El jueves será la votación en general y el viernes se delibera en particular sobre dos bloques que despachó la comisión de Derechos Fundamentales en su primer informe que llega al pleno. Entre otras cosas, se incluye el articulado sobre la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas.
No debería sorprender a nadie que entre las noticias que nos llegan desde la Convención se repitan ideas que parecen mal formuladas, con excesos de adjetivos, con implicancias mutuamente contradictorias entre dos o más artículos o que, definitivamente, parecen tener consecuencias que no han sido debidamente ponderadas.
Se aprobaron varias normas de este tipo: en algunos casos se ponen condiciones, en otros casos no, y algunas de ellas proponen traspasarlas a pueblos originarios. También se aprobó prohibir los monocultivos. Por otro lado, se aprobó la nulidad de concesiones de algunos proyectos económicos que estén en territorios indígenas y que hayan sido aprobados sin su consentimiento "previo, libre e informado".
La aprobación de mayores atribuciones para el Consejo Rerritorial -órgano que reemplazaría al Senado- provocó una fuerte división entre el Frente Amplio, el PC y la centroizquierda, los que han votado sistemáticamente por otorgarle más facultades. Según argumentan sus convencionales, estas indicaciones -que han aprobado junto a Independientes No Neutrales, la DC y la centroderecha- han desvirtuado el acuerdo al que llegaron para estructurar el Poder Legislativo. Con ello, ninguna fórmula alcanzaría el quórum de 2/3, de llegar al pleno.
Tanto la creación e integración del "Consejo de Justicia" -un nuevo organismo que tendría como objetivo el nombramiento de distintos jueces- causó un arduo debate entre los constituyentes de la instancia de Sistemas de Justicia. Desde la derecha manifestaron su postura en contra respecto a que este nuevo órgano esté compuesto por seis personas designadas por el Congreso y seis jueces. Asimismo, la comisión visó una norma transitoria que eliminaría la justicia militar hasta que "concluya la tramitación de las causas vigentes".
El proyecto fue visado por 119 votos a favor y 3 en contra. Al no ser objeto de indicaciones, quedó aprobado en particular por la misma votación. La iniciativa no contempla mecanismo de reemplazo para convencionales que dimitan cuando sean independientes.
Es entendible que se haya decidido que la Cámara Territorial sea sometida a elección popular directa. Es coherente con el objetivo de profundizar el proceso de democratización y evitar cualquier analogía con la herencia autoritaria de los senadores designados. Sin embargo, es preciso cobrar consciencia de la importancia que tiene tener una segunda cámara dotada de legitimidad popular. La creación de instancias representativas electas tiene sentido si tienen una influencia real y tangible en la adopción de decisiones colectivas.
De acuerdo a un informe de Hermann Consultores, de ese total, 11 minas están en manos de compañías privadas, le siguen propiedades mixtas entre privados y firmas estatales con cinco, y luego los yacimientos de sólo propiedad estatal, que corresponden a cuatro.
Las palabras del secretario de Estados e dieron tras un desayuno de despedida con la Mesa Directiva del órgano liderado por María Elisa Quinteros. En ese sentido el titular de la cartera valoró el trabajo realizado por la presidenta y el vicepresidente Gaspar Domínguez: "Ellos se la han jugado por algo muy importante, que es ponerle fecha y tiempo a las cosas (...) yo quisiera valorar que se la han jugado para que esto termine en los tiempos para los cuales fue concebida la Convención”.
El vocero de gobierno planteó que está convencido "que necesitamos un pacto social” al interior del órgano constituyente, en el marco de las "señales de ciertos aspectos que no quieren incorporar a algunos". En esa línea, apuntó a que la futura administración de Gabriel Boric "al tener mayoría, pueden dirigir varios ámbitos que permitan que haya una Constitución que nos involucre a todos".
El diplomático aborda las sugerencias que como Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entregarán a los constituyentes. En ese sentido, explica, no es necesario que todos los derechos fundamentales estén al detalle en la nueva Carta Magna, ya que muchos de ellos pueden garantizarse a través de leyes penales. Respecto al debate sobre negacionismo, advierte: "Es importante hacer frente al discurso de odio, pero tal vez no es un tema que se pueda resolver, según nuestra perspectiva, en una Constitución".
La encuestadora también preguntó si el nuevo texto constitucional será capaz de generar los cambios que el país necesita, donde un 43% cree que no lo hará y un 56% se mostró esperanzado. La medición también incluyó al gobierno de Sebastián Piñera, quien a días de terminar su mandado concentra un 71% que desaprueba la conducción del mandato, mientras que el respaldo alcanzó un 24%, un punto más que en la medición anterior.
La presidenta de la Convención Constitucional también señaló sobre el rechazo del Senado a la posibilidad de reemplazo de los convencionales, por el caso de Rodrigo Rojas Vade, que "hemos trabajado los 154 así que su ausencia no hace mucha diferencia, pero claramente hay ahí un tema de legitimidad democrática que es importante, quien llena ese espacio de los electores de este convencional, sin embargo seguiremos trabajando como lo hemos hecho los 154″.
Abogada e historiadora, la académica de la Universidad de Chile aborda el orden jurídico que se va dibujando en la Convención Constitucional.
El ensayista norteamericano habla del debate en torno a la libertad de opinión y la idea de prohibir el negacionismo sobre las violaciones a los derechos humanos, como se propuso en la Convención Constitucional. Contrario a la censura, ve en ello “un gran riesgo social”.
