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La Contraloría remeció a la administración pública al despachar un dictamen que le pondrá fin, de manera gradual, a la mayoría de los honorarios. La entidad asegura que el Estado ha abusado de este tipo de contrataciones, precarizando a estos funcionarios y desvirtuando su objetivo original. El criterio, dice el organismo, recoge la jurisprudencia de la Corte Suprema y se basa en un principio de realidad. Esto impactará fuertemente en el presupuesto de las distintas reparticiones y considera su total implementación en 2023.

El diputado humanista pidió un pronunciamiento sobre la facultad legal y constitucional para que se exija este documento, argumentando que esto obliga a contar con la vacuna de manera obligatoria y no voluntaria. El ente contralor, además de abstenerse, señaló que "la existencia de dicho instrumento", "se encuentra justificada en la necesidad de enfrentar una situación sanitaria crítica y excepcional que afecta a todos los habitantes del país”. También, le recomendó asesorarse para presentar este tipo de solicitudes.

A través de un comunicado, el municipio capitalino, que había ingresado una querella en octubre, indicó que el organismo contralor instruyó la adopción de una serie de medidas para iniciar un proceso de regularización de lo observado durante la gestión del exalcalde.

En abril, un oficio de la cartera ordenó suspender la recepción de solicitudes de refugio y otros trámites en 54 gobernaciones provinciales, lo cual limitó el acceso de extranjeros al proceso. De acuerdo a las cifras de la PDI, desde el inicio de la pandemia solo 20 personas -el 0,04% de los ingresos clandestinos- obtuvieron el visado, mientras que en 2019 los casos fueron 120.

El ente fiscalizador indicó que el exedil posee “responsabilidad administrativa” por un viaje realizado sin justificación a Europa por un par de concejales en 2016, así como en la autorización mediante “trato directo” de piezas de publicidad municipal con su nombre y rostro en plena época de elecciones. El actual titular del Interior podría recibir sanciones que lo podrían inhabilitar incluso de ejercer cargos públicos.

Un dictamen del ente contralor señaló que no se ajustaba a la norma vigente el hecho de que la Dirección de Seguridad municipal dispusiera el uso de estos elementos, aun cuando exista un contexto determinado para hacerlo. Desde la autoridad comunal señalaron que esto fue para apoyar los servicios de Carabineros durante el estallido social. La compra de insumos superó los $ 47 millones.

Entidad determinó que la ministra vulneró y contravino normas de prescindencia electoral al impartir instrucciones a asesores que eventualmente favorecían a su pareja. Al subsecretario le cuestiona dichos contra Boric y Provoste.

De acuerdo con el dictamen del ente contralor, la secretaria de Estado hizo mal uso de un chat institucional en favor de la campaña a diputado de su pareja, el periodista Christian Pino. “De haberse cumplido las instrucciones que la ministra Rubilar impartió en dicho grupo de WhatsApp a funcionarios de su dependencia, ello habría implicado una infracción de la normativa sobre probidad", indica el texto. Ahora, la Cámara de Diputados deberá definir si inicia una investigación al respecto.

Desde el organismo liderado por Jorge Bermúdez señalaron que “no procedió que en un contexto de campañas electorales el Subsecretario Galli Basili utilizara los temas de la seguridad pública interior y la mantención del orden público, para realizar críticas a una candidata al Congreso Nacional y a dos candidatos presidenciales”.

Sebastián Torrealba (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Jorge Alessandri (UDI) y el concejal de la comuna, Santiago Mekis, anunciaron que interpondrán un recurso en Contraloría para que se investigue la denuncia de vecinos del sector, quienes grabaron a un camión de la Comuna de Santiago trasladando mobiliario municipal para una actividad organizada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores No + AFP.

El ente contralor respondió a la consulta del gobierno señalando que "no corresponde a esta Contraloría General acometer la interpretación del precepto constitucional que se ha requerido para suplir un supuesto vacío normativo, toda vez que ello implica incidir en la autonomía que el ordenamiento le reconoce a la Convención Constitucional, tal como se ha manifestado, al mismo solicitante”. El convencional, que fue electo por la ex Lista del Pueblo, dejó en septiembre sus funciones en el órgano constituyente tras reconocer que no padecía cáncer.

La entidad fiscalizadora se pronunció ante una solicitud de organizaciones de venezolanos residentes en Chile y la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes.

El ente fiscalizador concluyó que el procedimiento para la elaboración de los decretos que fijan los aranceles en carreras como Derecho y Pedagogía presentan falencias. Una de ellas es que agrupan carreras con estructuras de costos similares. Pese a este pronunciamiento, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, puso paños fríos y aseguró: "Este beneficio de gratuidad no se verá afectado”.

El organismo determinó que la Corporación Cultural de Recoleta, dependiente del municipio dirigido por el alcalde comunista, no ha rendido gastos que ascienden a más de $ 2 mil millones en los últimos años y cuestionó la donación que la empresa Itelecom -investigada por corrupción- hizo al festival Womad. En otra indagatoria, se detectaron graves irregularidades en la licitación por cámaras para Carabineros, cuya compra fue visada por la exsubsecretaria de Prevención del Delito. Ambos casos fueron enviados al Ministerio Público para que se indaguen los antecedentes.