El informe final detectó que la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), presidida por el alcalde de Recoleta, no cuenta con estados financieros ni antecedentes bancarios que respalden en qué se ha invertido el dinero, ni las cuotas que pagan los asociados. Se apunta también a un inexistente protocolo que dé cuenta de procedimientos de adquisición, registro y análisis de los medicamentos comercializados a través de los municipios. Se ordenaron, además, sumarios por Avifavir e Interferón, fármacos adquiridos supuestamente para tratar el Covid y que pese a la prohibición de la autoridad sanitaria seguían almacenados en bodegas de la repartición que dirige Jadue.