Desde el Ministerio de Vivienda informaron que la ONG encabezada por Daniel Andrade manifestó "su disconformidad con las observaciones planteadas respecto de las rendiciones de los convenios". De acuerdo con lo resuelto, deben restituir $ 391.768.516, aunque por medio de tres escritos la entidad privada aseguró ser víctima de actos “desmedidos” y fuera de “racionalidad”.
El próximo fin de semana, la colectividad presidida por el senador Juan Ignacio Latorre realizará sus elecciones internas, con las que esperan dar por superada la polémica desatada por los cuestionados convenios entre fundaciones y el Ministerio de Vivienda, en el que están vinculados sus militantes. Si bien la diputada Pérez tenía pensado lanzar una nómina, el escándalo obligó a sus integrantes a descartarla.
Un documento firmado por el exseremi Carlos Contreras (RD) en julio de 2022 sólo exigió un mínimo de seis meses de antigüedad y "experiencia en trabajo socioterritorial" a las nuevas fundaciones que quisieran firmar millonarios convenios con el Minvu de Antofagasta. Además, sugirió que la remuneración de los profesionales a contratar fuera de $ 1.200.000 mensuales.
La asociación remitió una carta a la Subsecretaría de Defensa, en que pide aclarar por qué se escogió al ingeniero para asistir a la actividad, pues "hasta el año 2021, este tipo de actividades pasaban por un proceso de postulación abierto a todos los funcionarios y los antecedentes eran evaluados por el Comité de Capacitación del servicio, lo cual se ha obviado en esta situación". Desde el organismo, sin embargo, retrucan esa versión.
Aunque en 2016 se abrió la puerta para que organismos privados reciban fondos para trabajar en asentamientos precarios, fue en 2022 cuando los montos a repartir suben en un 93%. El gran aumento de fondos produjo la llegada de fundaciones dedicadas a temas culturales y políticos a trabajar en áreas en las que no tenían mayor experiencia. Este es el origen del método que terminó usando Democracia Viva para recibir los polémicos $ 426 millones en Antofagasta.
La parlamentaria rompió el silencio luego de 12 días, para precisar que en su primera declaración cuando señaló que "esto era sólo un problema de dos hombres adultos. Me equivoqué”.
Cerca de $ 20 millones fueron los que la Fundación Democracia Viva notificó al Servel con un desfase, de acuerdo a la fecha límite establecida por el organismo.
"Fue una decisión colectiva en términos de su rol como diputada en su distrito, con su círculo cercano", señalo el timonel de la tienda oficialista.
El aún representante legal de la fundación -y expareja de la diputada Catalina Pérez- solicitó, a través de un correo electrónico, desahuciar los contratos que alcanzan 426 millones y que firmó con el Serviu de Antofagasta, los que provocaron que se abriera una investigación en la fiscalía y se desatara una crisis de proporciones en Revolución Democrática y el propio gobierno.
El principal implicado en el escándalo de posible corrupción que remece al Frente Amplio -y a todo el oficialismo- reportó a la colectividad de su desafiliación, solicitando que la instancia revisora de las causas partidarias paralizara el análisis de la solicitud de expulsión en su contra.
El líder del ente persecutor aclaró que la solicitud para que encabece la indagatoria que involucra al Minvu y la fundación ligada a RD, aún no ha llegado a sus manos.
Personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) llegó hasta el domicilio de la comuna de Pedro Aguirre Cerda con una orden judicial de allanamiento emanada del Juzgado de Garantía de Antofagasta en el marco del caso Democracia Viva.
La vocera de gobierno señaló además que “no solo para Revolución Democrática, sino que para el gobierno, esto ha sido una especial preocupación, esto efectivamente no son cosas que deseamos que pasen”.
Daniel Andrade presentó un escrito al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, donde pidió ser interviniente en el proceso, en "calidad de imputado", poniéndose a disposición de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. En tanto, la Fiscalía ya derivó todos los antecedentes al CDE para que se evalúe una eventual querella en la causa, algo que debería zanjarse durante los próximos días.
Además de los integrantes de la ya polémica fundación, hay una serie de personajes que aparecen clave en la trama que indaga el fiscal Cristian Aguilar, jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta. Y es que tras emitir una orden para que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI analice las transacciones entre la entidad encabezada por Daniel Andrade y el Serviu de Antofagasta, el Ministerio Público persigue determinar si existen figuras delictuales como fraude al Fisco o tráfico de influencias.
