"Incurre en la complejidad de querer hacer aplicables reglas que están destinadas a normar el actuar de los organismos del Estado a este tipo de instituciones privadas”, plantea el máximo tribunal.
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Las declaraciones de la exautoridad ocurren a una semana de la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, que lo sindica como autor del delito de fraude al Fisco.
A partir del análisis que hizo Contraloría en el organismo dependiente del Minvu, se detectó que hubo una evidente falta de control y monitoreo en la ejecución de los contratos que, por ejemplo, suscribieron con Democracia Viva, Movimiento Fibra, ProCultura, TomArte, Urbanismo Social, Espacio Lúdico y Techo para Chile. Además, al 30 de junio, respecto a 68 convenios vigentes, se habían presentado rendiciones por un total de $500.854.319 sin ser revisadas.
Según se ha podido establecer hasta el momento, el Ministerio Público pesquisa los traspasos que realizó la gobernación a la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones, a la Fundación Coneta Tea y Fundación Valcar.
La semana pasada, la agrupación fundada por el psiquiatra Alberto Larraín interpuso un recurso de protección en contra del Gobierno Regional de Aysén en la Corte de Apelaciones de Coyhaique por el freno en la entrega de fondos por $1.673 millones y una demanda en contra de la Dirección Regional de Arquitectura del Biobío en el Tribunal de Contratación Pública. La gobernadora de Aysén respondió que “no vamos a firmar un convenio con la fundación ProCultura, mientras existan procedimientos legales vigentes que involucren a dichas fundaciones”.
Para los abogados especialistas en la materia, si bien aún quedan posibilidades administrativas, una de las maneras es devolver los recursos luego de un juicio civil que podría tardar años. Sin embargo, si las organizaciones no cuentan con un patrimonio, aquello abre una nueva arista.
"No queremos que la corrupción se nos cole dentro del estado, porque ese es un virus muy difícil de exterminar y vamos a ser firmes y categóricos contra ella", apuntó el Presidente.
Diligencia duró cerca de 24 minutos.
El titular de Vivienda recalcó, además, que “lo que importa es que quienes cometieron actos irregulares y cayeron en corrupción, respondan al país”.
En la auditoría a la Seremi y el Serviu de Antofagasta, Contraloría detectó que 15 personas recibían sueldo de siete ONG, entre ellas Democracia Viva, aunque trabajan en oficinas de gobierno. Dos de estas trabajadoras serían contratadas recién el 1 de agosto como empleadas públicas.
Una de las irregularidades detectadas por Contraloría en la auditoría a la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta, dice relación con la contratación de 15 personas -al menos dos militantes de RD- que también formaban parte de ONG, como Democracia Viva, ProCultura, Asociación Campamento de Ideas, Corporación Espacio Lúdico, Un Techo para Chile, Movimiento Fibra y Fundación para la Superación de la Pobreza. Además, ya estallado el caso, las oficinas regionales del Ministerio de Vivienda contrataron a dos de estas funcionarias, recién el 1 de agosto.
"Es el momento en que el ministro dé un paso al costado”, dijo Eric Aedo (DC). Lo mismo planteó Yovana Ahumada (legisladora independiente), mientras que José Miguel Castro (RN), quien preside la comisión investigadora por los convenios con ciertas fundaciones, dijo que “es un nuevo terremoto para el Minvu". En la Cámara, además, existe malestar de que el ministro haya pedido una sesión secreta para aportar antecedentes.
En el documento, donde se revisaron todos los convenios entre los años 2020 y 2023, se acreditó la “falta a la probidad” por parte de exseremi de Vivienda Carlos Contreras y se dio a conocer que dividió montos de convenios para evitar el control del ente fiscalizador. Además, Jorge Bermúdez señaló que pronto se podría presentar otro informe de auditoría, correspondiente a fundaciones de Puerto Montt.
El organismo evacuó el informe final de la auditoria que hizo en el Servicio Regional Ministerial de Vivienda por las millonarias transferencias a la ONG representada por el ex RD Daniel Andrade. En 91 páginas se detectan una serie de irregularidades -ya enviadas a la Fiscalía-, entre las cuales destaca la contratación de 12 personas en la repartición de gobierno, pero que también prestaban servicios en organismos privados sin fines de lucro, y la falta de control a nivel central por parte del Ministerio de Vivienda. Se dio un plazo de 30 días para subsanar las observaciones.
El Consejo de Defensa del Estado interpuso una acción en sede civil en contra de la ONG representada por el exmilitante RD, Daniel Andrade. "No dio cabal y oportuno cumplimiento a las obligaciones que asumióen cada convenio", se lee en el escrito.
