Desde que se inició el caso, a mediados de junio, desde el círculo de la diputada insistían en que no era sospechosa de ilegalidades y que su figura estaba sólo radicada en calidad de testigo. Sin embargo, a casi cinco meses del escándalo, a través de una petición al tribunal para acceder a sus teléfonos, los persecutores definieron su rótulo. Ahora, van por sus comunicaciones y contactos telefónicos.
Durante la primera jornada, el tribunal declaró legal su detención. "Ambos defraudaron al fisco y le provocaron un perjuicio ascendente a 426 millones de pesos”, expresó el fiscal Cristian Aguilar sobre los exmilitantes RD. Persecutor no descartó nuevas formalizaciones en el caso.
La policía elaboró un informe de 55 páginas en que analizó los teléfonos de algunos militantes del partido, llegando al chat de la directiva nacional de la época. Se detectó que Carlos Contreras eliminó mensajes con la encargada territorial de la diputada Catalina Pérez, que Daniel Andrade buscaba algún elemento "sospechoso" en su celular y que el senador Juan Ignacio Latorre pedía "defender" a Pérez y la subsecretaria Tatiana Rojas y "dejar caer" a Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda. Desde el 6 de junio -diez días antes del escándalo- ya se olía una crisis de proporciones.
Diputada explicó trazabilidad de los depósitos y dio su versión. "Son mis ahorros. Lo digo fuerte y claro: no he robado nada ni he recibido beneficio alguno de esos convenios", aseguró.
El documento tributario emitido por la ONG al partido oficialista evidenció que la organización no contaba con experiencia en trabajos realizados en campamentos, ya que era la primera factura que emitía Democracia Viva. Pese a que tanto Daniel Andrade como Carlos Contreras le habían asegurado a su partido que la fundación era idónea para la realización de focos group que luego serían rendidos ante el Servel, la propia directiva -al estallar el caso- se dio cuenta de que los militantes le habían mentido.
Tras conocerse la declaración de Tatiana Rojas, volvió a quedar en entredicho las explicaciones que ha brindado el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien recalca que no tuvo antecedentes hasta antes del 16 de junio, momento en que estalló el escándalo que involucra a organismos públicos y fundaciones.
La máxima autoridad del Ministerio Público dijo que los arrestos de los dos implicados en el denominado caso líos de platas “son una señal de que la justicia avanza” y destacó que la Fiscalía “habla con resultados”.
La diputada -suspendida de su militancia en RD- insistió en que no ha "recibido absolutamente ningún traspaso de parte de Democracia Viva”, la fundación de su expareja que dio origen al denominado caso líos de platas.
La detención del fundador de la fundación y del exseremi de Vivienda de Antofagasta remeció a la alianza de gobierno en la antesala del referéndum constitucional. La situación deja en un pie complejo a los adherentes del "En contra", en consideración de que la derecha se ha encargado de establecer un vínculo entre los comicios y el devenir del gobierno de Boric. Tampoco han ayudado las declaraciones de algunos personeros oficialistas, como las del diputado Diego Ibáñez, quien dijo que "un triunfo del ‘A Favor’ es un retroceso para la agenda del gobierno".
Tras la detención de su representado, el abogado que integra la defensa del ex-RD sostuvo que este no incurrió en falencias y que "si hay alguna irregularidad, fue algo que Democracia Viva tuvo que hacer, porque el Estado dijo que las cosas se hacían así". A juicio del profesional, el accionar de la Fiscalía fue desproporcionado, por cuanto no consideraban necesario que se emanaran órdenes de detención.
Dos audios son los que intercambiaron la concejala de Revolución Democrática por Antofagasta, Paz Fuica, con el presidente de la Fundación Democracia Viva, en que hablan sobre el convenio entre la ONG y la Seremi de Vivienda de la región. En los mensajes de voz, Andrade asegura que el Serviu "nos está apretando para que cerremos el trato". Además, entre los antecedentes también figuran conversaciones por WhatsApp de la autoridad comunal con otra organización ofreciéndole un trato para que postulara a un programa de salud mental. Todos estos antecedentes, y más, serán expuestos en la formalización de cargos de este jueves.
“Nos parece muy bien que a esta altura el caso avance (...) Lo relevante en este caso es el paso que da el Ministerio Público ", agregó el titular de Vivienda luego de que se detuviera al exseremi del Minvu, Carlos Contreras y a Daniel Andrade, ex representante legal de Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez.
Ambos serán formalizados este jueves en Antofagasta por varios delitos económicos.
El ingeniero civil ha estado bajo la lupa desde que estalló el escándalo por los convenios suscritos entre la fundación y el Minvu, hecho que derivó en investigaciones del Ministerio Público.
El fundador de Democracia Viva y el exseremi de Vivienda (ambos exRD) fueron arrestados por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Cristian Aguilar en relación a los convenios entre reparticiones públicas y entidades privadas sin fines de lucro.
