"Cuando supo de los convenios no dimensionó los efectos políticos que esto iba a provocar”, señaló el jurista Gonzalo Medina.
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El ministro Álvaro Elizalde fue consultado por la declaración del secretario ejecutivo de RD en el marco de la investigación de la Fiscalía de Antofagasta, quien aseguró que se le segurió a Juan Ignacio Latorre advertirle al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, sobre el caso Democracia Viva antes de que estallara. El titular Segpres fue tajante en descartar que dicha advertencia se haya concretado.
Edson Dettoni declaró el 11 de agosto ante el Ministerio Público, donde entregó una serie de antecedentes -entre ellos, WhatsApp-, en que reveló que la diputada sabía de la entrega de recursos fiscales a la ONG que representaba su pareja, Daniel Andrade. Asimismo, apunta a que antes de que se conociera el caso, se le sugirió al senador Juan Ignacio Latorre advertirle al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, de la información disponible hasta entonces. Sin embargo, desde La Moneda descartaron que este encuentro se haya producido.
En la que calificó como una de sus “entrevistas más personales”, la ministra vocera de gobierno se refirió a las repercusiones que generaron en el Ejecutivo los líos de platas políticas. Además, explicó cómo ha afrontado su exposición pública desde que asumió como dirigenta estudiantil en 2011, asegurando que el feminismo la "ayudó mucho" a desprenderse "de las culpas".
“Se ha levantado un manto de dudadas respecto a cómo todos los gobiernos regionales habrían creado una supuesta forma de usar recursos del fisco para beneficiar a algunas fundaciones y también se ha cometido un daño público a muchas fundaciones", señaló Ricardo Díaz Cortés.
De acuerdo con antecedentes contenidos en la carpeta del caso, la profesional ejercía como mano derecha del otrora seremi de Vivienda Carlos Contreras y habría tenido directa injerencia en la selección de las fundaciones que firmaron millonarios convenios con el organismo.
La PDI vincula a la legisladora con un posible tráfico de influencias.
El Gobierno Regional terminó el contrato que mantenía con la institución liderada por el psiquiatra Alberto Larraín y exige la restitución de $373 millones, debido a que se constataron retrasos significativos en la ejecución del proyecto.
La defensa de Polizzi solicitó que se fijara un plazo de investigación desformalizada, el que se determinó en un año.
Desde el Ministerio liderado por Carlos Montes informaron que la determinación se funda en que la ONG incumplió una serie de disposiciones. Entre ellas, aseguran, no había entrega de productos y no realizaron las rendiciones que correspondía. Ahora, EnRed tiene cinco días para presentar los recursos que estime pertinentes.
El subsecretario Jaime Gajardo Falcón explicó que solicitaron la disolución de la institución representada por Daniel Andrade (exRD) porque se consideró "que eran de tal entidad los incumplimientos estatutarios, de funcionamiento y además también de la ley que ameritaba pedir inmediatamente" una medida de esa naturaleza, que deberá ser presentada por el CDE ante tribunales civiles.
La subsecretaría del ramo busca que el organismo que encabeza Raúl Letelier persiga ante los tribunales civiles la disolución de la entidad presidida por Daniel Andrade (exRD), tras los antecedentes de eventuales delitos de corrupción que la fundación habría protagonizado en Antofagasta. El ministro Luis Cordero precisó que se constató que "existen graves incumplimientos a la ley" y abordó lo que será la "doctrina" para este tipo de casos.
En paralelo al proceso judicial que busca recuperar los $91 millones que Democracia Viva aún no devuelve de los convenios firmados con el Minvu de Antofagasta, el ex militante de RD ha debido enfrentar también el cobro en tribunales de $4.2 millones que le debe a la casa de estudios. La deuda tiene su origen en un pagaré que Andrade firmó en 2021 para financiar parte de sus estudios y del que no ha pagado ninguna cuota, pese a que en 2022 y 2023 tuvo trabajo en tres reparticiones públicas.
"Incurre en la complejidad de querer hacer aplicables reglas que están destinadas a normar el actuar de los organismos del Estado a este tipo de instituciones privadas”, plantea el máximo tribunal.
Las declaraciones de la exautoridad ocurren a una semana de la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, que lo sindica como autor del delito de fraude al Fisco.
