Un caso que se inició con acusaciones de estafa por parte de un proveedor de mascarillas contra Achifarp dio un giro tras la revelación de que Jadue solicitó una donación fuera de contrato para el PC. Fiscalía y CDE entraron en etapa decisiva para imputar al edil.
El exsenador condenado en el marco del caso Corpesca por seis delitos de fraude al Fisco y dos de cohecho, salió en libertad condicional en mayo pasado, pero ha decidido regresar al recinto para visitar a quienes fueran sus compañeros. Quienes saben de esa práctica, sostienen que es un "acto de humanidad" y que, además, constituye una costumbre que también han realizado otros imputados que pasaron por ahí.
“Esta designación reafirma el compromiso de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción endémica en Panamá. La corrupción priva injustamente al pueblo de Panamá de servicios públicos de calidad como escuelas, hospitales y carreteras, perjudicando sus perspectivas económicas y su calidad de vida”, dijo el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, al anunciar la medida
Tras una pausa de meses en el debate sobre la polémica reforma luego de la presión por protestas sociales, el Parlamento retomó la discusión, y también lo hicieron las masivas manifestaciones. Según el diario Haaretz, desde que se presentó la iniciativa, el costo económico de la medida impulsada por Netanyahu llegaría a los US$ 40.600 millones.
Fiscales dejaron en evidencia una serie de situaciones de corrupción que afectarían al ahora encarcelado mandatario, a varios ministros de su gobierno, asesores y cercanos a su grupo familiar. Los hechos investigados comprometen todavía más la situación procesal del expresidente izquierdista y explicarían la hipótesis fiscal sobre la estructura de las redes que lo involucrarían.
Hasta ahora, la investigación tiene el carácter de desformalizada y estará radicada en la Unidad de Análisis Criminal del Ministerio Público en la zona. Con este nueve caso, ahora son nueve las regiones donde se registran pesquisas asociadas a traspasos de fondos entre el Estado y entidades privadas.
La representante de O'Higgins explica las enmiendas que impulsará para prohibir que las personas condenadas por delitos de corrupción puedan trabajar en los órganos del Estado. La abogada defiende la idea de buscar normas que se hagan cargo de los problemas de la contingencia. "El combate a la corrupción no es un asunto coyuntural, la transparencia y la probidad son principios básicos que tenemos que tener muy resguardados para las próximas décadas", afirma.
Ministerio Público indaga casos en las regiones de Antofagasta, Atacama, Maule, Biobío, Los Lagos y Araucanía.
El Jefe de Estado respondió cuándo se enteraron él y su gobierno del caso que hoy indaga el Ministerio Público. El Mandatario señaló que tuvo conocimiento del oficio fiscalizador impulsado por la diputada Yovana Ahumada (ex PDG), fechado el 7 de junio, es decir, nueve días antes de que explotara el escándalo en el medio Timeline. Sus palabras generaron confusión a tal punto que el ministro de Justicia, Luis Cordero, tuvo que aclarar sus dichos.
El Jefe de Estado respondió hoy sobre cuándo se enteró él y su gobierno del caso que hoy indaga el Ministerio Público. El Mandatario señaló que tuvo conocimiento del oficio fiscalizador impulsado por la diputada Yovana Ahumada (exPDG), fechado el 7 de junio, es decir, nueve días antes de que explotara el escándalo en el medio Timeline. Eso sí, recalca que entendió que había irregularidades "alrededor" de la fecha de esa publicación, momento en que instruyó "entregar toda la información".
La bancada ingresará una enmienda con el objetivo de endurecer las sanciones para quienes cometen este tipo de delitos. Para eso, diseñarán una inhabilidad especial que esperan pueda ser incorporada en la propuesta de nueva Constitución que será redactada por el Consejo.
El actual titular de Vivienda y Urbanismo señaló en el Senado que "todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior", en referencia a que los convenios entre su cartera y las fundaciones privadas -que hoy están en entredicho- son resorte de las decisiones tomadas durante la administración de Sebastián Piñera.
El timonel gremialista abordó la creación del equipo de expertos que tendrá por objetivo analizar la relación de las instituciones sin fines de lucro con el Estado en cuanto a la entrega de fondos, y que surge en medio de la crisis que afecta al oficialismo por supuestas irregularidades en convenios entre fundaciones y ministerios.
Ha tenido que enfrentar el abandono de sus pares de la bancada de diputados, de alcaldes y del propio timonel de su partido, Juan Ignacio Latorre, quienes públicamente le quitaron el respaldo tras el destape del lío de platas que involucra a su expareja y a su exjefe de gabinete. De a poco, Pérez, quien se ha rodeado de sus más cercanos, intenta retomar su agenda parlamentaria.
