, además de abstenerse, señaló que "la existencia de dicho instrumento", "se encuentra justificada en la necesidad de enfrentar una situación sanitaria crítica y excepcional que afecta a todos los habitantes del país”. También, le recomendó asesorarse para presentar este tipo de solicitudes.
A través de un comunicado, el municipio capitalino, que había ingresado una querella en octubre, indicó que el organismo contralor instruyó la adopción de una serie de medidas para iniciar un proceso de regularización de lo observado durante la gestión del exalcalde.
En abril, un oficio de la cartera ordenó suspender la recepción de solicitudes de refugio y otros trámites en 54 gobernaciones provinciales, lo cual limitó el acceso de extranjeros al proceso. De acuerdo a las cifras de la PDI, desde el inicio de la pandemia solo 20 personas -el 0,04% de los ingresos clandestinos- obtuvieron el visado, mientras que en 2019 los casos fueron 120.
