La defensa de Rozas (R) interpuso la acción por la negación del Séptimo Juzgado de Garantía de citar a una audiencia de cautelares, donde pretendía dar cuenta de la supuesta vulneración de derechos que afectaría al ex alto mando, ya que la investigación la llevaría "un fiscal inhábil".
El corte de energía afectó a dicha ciudad por casi 22 horas, lo que provocó también la suspensión del servicio de agua potable en varios sectores de la zona. Entre los efectos del corte hubo escasez de pan, inhabilitación de cajeros automáticos y semáforos, pérdida de materias primas en restaurantes y paralización de actividades industriales.
El tribunal de alzada falló a favor de los habitantes de dicha localidad, ubicada al sur de la ciudad puerto, quienes se abastecen principalmente a través de pozos y de la venta de agua no certificada. La corte exigió al municipio "adoptar todas las medidas necesarias" a fin de asegurarles el vital elemento.
La acción, que buscaba dejar sin efecto la aplicación de este examen obligatorio, había sido ingresada por las legisladoras Ana María Gazmuri (Acción Humanista), Marisela Santibáñez (PC) y las independientes-Frente Amplio, Lorena Fries, Marcela Riquelme y Clara Sagardía.
Juan Carlos Florido pide que se indague eventual prevaricación judicial por parte de los integrantes de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogieron el recurso de amparo presentado por Israel González Quezada, quien está imputado por el asesinato del policía. De acuerdo con lo expuesto en el libelo, los magistrados habrían otorgado la libertad condicional en medio de irregularidades, puesto que la comisión que analiza caso a caso había recomendado no conceder el beneficio.
Defensa de Freddy Jonathan Marileo Marileo había impugnado el fallo en primera instancia del Tribunal Oral de Angol, que sentenció al comunero mapuche a 15 años y un día de presidio por dos homicidios cometidos en 2019.
Tras una serie de reproches y luego de que la Asociación de Magistrados reclamara por lo "excesivo" del pronunciamiento, el ministro Mario Rojas determinó dejar sin efecto la comunicación. Desde la Corte Suprema, además, Ángela Vivanco indicó que lo determinado por el tribunal de alzada capitalino nunca derivó del pronunciamiento que hicieron el pasado 2 de agosto.
Los ministros que en su momento declararon inadmisible el recurso con el que el jefe comunal intentó insistir en el cierre definitivo de su proceso judicial, remitieron un informe que deberá ser analizado por la nueva sala que revisará el requerimiento de la defensa. En él, recalcan que se transgredieron normas al dictar el sobreseimiento, por lo que piden rechazar el amparo.
En una sesión extraordinaria, la Justicia terminó desestimando los alegatos de Juan Carlos Díaz, quien buscaba impedir que el duelo se disputara en la Séptima Región.
La entidad reconoció que el recurso de protección presentado contra Luis Thayer -que causó que el tribunal de alzada determinara su suspensión temporal por 10 días-estaba desistido, ya que la ciudadana cubana que lo presentó lo había retirado luego de que se resolviera la tramitación de su visa temporal.
Corte de Apelaciones de Santiago modificó las condenas de primera instancia de los implicados en los secuestros calificados de siete personas y los homicidios calificados de otras cinco.
La medida contra Luis Thayer, que se extiende por 10 días, fue adoptada luego de que el Servicio de Migraciones no respondiera dentro del plazo establecido un recurso de protección por la tramitación de una visa temporal. Desde el Servicio Nacional de Migraciones indicaron que “la medida señalada se encuentra pendiente de resolución por la Corte Suprema y que no se trata de una medida ejecutoriada".
En 2020 y tras una serie de críticas, el alcalde Jorge Sharp anuló el proceso con el que buscaba proveer de directores a 15 establecimientos de la comuna. Pero esa decisión nunca fue informada a los profesores seleccionados, y estos acudieron a la justicia por no poder impugnar la decisión del edil. El caso se judicializó y mientras no se resuelva, no se puede iniciar un nuevo proceso para seleccionar a los directivos.
Ya se han ingresado casi 300 mil recursos de protección entre enero y mayo de este año, lo que implica un alza de 234% versus igual periodo del año anterior, según cifras dadas a conocer por la Corte Suprema a senadores. Además, solo a mayo de este año ya se superó el total de recursos de protección contra isapres que hubo en 2020, así como el global ingresado en 2021. La Corte de Apelaciones de Valparaíso concentra más de un tercio de las causas del país.
El año pasado, el senador Manuel José Ossandón presentó una querella en contra de Martín Lecaros, luego de que este acusara que un vehículo del senador participó en la destrucción de sus carteles durante la campaña. Sin embargo, tanto el Juzgado de Garantía de Puente Alto como la Corte de Apelaciones de San Miguel desestimó que existió el delito de injuria grave como acusaba el senador de Renovación Nacional.
