Tribunal redujo las medidas precautorias de varios implicados. El expresidente de la empresa portuaria, Eduardo Hartwig, permanecerá con arresto domiciliario nocturno, lo mismo que el alcalde de Coronel, Boris Chamorro.
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La autoridad, que resultó reelecta en el cargo con más del 52% de las preferencias, enfrenta una investigación por corrupción, cohecho y administración desleal, por el caso del Puerto de Coronel.
El exmandatario francés deberá llevar un brazalete de vigilancia electrónica en lugar de ingresar en prisión durante el último año de condena.
Fiscalía investiga a Chamorro por presunto cohecho, indicando que habría recibido $82 millones a través de 21 pagos por parte de la empresa portuaria.
Los resultados superan a los de 2022, donde el 62,14% tenía esta apercepción. Sin embargo, presentan una baja respecto a 2020, donde un 77,00% pensaba que el país era corrupto.
“Llevo ocho años esperando este momento para decir la verdad”, declaró el primer ministro israelí ante el tribunal.
El tema fue abordado en un seminario con un panel integrado por Silvia Fernández de BlackRock, la historiadora Magdalena Berbilhaa, y Axel Kaiser. Todo esto organizado por la empresa de asesoría de inversiones para clientes de alto patrimonio, Noosa Capital. Lo curioso fue el tema y la mezcla de invitados. Por una parte el mundo financiero, por otra; la academia y la política. Pero lo llamativo también fue la conclusión: vienen tiempos mejores, pero también tiempos más volátiles. Para hablar de este tema, tenemos de invitado al organizador del encuentro: Sebastián Vives, socio y gerente de inversiones de Noosa Capital.
La reformalización del exalcalde de Recoleta también incluye a otros siete imputados en el marco de la indagatoria que lleva a cabo la Fiscalía Regional Centro Norte.
El fallo de la Cámara de Casación, similar a la Corte de Apelaciones de Chile, confirmó la sentencia impuesta en diciembre de 2022 en el marco del caso Vialidad. Sin embargo, la expresidenta no irá a prisión mientras la Corte Suprema no corrobore la decisión judicial, lo que podría tardar meses y, aún así, calificaría para pena domiciliaria.
El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite un recurso presentado por la defensa del recién reelecto gobernador del Ñuble, Óscar Crisóstomo, para quien la Fiscalía solicitó el desafuero por presuntos hechos de corrupción ocurridos el 2019. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Chillán rechazó la solicitud, la que fue apelada por el Ministerio Público ante la Corte Suprema, pero que ahora fue detenido por el TC.
La funcionaria inició su labor haciendo un llamado al personal de Contraloría a redoblar su trabajo y destacó la misión del ente fiscalizador en pos de la probidad.
