La presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente, se refirió a la sugerencia planteada por un grupo de organizaciones que buscan reactivar la industria del espectáculo, y que propone un cruce de información entre las ticketeras y el Ministerio de Salud, y así establecer quiénes pueden concretar una compra de entradas.
"No veo por qué Gloria de la Fuente podría estar en el Consejo y esta persona no", dice la exministra de Defensa y expresidenta del CPLT hasta 2016.
La Comisión de Constitución optó por rechazar -3 a 2- la nominación al organismo de Natalia González Bañados, del centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD) y a Bernardo Navarrete Yáñez, docente de la Usach. Justamente el debate estuvo centrado en la abogada de LyD por el hecho de no querer renunciar al centro de estudios en caso de asumir en el consejo. Ahora la sala de la Cámara Alta se deberá pronunciar al respecto. Allí se requieren de los votos de 2/3 de los parlamentarios para ratificar a ambos nombres.
El expresidente del Consejo para la Transparencia habla por primera vez sobre las acusaciones en su contra durante su gestión en el organismo. Defiende que no hay conflicto de interés en su recalada inicial en Magliola Abogados, que vela por los intereses de Google frente a la Ley de Protección de Datos, y asegura que el informe emitido por la Contraloría despeja cualquier duda sobre su gestión. Ahora dice que evalúa postular a constituyente.
Se constató que exmiembros del Ejército y la Fach utilizan viviendas accediendo a cánones de arriendo institucionales contraviniendo reglamentos al respecto. Además se estableció el valor promedio de los arriendos a los que acceden los uniformados.
"Hoy más que nunca, cuando la ciudadanía diariamente se informa sobre iniciativas y resultados de la decisión de la autoridad, de una política pública que redunda en la vida de su entorno inmediato, la institucionalidad debe actuar con una sólida base de legitimidad que entrega la confianza".
El abogado de la UC estuvo a la cabeza del organismo entre octubre de 2017 y abril de 2019.
Organismo, cuyos integrantes son nombrados por el Jefe de Estado y -a excepción de su presidente- ratificados por el Senado, tendrá que fijar de forma transitoria las remuneraciones de esas mismas autoridades. Eso, sumado a sus vínculos políticos ha abierto un debate en torno a la independencia y autonomía que marcará la decisión.
El organismo también aseguró que es relevante reflexionar sobre los alcances de la ley vigente que rige la materia, ya que "la situación actual de control de la pandemia nos invita a repensar y fortalecer su alcance”.
Desde el Consejo para la Transparencia recordaron que el proyecto de ley de protección de datos personales no se ha discutido desde mayo de 2018, y los casos de vulneración de seguridad en bancos, enrolamiento biométrico y otros muestran la urgencia de normar en esta área.
La entidad liderada por Marcelo Drago instó a "no seguir avalando mecanismos de control insuficientes".
El 27 de diciembre, el Consejo Directivo del Consejo Para La Transparencia decidió iniciar un proceso contra la Subsecretaría del Interior, en atención a "una deficiente implementación de la Ley de Transparencia".
Para el presidente del organismo, Marcelo Drago, "es mucho más definitivo pensar en reformas legales que abran a la transparencia".
La decisión, como explicaron, se funda en que la PDI no acreditó que se encuentra impedida de recabar los datos consultados sobre extravío y robo de armas, desestimándose la alegación de inexistencia de dicha información.
