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El ente contralor emitió un dictamen donde cuestiona las palabras emitidas por el comandante en jefe de la institución castrense, respecto los hechos de violencia en La Araucanía y durante el estallido social. "Las Fuerzas Armadas deberán ajustarse a lo establecido en la referida orden ministerial para los efectos de emitir las declaraciones que sean pertinentes en el ejercicio y dentro del ámbito de sus competencias, teniendo además en consideración lo expuesto en el presente pronunciamiento”, dice.

Mediante una auditoría, el ente contralor revisó todos los pagos efectuados por el Serviu al municipio para el proyecto, y que totalizan 41.554 UF ($ 1.200 millones, aproximadamente). Se detectó que siete de los beneficiarios escogidos por el municipio no cuentan con el subsidio de arriendo otorgado por el Minvu, y tampoco con la autorización de esa repartición del gobierno que los habilite para ser incorporados a la iniciativa. Desde el municipio señalaron que "las obras contratadas y ejecutadas se ajustan a la normativa municipal, contó con los permisos y recepciones legales que ella exige y las familias beneficiadas han cumplido con los requisitos".

Una auditoría del ente fiscalizador detectó distintas irregularidades en las casas de acogida de mujeres vulneradas, planes de protección y reparación, entre marzo y octubre. El informe final ya fue evacuado, en el que se destaca que "en un 94% de los casos, las políticas públicas ejecutadas desde el Sernameg RM no lograron generar las condiciones para el contacto necesario con estas mujeres y, de esta forma, propender a la prevención de hechos de violencia como los señalados". La repartición se defiende y anuncia que presentará sus descargos.

En su solicitud ante el organismo, los parlamentarios piden esclarecer -entre otras cosas- "si ha habido algún tipo de beneficio tributario para los donantes de dichos equipos y de ser así, si dicha deducción de impuestos se ha ajustado a derecho, considerando la inutilidad que reportaron al Estado Chileno los equipos donados”.

Un estudio de la Contraloría General de la República determinó que el 44,2% de las denuncias recibidas por la Superintendencia del Medio Ambiente entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2019 no tuvieron asociadas gestiones. El informe concluye que “no consta que la entidad haya ejecutado alguna actividad de fiscalización ambiental o iniciado un procedimiento sancionatorio, ni tampoco que haya ordenado su archivo por falta de mérito”. Mientras el superintendente aclaró que -desde su llegada- han hecho una serie de cambios para mejorar la gestión de la SMA, como por ejemplo, poner en marcha una clasificación de las denuncias ingresadas para actuar con mayor rapidez cuando los hechos son de mayor gravedad.

Representantes de Interior y del ente contralor ya mantuvieron conversaciones sobre si existirían posibilidades de acoger la idea. La posición que transmitieron desde la institución liderada por Jorge Bermúdez, sin embargo, fue negativa, aunque destacaron que nunca se cerrarán a estudiar algo, pero habría un diferencia sustancial con el documento que se pensó para enviar a las FF.AA. al norte: la amenaza exterior, que en el caso de La Araucanía y el Biobío, no se presentaría y podría ser inconstitucional.

El 22º Juzgado Civil de Santiago suspendió el proceso que llevaba a cabo el ente contralor para suspender a los generales de Carabineros, Mauricio Rodríguez y Enrique Bassaletti. El 14 de abril, el CDE apeló a esta resolución, sin embargo, el tribunal desestimó la acción judicial del Consejo y remitió los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago. Jorge Martínez, abogado de los oficiales sumariados, sostuvo que el ente contralor no tiene la facultad para influir en la estructura orgánica de la policía uniformada.

A través de un oficio, la policía uniformada informó al organismo, que actualmente es dirigido por Sergio Micco, que pedirá al ente fiscalizador que revise la actuación de la observadora de DD.HH., pues asegura que antes de ser repelida por personal de Fuerzas Especiales, "ella junto a otras dos funcionarias utilizan sus teléfonos para obtener imágenes de la detención realizada, sin la distancia adecuada para el correcto proceder del personal aprehensor y acto seguido una de ellas patea una granada lacrimógena en dirección a los policías". La acusación es inédita y el sindicato del organismo salió a repudiar el accionar policial y denunciar que la mujer ha sido intimidada debido a que la policía indagó en sus redes sociales.

El Consejo de Defensa del Estado recurrió al 22º Juzgado Civil de Santiago para revertir la resolución que frenó el proceso de suspensión de dos generales del Alto Mando de la policía uniformada. El abogado de oficiales, Jorge Martínez, aseguró que "la Contraloría carece de la potestad disciplinaria para fiscalizar la conveniencia y mérito de los actos realizados por ellos en resguardo de la seguridad interior y el orden público".

El pasado 19 de marzo, la Subsecretaría de Salud dio curso a un oficio que detalla que aquellos trabajadores que hayan sido catalogados como contacto estrecho por la autoridad sanitaria pueden “acordar” con su empleador trabajar a distancia. "Ese dictamen de la Contraloría se refiere a un ordinario de marzo el cual fue reemplazado rápidamente y se dejó sin efecto toda instrucción", dijo hoy la subsecretaria Daza.

Un tribunal civil pidió conocer el fondo de la reclamación de los oficiales cuestionados por el ente contralor. La defensa de los oficiales explicó que la remoción de los uniformados no es algo que deba ser de competencia del organismo que dirige Jorge Bermúdez, sino que es una atribución del mando de la institución o bien del Presidente de la República. La entidad liderada por Jorge Bermúdez recurrirá a la Corte de Apelaciones de Santiago, a través de una acción de apelación por parte del CDE.

La Tercera Sala del máximo tribunal, en un fallo unánime, le dio la razón a la Contraloría al no haber tomado razón del decreto que nombró en 2019 a María Soledad Velásquez como directora del Instituto de Salud Pública. La sentencia marca un punto relevante en relación a los nombramientos que realiza el Sistema de Alta Dirección Pública y la ponderación de los conflictos de interés que debe hacer con los postulantes a cargos públicos.

La Contraloría cumplió hoy 94 años de historia, y el jefe de la institución, Jorge Bermúdez, ya comienza a preparar la segunda etapa en su gestión, antes de terminar su periodo en diciembre de 2023. Por lo mismo, diseñó un plan estratégico para definir las prioridades de sus últimos años de mandato que serán: innovar, conectar e impactar. De este último punto se descuelga la decisión de oficiar ayer a la CMF y a fondos de inversiones por los fideicomisos del Presidente.

A través de un comunicado, el gobierno sostiene que con la acción del órgano contralor se ratificará "el pleno y permanente cumplimiento por parte del Presidente de la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses”.

El 3 de marzo la Contraloría propuso al general director de Carabineros sancionar a generales por las instrucciones impartidas durante el control de manifestaciones, entre octubre y diciembre de 2019. En paralelo, la fiscalía investiga presuntos delitos de lesa humanidad por parte de Carabineros en el mismo periodo. Al interior del Ministerio Público hay quienes temen que la sanción administrativa los imposibilite de seguir con su indagatoria, a raíz del caso del secretario del Senado, Raúl Guzmán, quien logró no ser formalizado por infracción sanitaria tras recurrir al TC y decir que no podían aplicarle un doble castigo.