Ya se han ingresado casi 300 mil recursos de protección entre enero y mayo de este año, lo que implica un alza de 234% versus igual periodo del año anterior, según cifras dadas a conocer por la Corte Suprema a senadores. Además, solo a mayo de este año ya se superó el total de recursos de protección contra isapres que hubo en 2020, así como el global ingresado en 2021. La Corte de Apelaciones de Valparaíso concentra más de un tercio de las causas del país.
El año pasado, el senador Manuel José Ossandón presentó una querella en contra de Martín Lecaros, luego de que este acusara que un vehículo del senador participó en la destrucción de sus carteles durante la campaña. Sin embargo, tanto el Juzgado de Garantía de Puente Alto como la Corte de Apelaciones de San Miguel desestimó que existió el delito de injuria grave como acusaba el senador de Renovación Nacional.
El exsacerdote de la Vicaría de la Solidaridad busca salir de la mira de la justicia, luego de cuatro años de investigación. Entre los argumentos que entregó su defensa en los alegatos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, se sostiene que en la investigación no existen elementos de prueba que lo vinculen a los ilícitos imputados, además de no haber formado parte de esa orden religiosa.
El tribunal de alzada de Santiago acogió la recusación presentada por el defensor Samuel Donoso, quien acusó al magistrado de no abstenerse de emitir un pronunciamiento de una causa que involucra al ex Mandatario. El magistrado descarta que haya efectuado un dictamen previo, pero no lo logró acreditar ante sus superiores quienes lo marginaron de conocer o adoptar decisiones de una causa caratulada como "torturas".
La acción presentada por la Fiscalía Regional entregó como argumento que lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual Chile y Holanda se encuentran adscritos, constituye la base jurídica para la cooperación en materia de extradición entre ambos países.
El tribunal de alzada acogió un recurso de apelación ante el primer fallo de la comisión que evalúa el otorgamiento del beneficio, la cual rechazó el requerimiento del ciudadano argentino. Jone Huala fue condenado en 2018 por los delitos de incendio y porte de munición, tras un atentado en el fundo Pisu Pisué.
La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió dos órdenes de no innovar, lo que, según el Ministerio de Minería, “no significa la cancelación definitiva de la licitación en curso”. El coordinador político de Boric, Giorgio Jackson, dijo que “se analizará” el caso. En paralelo, el gobierno dio a conocer una minuta del equipo del presidente electo que explicitaba los puntos que el gobierno consideró al momento de adjudicar la licitación.
De forma unánime el tribunal de alzada capitalino le cerró la puerta al intento judicial de una abogada particular de Concepción en favor del candidato de Apruebo Dignidad. Fuentes judiciales señalaron que el pleno del tribunal de alzada consideró que en el recurso de protección no se mencionaron hechos capaces de afectar los derechos fundamentales involucrados.
La fintech solicitó una orden de no innovar, porque dice que esta situación está poniendo en jaque su subsistencia. Allí apunta a que incluso si el fallo le diera la razón a Khipu, de no ocurrir un desbloqueo pronto, podría ser demasiado tarde.
Este jueves, a las 15 horas, los plenos de las cortes de Santiago y San Miguel se reunirán para escuchar a los nueve candidatos a ocupar el cargo que intempestivamente dejó hace unas semanas el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Los miembros del Poder Judicial elegirán una terna y de ahí el fiscal nacional, Jorge Abbott, deberá nominar a quien instruirá las investigaciones penales de esa zona por los próximos ocho años. Los últimos nombramientos han sido mujeres, en busca de un consejo paritario. ¿Se repetirá la fórmula?
El tribunal argumentó que lo que pidió Khipu en su recurso “exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso”. Sin embargo, la fintech tiene en mente reponer el recurso.
La mujer de iniciales Y.E.P.O., técnico en enfermería (43), fue formalizada por la fiscalía el 8 de julio por infringir el Artículo 318 del Código Penal, tras asistir al funeral de su padre sin la autorización del Ministerio de Salud el 5 de junio pasado, luego de haber llegado desde Miami, Estados Unidos, el día anterior. En su declaración en calidad de imputada ante la PDI, explicó que obtuvo un PCR negativo que le permitió salir de la residencia sanitaria a donde llegó después de aterrizar en Chile y que recién se enteró de que estaba contagiada con la variante delta de Covid-19 el 23 de junio pasado. Apuntó a las autoridades: “Quiero recalcar el mal manejo de las autoridades, del seremi del Maule y del alcalde en mi caso”.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) asumió la representación judicial de la CMF en esta causa, al igual como lo había hecho la semana pasada en el recurso de Bice. Allí dice que el oficio de la CMF se "dictó en el ejercicio del mandato que la Constitución ha dispuesto expresamente a la CMF y las atribuciones que la ley le otorga a la CMF".
En lo que va de 2021, el Ejecutivo ha devuelto a sus países a 321 extranjeros por ingresar ilegalmente a Chile. Las deportaciones masivas están en la mira de la justicia y ha suspendido algunas, declarándolas ilegales. Mientras, las cortes reforzaron horarios para revisar amparos y “salvaguardar derechos que emanan de la dignidad humana”.
Este domingo el tribunal de alzada capitalino se reunió excepcionalmente para ver la situación de una mujer que ingresó ilegalmente al país y el gobierno ordenó expulsarla. Es la primera vez que durante este año los jueces se reúnen un día inhábil para ver un caso migratorio. La razón de la inédita conformación de esta sala se debe a que se trata de una materia urgente para el Poder Judicial. Al interior del Palacio de Tribunales hay cierta molestia con el Ejecutivo, pues aseguran que los vuelos al exterior con extranjeros se hacen casi siempre los fines de semana, impidiendo en algunos casos el actuar diligente de la justicia.
