Fue de los primeros PS de tonelaje político en cruzar la línea y fichar como ministro de la administración Boric. Hoy a la cabeza del Minvu vive uno de sus peores momentos desde que estalló el caso de los líos de platas en junio. El respiro se lo dieron el propio Presidente y también los parlamentarios del PS, que incluso están dispuestos a llegar a un punto de quiebre con el gobierno en defensa de una de sus principales figuras.
El controlador del factoring Factop y la corredora de bolsa STF es indagado por el presunto pago de coimas.
La asistencia del jefe de asesores de la Presidencia a la Cámara de Diputados planteó un nuevo dilema para el gobierno. No sólo porque mantiene abierta la incógnita de cuándo el caso llegó al corazón del gobierno y, en específico, al Presidente Boric. A principios de junio, cuando Crispi aseguró enterarse por un “rumor”, el Ejecutivo ya manejaba mucha información al respecto.
Al igual que en las Seremis de Vivienda, el organismo liderado por Jorge Bermúdez detectó una serie de irregularidades en la entrega de fondos públicos desde los Gobiernos Regionales (GORE) a organizaciones privadas. Entre las situaciones más graves detectadas está la falta de un procedimiento para la selección de las entidades, carencia de análisis de las competencias de dichas fundaciones, no se exige el cumplimiento del trabajo y, lo que es peor, la autoridad no sigue "la ruta del dinero" ni exige la rendición de cuentas de millonarias transferencias. Se sospecha de corrupción principalmente por el hallazgo de personas vinculadas a las entidades receptoras del dinero con funcionarios de la repartición pública que se los entrega por trato directo.
Nicanor Boluarte será indagado por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias en operaciones por 4,9 millones de dólares en obras públicas en el distrito de Nanchoc, que solo cuenta con 1.400 habitantes.
A casi diez meses de asumir como el cuarto fiscal nacional de la historia Ángel Valencia hace un crítico diagnóstico de la administración que recibió y que calificó de “estancada”. Es más, advierte que cuando asumió como máxima autoridad del Ministerio Público se dio cuenta que no había información de dónde se estaban cometiendo los crímenes, quiénes los estaban ejecutando, de qué forma y a qué personas se les estaba matando. “No teníamos números confiables”, asegura. Respecto a casos de falta a la probidad en Chile teoriza: “la corrupción es como las cucarachas: están en todos lados, algunas no se ven porque están escondidas y a veces están a simple vista porque están desatadas”.
El fiscal regional de la zona Sur, Héctor Barros, junto a Milibor Bugueño, solicitaron al 7° Juzgado de Garantía de Santiago audiencia para imputar a la excandidata a GORE de la RM y el Senado, además de otros exdirigentes que fueron expulsados del Partido Comunes. A dos años de iniciada la indagatoria se logró acreditar una serie de inconsistencias en la rendición de gastos, triangulaciones de dinero, emisión de boletas ideológicamente falsas y el plagio de informes para luego obtener de forma fraudulenta millonarios reembolsos del Servel.
El aumento de los internos "peligrosos" en las cárceles es un fenómeno que mantiene en alerta al abogado comunista. Según sus registros, hay 600 personas privadas de libertad vinculadas al crimen organizado; por lo mismo, releva que se han tomado medidas. Entre ellas, la inhibición de señal de celulares que operará en tres cárceles de Santiago.
Según admitió la compañía, entre 2009 y 2017 agentes pagaron sobornos en Vietnam, Indonesia e India para obtener y retener negocios de catalizadores químicos con refinerías de petróleo, uno de sus tres segmentos de negocios, además del litio (que extrae desde Chile) y el bromo. La compañía había revelado posibles “pagos indebidos” en 2018 y en su reporte anual de 2022, afirmó que había iniciado las conversaciones para resolver las investigaciones.
En cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric anunció el proyecto para el erario fiscal del próximo año, iniciativa que está cruzada por los líos de plata que sacudieron al oficialismo.
La oficina a cargo de investigar delitos cibernéticos registró la vivienda de Big Joke este lunes, con el fin de hallar pruebas por un presunto soborno de 3,6 millones de euros.
La recta final del caso se dará cuando esta semana culmine la preparación del juicio oral que se lleva adelante desde marzo en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago y traerá aparejada la reaparición de una decena de exparlamentarios y de exministros de Sebastián Piñera.
La Fiscalía de Manhattan lo acusó junto a su esposa de aceptar miles de dólares en sobornos a cambio de usar el poder y la influencia de Menéndez, de 69 años, como senador para proteger y enriquecer a los empresarios y beneficiar al Gobierno de Egipto.
