Desde mediados de octubre que el fiscal a cargo de la indagatoria, Cristián Aguilar, ha citado a declarar a una serie de personeros de la tienda que hoy comanda Diego Vela. ¿El motivo?, recopilar la mayor cantidad de antecedentes respecto a cómo funcionaba la fundación y sobre cuándo se enteraron del caso. Entre quienes ya han entregado su testimonio se encuentra la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas.
La militante de RD tuvo que salir del Minvu por su responsabilidad política en el caso Democracia Viva. Al dejar el gobierno, fichó al abogado Jaime Winter para enfrentar la causa en su contra. Ya declaró como testigo, mantiene estricto silencio y todos los involucrados en el lío de platas dicen haberle informado a ella de los convenios que originaron el escándalo.
El 5 de junio, el jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado, remitió un documento a la Subsecretaría de Vivienda, liderada en ese entonces por Tatiana Rojas (RD), en que hacía un análisis de lo denunciado por la asociación de funcionarios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. La acusación, presentada el 2 de mayo, daba cuenta de una serie de irregularidades en el servicio entonces liderado por Carlos Contreras, los cuales fueron acogidos parcialmente por el Ejecutivo. Se consideró que el ahora imputado exseremi había tomado medidas para mejorar estas inconsistencias. Pero, lo atribuido a la triada de Contreras, Daniel Andrade y Catalina Pérez, al menos, ya hacía ruido en La Moneda.
El penalista abordó la eventual detención de su representado en el marco del caso líos de platas y aseguró que dicha medida no se justificaría dada la postura que han mantenido durante el curso de la indagatoria. Indicó que hasta ahora no han sido notificados sobre la formalización de la causa, aunque precisó que cuando eso pase se apersonarán ante el tribunal. “Daniel ha colaborado con la justicia en esta causa y lo seguirá haciendo”, indicó el profesional.
La nueva directiva de Revolución Democrática busca aprovechar su instalación para darle un aire fresco al partido tras las cuestionadas vocerías del senador Latorre. Del mismo modo, contemplan mantener la estrategia judicial proactiva e implementarán un sistema de prevención de delitos en la interna del partido.
El Ministerio Público decidió resguardar el acceso de los intervinientes al expediente de la causa durante seis meses, invocando para ello la ley que permite esta facultad, en razón de mantener una investigación con indicios de blanqueo de capitales. Entre las diligencias del ente persecutor hay una serie de solicitudes de análisis a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Tres meses de investigación lleva el caso que surgió por los millonarios traspasos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a Democracia Viva. La Fiscalía cuenta con declaraciones, cartolas bancarias y algunos antecedentes bajo reserva que apuntan a desentrañar una trama que complica a, al menos, tres de sus exmilitantes: Daniel Andrade, Carlos Contreras y la diputada Catalina Pérez.
Carlos Contreras declaró ante el tribunal supremo de RD, luego de que estallara el caso de los millonarios convenios entre el Servicio y Democracia Viva. Además de una explicación técnica de por qué se firmaron esos traspasos, dijo que "es necesario tener presente que la derecha está buscando nuevos flancos". También, defendió la experiencia de la cuestionada ONG de Daniel Andrade.
A través de una solicitud al Juzgado de Garantía de Antofagasta, el fiscal Cristián Aguilar, quien indaga ilícitos de tráfico de influencias, fraude al Fisco y cohecho, por los traspasos de fondos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, pidió conocer las cuentas cuatro cuentas bancarias de la diputada RD. También solicitó lo mismo respecto de Daniel Andrade y Carlos Contreras.
Edson Dettoni declaró ante el Ministerio Público, donde entregó una serie de antecedentes -entre ellos conversaciones de WhatsApp-, donde reveló que la congresista -que tiene congelada su militancia en Revolución Democrática- sabía de la entrega de recursos fiscales a la ONG que representaba su pareja, Daniel Andrade.
En un reservado informe se revisaron testimonios allegados a la causa penal, además de rendiciones de cuentas de la fundación ligada a RD. En el análisis se advierte la comisión de delitos que involucran directamente al exseremi Carlos Contreras, el ingeniero Daniel Andrade y, por primera vez, se menciona a la parlamentaria.
Por medio de una segunda querella, Revolución Democrática desclasificó conversaciones del día en que estalló el caso que tiene en la mira a Daniel Andrade y a Carlos Contreras. A la luz de los antecedentes, dicen, llegaron a la conclusión de que ambos “desde un comienzo han tenido plena conciencia de los hechos ilícitos” y que “han intentado mañosamente esconderlos”.
En paralelo al proceso judicial que busca recuperar los $91 millones que Democracia Viva aún no devuelve de los convenios firmados con el Minvu de Antofagasta, el ex militante de RD ha debido enfrentar también el cobro en tribunales de $4.2 millones que le debe a la casa de estudios. La deuda tiene su origen en un pagaré que Andrade firmó en 2021 para financiar parte de sus estudios y del que no ha pagado ninguna cuota, pese a que en 2022 y 2023 tuvo trabajo en tres reparticiones públicas.
En menos de dos años, el creador de Democracia Viva pasó por tres empleos públicos: Pedro Aguirre Cerda, el MOP y Defensa. Por medio de documentos obtenidos por Ley de Transparencia, La Tercera pudo comprobar que Andrade habría mentido sobre una supuesta asesoría prestada a la diputada Catalina Pérez, su expareja; que no cumplía con los requisitos formales para uno de los cargos y que consiguió beneficios a los que sólo unos pocos funcionarios pueden optar, pese a su corto recorrido profesional.
En su escrito, el Consejo de Defensa del Estado afirma que tales nexos no fueron advertidos a ninguno de los funcionarios del Serviu ni de la Seremi de Vivienda en el marco de la firma de los convenios, lo que sustenta, en parte, la acusación de fraude al Fisco por $391.768.516.
