A través de una solicitud al Juzgado de Garantía de Antofagasta, el fiscal Cristián Aguilar, quien indaga ilícitos de tráfico de influencias, fraude al Fisco y cohecho, por los traspasos de fondos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, pidió conocer las cuentas cuatro cuentas bancarias de la diputada RD. También solicitó lo mismo respecto de Daniel Andrade y Carlos Contreras.
Edson Dettoni declaró ante el Ministerio Público, donde entregó una serie de antecedentes -entre ellos conversaciones de WhatsApp-, donde reveló que la congresista -que tiene congelada su militancia en Revolución Democrática- sabía de la entrega de recursos fiscales a la ONG que representaba su pareja, Daniel Andrade.
En un reservado informe se revisaron testimonios allegados a la causa penal, además de rendiciones de cuentas de la fundación ligada a RD. En el análisis se advierte la comisión de delitos que involucran directamente al exseremi Carlos Contreras, el ingeniero Daniel Andrade y, por primera vez, se menciona a la parlamentaria.
Por medio de una segunda querella, Revolución Democrática desclasificó conversaciones del día en que estalló el caso que tiene en la mira a Daniel Andrade y a Carlos Contreras. A la luz de los antecedentes, dicen, llegaron a la conclusión de que ambos “desde un comienzo han tenido plena conciencia de los hechos ilícitos” y que “han intentado mañosamente esconderlos”.
En paralelo al proceso judicial que busca recuperar los $91 millones que Democracia Viva aún no devuelve de los convenios firmados con el Minvu de Antofagasta, el ex militante de RD ha debido enfrentar también el cobro en tribunales de $4.2 millones que le debe a la casa de estudios. La deuda tiene su origen en un pagaré que Andrade firmó en 2021 para financiar parte de sus estudios y del que no ha pagado ninguna cuota, pese a que en 2022 y 2023 tuvo trabajo en tres reparticiones públicas.
En menos de dos años, el creador de Democracia Viva pasó por tres empleos públicos: Pedro Aguirre Cerda, el MOP y Defensa. Por medio de documentos obtenidos por Ley de Transparencia, La Tercera pudo comprobar que Andrade habría mentido sobre una supuesta asesoría prestada a la diputada Catalina Pérez, su expareja; que no cumplía con los requisitos formales para uno de los cargos y que consiguió beneficios a los que sólo unos pocos funcionarios pueden optar, pese a su corto recorrido profesional.
En su escrito, el Consejo de Defensa del Estado afirma que tales nexos no fueron advertidos a ninguno de los funcionarios del Serviu ni de la Seremi de Vivienda en el marco de la firma de los convenios, lo que sustenta, en parte, la acusación de fraude al Fisco por $391.768.516.
El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, aseguró que "la prueba documental y testimonial recogida en la investigación" permite presumir que los líos de platas no se debieron a una falta de expertiz o de gestión, "sino a la comisión de un fraude al Fisco”.
El organismo evacuó el informe final de la auditoria que hizo en el Servicio Regional Ministerial de Vivienda por las millonarias transferencias a la ONG representada por el ex RD Daniel Andrade. En 91 páginas se detectan una serie de irregularidades -ya enviadas a la Fiscalía-, entre las cuales destaca la contratación de 12 personas en la repartición de gobierno, pero que también prestaban servicios en organismos privados sin fines de lucro, y la falta de control a nivel central por parte del Ministerio de Vivienda. Se dio un plazo de 30 días para subsanar las observaciones.
El Consejo de Defensa del Estado interpuso una acción en sede civil en contra de la ONG representada por el exmilitante RD, Daniel Andrade. "No dio cabal y oportuno cumplimiento a las obligaciones que asumióen cada convenio", se lee en el escrito.
El organismo encargado de resguardar los fondos fiscales, presentará la judicial durante los próximos días ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, luego de analizar nuevos documentos que se solicitaron al ente persecutor.
El pasado 14 de julio el Serviu de la Región de O'Higgins requirió a la fundación Arquiduc, vinculada a un exmilitante de Renovación Nacional, devolver los $121 millones que se le entregaron en 2021 para ejecutar dos convenios en campamentos de la zona. Pese a que es parte del 22% de convenios cuestionados que fueron firmados durante el gobierno anterior, se trata de la segunda solicitud de restitución de fondos en todo el país, después de Democracia Viva.
En el Minvu cuestionaron el destino que tuvieron dichos fondos, puesto que fue "en desmedro" de los objetivos de los convenios suscritos, lo cual tiene al Consejo de Defensa del Estado revisando cada uno de los fondos utilizados en el programa de Asentamientos Precarios de Antofagasta. "El porcentaje destinado a esos ítems se determinó alto en comparación a los gastos de inversión en obras”, comentaron desde la cartera encabezada por Carlos Montes.
Además, Libertad Triviño aseguró que se revisaron todas las cuentas del partido y "no hay ningún peso ni de esta (Democracia Viva) ni de otra fundación que haya llegado a Revolución Democrática".
Carlos Contreras explicó que la incorporación de nuevas organizaciones comenzó porque cada cada debían renovar el listado de organizaciones, ya que algunas de ellas tenían atraso en sus procesos de rendición y esto impide generar nuevos convenios, por lo mismo debían buscar nuevas organizaciones.
