Por otro lado, el ministro de Hacienda, destacó la cifra de desempleo que entregó esta mañana el INE y dijo que "son cifras positivas. Son avances que hay que valorar".
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Los convencionales de la instancia votaron a favor de que la eventual nueva Constitución sea reformada por 4/7 de los parlamentarios. Cuando se quieran cambiar los contenidos de cuatro capítulos -sistema político, forma de Estado, principios y derechos fundamentales y reforma y reemplazo de la Constitución- se necesitarán de 4/7 y además de un referéndum ratificatorio. La única forma de evitar esto último, es aprobando la reforma por un quórum de 2/3. Además se amarró que la elaboración de una nueva Carta Magna deberá hacerse a través de una asamblea constituyente.
A juicio del vicepresidente de la Convención Constitucional, "los poderes constituidos" pueden presentar sugerencias sobre "cómo transitar de lo actual y a lo nuevo”. Mientras que la presidenta de la testera del órgano, María Elisa Quinteros, expresó que aquellas propuestas deben ser “siempre respetando la autonomía y los conductos regulares que tenemos en la Convención".
Aunque aún no empiezan su trabajo, los convencionales que formarán parte de la comisión de normas transitorias de la Convención, ya adelantan algunas definiciones. Por ejemplo, existe consenso entre la mayoría de que la reelección para el Presidente de la República debe aplicarse a partir del próximo periodo, aunque no hay claridad sobre si respetar los ochos años de los senadores que fueron elegidos el año pasado.
Aunque la mayoría transmitió estar conforme, nadie celebró el consenso alcanzado el lunes en la noche entre algunos convencionales de la comisión, el que establece, entre otras materias, nuevas atribuciones para la Cámara de las Regiones que reemplazaría al Senado. La imposibilidad de asegurar los votos necesarios en el pleno y la disconformidad con algunos artículos fueron parte de los análisis que hicieron los convencionales tras alcanzar el acuerdo.
Este organismo será el sucesor del actual Tribunal Constitucional, pero con atribuciones más limitadas y acotadas. El modelo propuesto por los convencionales al pleno mantiene el diseño de una justicia constitucional especializada y separada del futuro Sistema Nacional de Justicia. Los artículos pasarán al plenario en búsqueda de los 2/3 para ser despachados al borrador de la nueva Constitución.
En un discurso con comunidades mapuche, Raúl Allard destacó la importancia de la nueva Constitución para la zona. Henry Leal (UDI), diputado por región, aseguró que “el Gobierno tiene la obligación y el deber moral de exigirle la renuncia al delegado presidencial".
El pleno optó por un camino que dejará en manos de la ley las competencias de estas instancias. Esa nueva legislación se realizará mediante un "procedimiento oportuno, eficiente y transparente para la constitución" de estos nuevos espacios de los pueblos originarios. Todo esto "deberá iniciarse a requerimiento de los pueblos y naciones indígenas interesados a través de sus autoridades representativas".
El oficialismo abordó en el consejo ampliado que se desarrolló en La Moneda su rol en las etapas venideras de cara al proceso constituyente. En una minuta elaborada por la Segpres, el gobierno propuso colaborar en el establecimiento de los plazos y mecanismos de transición al nuevo orden y adelantó el despliegue de los ministros en regiones para informar sobre el plebiscito del 4 de septiembre. "El gobierno tiene el deber de garantizar a ambas posiciones, tanto la del Apruebo como la del Rechazo", dijo el Presidente Boric tras la cita, aunque recalcó que sus ministros podrán manifestar su posición fuera de las labores de su cargo.
El integrante de la Coordinadora Plurinacional, uno de los cuatro colectivos que no suscribieron ayer al consenso alcanzado, advierte que no deben dar por sentados sus votos y reafirma que los otros colectivos deben abrirse a incorporar listas de independientes para que puedan competir en la Cámara de las Regiones. “El primer portazo a la idea de abrirse a formas de representación regional fue del PC, que tiene una lógica centralista de cómo entender y gestar la política”, acusa.
"La institucionalidad que sea aprobada para el Ministerio Público en el proceso constituyente no puede responder a criterios ideológicos circunstanciales o criterios de ninguna naturaleza que no sean aquellos que provengan de las más absoluta objetividad e imparcialidad”, advirtió el fiscal nacional.
Entre otras cosas, se cambió el modo de elección del director nacional que liderará el organismo. Anteriormente el Presidente de la República tenía un rol protagónico en su designación, pero ahora esto queda en manos del Congreso, previa terna propuesta por el sistema de ADP. Por otro lado, también se aprobaron leves modificaciones a la Agencia Nacional del Consumidor.
Nuevamente al limite del plazo, la comisión que definirá la estructura del Legislativo y el Ejecutivo en la propuesta de nueva Constitución presentó un conjunto de indicaciones. Esta vez, sin embargo, cuatro colectivos optaron por no adherir. De esta manera, los firmantes tendrán que hacer un esfuerzo adicional para conseguir los dos tercios en el pleno. La propuesta alcanzada resolvió uno de los principales nudos que tensionó a la comisión durante los últimos días, al zanjar que la Cámara de las Regiones que reemplazaría al Senado tendría la facultad de revisar tres derechos sociales.
La comisión acogió varias sugerencias del BC, pero no todas. Entre los cambios que sí se incorporaron se define que será el Presidente de la República quien designará al presidente del instituto emisor de entre los integrantes del Consejo. Eso sí, se mantuvo que los consejeros serán designados por el Parlamento. En tanto, se subió desde un tercio a la mayoría del Congreso el mínimo requerido para pedir la remoción de los consejeros.
Desde distintos sectores reconocen que en materia de expropiación hubo un avance en lo que se aprobó, aunque aún hay quienes tienen algunos reparos, sobre todo porque se establece un "justo precio del bien expropiado", en vez de una indemnización "por el daño patrimonial efectivamente causado". Sin embargo, las mayores críticas persisten en propiedad indígena.
