El exlíder de la FECh intentó ingresar seis libros, aunque le dejaron entrar solo tres. Son títulos que tratan de infidelidad y monogamia, de cibernética y capitalismo, además de poesía vanguardista chilena. Andrade se mantiene de esa forma ocupado, luego de que el tribunal denegara su solicitud para realizar cursos formales a los otros reos.
Desde que entró a la política estudiantil el ingeniero civil siempre apostó por él: armó su propio movimiento universitario, se fusionó con un partido pequeño, pero que ganaba elecciones, y creó una fundación justo después de su mayor fracaso electoral. El problema es que ese estilo, dicen cercanos, lo dejó donde está: en prisión preventiva, sin influencia política y con todo su círculo desconociéndolo.
Durante esta jornada se definirán las medidas cautelares que le asignarán a la suspendida militante RD. La fiscalía solicitó prisión preventiva.
Recientemente el Ministerio Público solicitó a la defensa del exmilitante RD acceder a un segundo teléfono que este mantendría. Sin embargo, los abogados manifestaron ante el tribunal que se oponen a pericias sobre este, dado que fue comprado después de iniciada la investigación. Esto, en todo caso, no es lo único que complica al ingeniero. Recientemente Gendarmería le denegó el permiso para impartir clases en el penal y puso en suspenso la comunicación con su madre.
Tras su ingreso a la cárcel de Antofagasta, el fundador de Democracia Viva aseguró haber montado de forma improvisada un pequeño taller de inglés para los internos de su mismo módulo. Pero ahora, tras dos semanas en el recinto, busca ampliar ese rol y solicitó ingresar una serie de insumos. Antes de resolver, en todo caso, el juez espera contar con un análisis técnico de Gendarmería. Su arremetida en redes sociales, de todos modos, ya tuvo efecto puesto que oficiales penitenciarios allanaron el pabellón donde permanece para verificar tenencia de elementos prohibidos, como un celular.
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Tras la declaración publicada por el ingeniero civil, donde aseguró que la "injusticia" que lo afecta "no quedará acá", quienes se han hecho parte del proceso le exigen que declare y entregue toda la información que está en su poder. Por su parte, Carlos Contreras también se prepara para entregar su testimonio ante el Ministerio Público.
La ministra vocera de gobierno, abordó una declaración que el exrepresentante de Democracia Viva emitió desde la cárcel, donde dice estar viviendo una "injusticia" y que esta “no quedará acá. La impotencia, la rabia y la traición, serán movilizadoras”.
Además de Daniel Andrade, Carlos Contreras y Catalina Pérez (suspendida), hay otro grupo de adherentes de RD que figuran como personas de interés –algunos como imputados y otros como testigos- en la causa en que se indagan los negocios y redes de Democracia Viva. Tatiana Rojas, Miguel Crispi, Paz Fuica y Rodrigo Hernández, entre otros, componen un listado donde también podrían haber sanciones administrativas dentro del partido. Así fue como la tienda del exministrio Giorgio Jackson -una de las colectividades ancla del Frente Amplio- cierra su 2023 inmerso en una crisis política y judicial que aún está lejos de resolverse.
El exlíder de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, publicó una misiva en donde sostiene que se encuentra en una “prisión política” y denomina su situación judicial como una “injusticia”. Ante sus declaraciones, figuras políticas han repudiado la postura del imputado por fraude al Fisco. Uno de ellos es el diputado Daniel Manouchehri (PS), que comentó ”Andrade confunde un preso político con un político preso. A él no se le investiga por causas políticas, sino por delitos graves asociados a la corrupción".
El exrepresentante legal de Democracia Viva publicó esta tarde un comunicado en redes sociales, mientras se encuentra en prisión preventiva tras haber sido formalizado por tres delitos de fraude al Fisco, en el marco del denominado caso líos de platas.
En un año marcado por la revelación de millonarios y poco controlados convenios entre algunas fundaciones y diversas instituciones del Estado, un estudio de Cadem da cuenta de que la polémica salpicó a buena parte de las organizaciones sin fines de lucro, las que, aun sin estar involucradas, vieron entorpecido su trabajo. Las mismas ONG así lo refrendan y detallan cómo les ha afectado esta situación.
Cecilia Millán La Rivera declaró ante la PDI sobre los motivos de este contrato ficticio, como también su militancia en el Frente Amplio. Desde el 2016 que está inscrita en Revolución Democrática, pero explicó que en 2020 renunció para unirse a "Convergencia Social para apoyar a Gabriel Boric durante su inscripción de candidatura. Una vez electo, volví a militar en RD". Expuso ante los detectives que fue contactada por Daniel Andrade solo para recibir la correspondencia de la ONG y recordó una visita que le hizo el ingeniero en septiembre del 2022, en compañía de su entonces pareja, la diputada Catalina Pérez. "Lo hice de buena fe como ayudas social y política", dijo.
El 17 de enero del 2018, el Servicio de Impuestos Internos liberó al empresario de una millonaria sanción, tomando en cuenta los descargos por prescripción a los que apeló la abogada del dueño de Factop. Las observaciones eran por diferencias al impuesto Global Complementario, entre los años 2009 y 2012; sin embargo, luego de acoger los descargos del "contribuyente" se le liberó de toda multa. Según ya ha declarado Leonarda Villalobos ante la Fiscalía, no hubo sobornos a funcionarios público e, incluso, se refirió a los "$ 140 palos" que se hacen mención en el audio para el supuesto pago de coimas, algo que, dijo, correspondía a sus honorarios firmados por los Sauer y también por Rodrigo Topelberg. Todo, ya fue adjuntado a la investigación.
A casi una semana de cumplir su medida cautelar en la cárcel, la defensa del representante legal de Democracia Viva pidió a la Corte de Apelaciones de Antofagasta modificar su condición. Dice que la medida es "desproporcionada" y que no recibió “ningún peso proveniente de los $ 426 millones de pesos transferidos por la Seremi de Vivienda a la fundación". Carlos Contreras también apeló.
