Además, el ministro de Vivienda y Urbanismo, expresó que el fundador de Democracia Viva "está en un proceso de investigación tanto de la Contraloría como del Ministerio Público y ahí tendrá la oportunidad de fundamentar lo que diga".
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En una extensa entrevista televisiva, el fundador de Democracia Viva entregó su versión de los convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, hecho que estalló en el lío de platas que mantiene al Ministerio Público indagando posibles fraudes al Fisco entre esa y otras fundaciones con reparticiones públicas.
El diputado y presidente de Convergencia Social, abordó la aparición que hizo este viernes quien fuera el representante legal de la fundación y el responsable de firmar millonarios convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, caso que hizo estallar los líos de platas.
El representante legal de la fundación, Daniel Andrade (ex-RD), rompió el silencio este viernes luego de protagonizar el lío de platas entre su ONG y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, encabezada en ese momento por Carlos Contreras (ex-RD). En la entrevista, disparó contra el gobierno del Presidente Boric y defendió su tesis de que no hubo "corrupción" en los cuestionados convenios por $ 426 millones.
El fundador de Democracia Viva se refirió al lío de platas que mantiene indagando al Ministerio Público un posible fraude al Fisco. Al explicar su versión de los hechos, manifestó que se sintió "muy avergonzado de haber firmado esos convenios”.
Desde el Ministerio de Vivienda informaron que la ONG encabezada por Daniel Andrade manifestó "su disconformidad con las observaciones planteadas respecto de las rendiciones de los convenios". De acuerdo con lo resuelto, deben restituir $ 391.768.516, aunque por medio de tres escritos la entidad privada aseguró ser víctima de actos “desmedidos” y fuera de “racionalidad”.
El próximo fin de semana, la colectividad presidida por el senador Juan Ignacio Latorre realizará sus elecciones internas, con las que esperan dar por superada la polémica desatada por los cuestionados convenios entre fundaciones y el Ministerio de Vivienda, en el que están vinculados sus militantes. Si bien la diputada Pérez tenía pensado lanzar una nómina, el escándalo obligó a sus integrantes a descartarla.
Un documento firmado por el exseremi Carlos Contreras (RD) en julio de 2022 sólo exigió un mínimo de seis meses de antigüedad y "experiencia en trabajo socioterritorial" a las nuevas fundaciones que quisieran firmar millonarios convenios con el Minvu de Antofagasta. Además, sugirió que la remuneración de los profesionales a contratar fuera de $ 1.200.000 mensuales.
La asociación remitió una carta a la Subsecretaría de Defensa, en que pide aclarar por qué se escogió al ingeniero para asistir a la actividad, pues "hasta el año 2021, este tipo de actividades pasaban por un proceso de postulación abierto a todos los funcionarios y los antecedentes eran evaluados por el Comité de Capacitación del servicio, lo cual se ha obviado en esta situación". Desde el organismo, sin embargo, retrucan esa versión.
Aunque en 2016 se abrió la puerta para que organismos privados reciban fondos para trabajar en asentamientos precarios, fue en 2022 cuando los montos a repartir suben en un 93%. El gran aumento de fondos produjo la llegada de fundaciones dedicadas a temas culturales y políticos a trabajar en áreas en las que no tenían mayor experiencia. Este es el origen del método que terminó usando Democracia Viva para recibir los polémicos $ 426 millones en Antofagasta.
La parlamentaria rompió el silencio luego de 12 días, para precisar que en su primera declaración cuando señaló que "esto era sólo un problema de dos hombres adultos. Me equivoqué”.
Cerca de $ 20 millones fueron los que la Fundación Democracia Viva notificó al Servel con un desfase, de acuerdo a la fecha límite establecida por el organismo.
"Fue una decisión colectiva en términos de su rol como diputada en su distrito, con su círculo cercano", señalo el timonel de la tienda oficialista.
El aún representante legal de la fundación -y expareja de la diputada Catalina Pérez- solicitó, a través de un correo electrónico, desahuciar los contratos que alcanzan 426 millones y que firmó con el Serviu de Antofagasta, los que provocaron que se abriera una investigación en la fiscalía y se desatara una crisis de proporciones en Revolución Democrática y el propio gobierno.
El principal implicado en el escándalo de posible corrupción que remece al Frente Amplio -y a todo el oficialismo- reportó a la colectividad de su desafiliación, solicitando que la instancia revisora de las causas partidarias paralizara el análisis de la solicitud de expulsión en su contra.
