El expresidente también aseguró que "durante este gobierno se hicieron cambios en las normas de probidad y transparencia que las debilitaron, las relajaron”.
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La instancia -según confirmó el presidente de la corporación, Ricardo Cifuentes (DC)- comenzará sus funciones a partir del miércoles.
Eugenio Campos detalló que hay hitos investigativos que son llamativos como los altos montos de los traspasos y “el giro comercial de las fundaciones versus el trabajo convenido”.
Ángel Valencia respondió a una pregunta sobre la situación del jefe comunal.
La organización es investigada tras recibir $ 1.200 millones para ejecutar un programa de saneamiento de la tenencia irregular de terrenos en la región. El Gore puso término anticipado al convenio y la Fiscalía ya allanó sus oficinas, entre otras diligencias. No obstante, desde Kimün señalan no tener plata para hacer la devolución de los recursos, pues parte de ellos habrían sido traspasados a dos establecimientos de educación superior. Esta es la trama.
Son 18 las ONG que el ministerio liderado por Luis Cordero está investigando. Entre las organizaciones que están bajo "fiscalización vigente” se cuenta a Democracia Viva, ProCultura, Urbanismo Social, Arquiduc, Enlace Urbano, Fibra, entre otras. De acreditarse una irregularidad en su constitución, arriesgan su total disolución.
El senador y presidente de Revolución Democrática (RD) se sumó a los dichos del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien endureció el tono hacia las organizaciones sin fines de lucro, esto luego que la Contraloría declarara ilegales convenios por $13 mil millones.
Desde la bancada de diputados buscan responsabilizar al ministro por las faltas administrativas de las unidades dependientes del Ministerio de Vivienda. Dependiendo de lo que diga el órgano contralor, los diputados podrían impulsar un libelo.
"Esa es, por si acaso, la idea detrás de los estados de bienestar que han construido muchos países desarrollados. Son sistemas para corregir las dinámicas del capitalismo, que no tienen por objeto generar clientes sino ciudadanos libres que puedan desarrollar en forma autónoma sus proyectos de vida y contribuir al desarrollo de sus países".
El periodista que lideró la Secom del primer gobierno de Michelle Bachelet, forma parte de un equipo que se ha encargado de monitorear las controversias derivadas de los cuestionados convenios que indaga el Ministerio Público y que complican al gobierno. En Palacio dicen que su estilo ya empieza a notarse.
El organismo ingresó un recurso al primer Juzgado Civil de Antofagasta para hacer efectiva la medida precautoria -que fue acogida por el tribunal-, ya que consideran que existe un "riesgo evidente de que no cumpla con la obligación de restituir la cuantiosa suma debida al Fisco de Chile".
Las acciones se realizaron a través de una organización criminal denominada “Columbia”, la cual funcionaba a través de tres subagrupaciones. El fraude está cercano a los 2 mil millones de pesos.
El Parlamento israelí ratificó el primer proyecto de ley de una reforma judicial solicitada por el primer ministro, después de que fracasaron los esfuerzos de última hora para un consenso.
Estableciendo cuatro medidas basadas en la actual regulación, el organismo dirigido por Jorge Bermúdez sostiene en su dictamen que "ha estimado necesario emitir un pronunciamiento respecto de diversas medidas tendientes a disminuir los riesgos de corrupción en los procesos de compras públicas de bienes y servicios". Entre la legislación citada, está aquella que impide los contratos con empresas ligadas a familiares. Todo esto, en medio del escándalo iniciado con la Fundación Democracia Viva en Antofagasta.
El organismo fiscalizador, dirigido por Jorge Bermúdez, entró en la fase final del sumario abierto tras detectarse -en noviembre del año pasado- una serie de falencias en más de $ 600 millones traspasados desde municipios a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). En medio de ese escenario, y en completa reserva, el jefe comunal de Recoleta fue notificado de una serie de infracciones levantadas en su contra y ante las cuales deberá hacer sus descargos. El futuro de la autoridad edilicia, una vez finalice la indagatoria administrativa, quedará en manos del concejo que deberá analizar lo indagado por Contraloría, que apunta al rol del militante comunista y su círculo de hierro en infracciones al principio de probidad.
