Este lunes, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, formalizó el acuerdo con la DC, el PDG y Demócratas para dividir la cotización adicional, en un 3% para cuentas individuales y el otro 3% para un fondo solidario. Desde la oposición acusan que el gobierno no acogió sus propuestas y que pasará "aplanadora" en la votación.
Este lunes, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, formalizó el pacto con fuerzas como la DC, el PDG y Demócratas para dividir la cotización adicional, en un 3% para cuentas individuales y el otro 3% para un fondo solidario.
La propuesta del 3-3, impulsada por la falange, fue uno de los temas abordados ayer en el cónclave oficialista de Cerro Castillo, instancia en la que varias colectividades se plegaron a la idea.
Anoche, en sesión del consejo nacional de la Democracia Cristiana, se detallaron los montos que recibiría el partido al llevar candidatos en los territorios a los que postularon en la última elección. El valor total pone en aprietos el principio de "el que tiene mantiene" que busca imponer el oficialismo, en consideración de que a la decé se le abre el apetito por sumar gobernaciones.
El presidente del partido, Jaime Quintana, le planteó la idea ayer al Presidente Gabriel Boric, quien, según el senador, "no se cerró". "Debiéramos actuar con pragmatismo. Un 3-3 cumple a cabalidad los objetivos propuestos por el gobierno", dijo el parlamentario a La Tercera.
Ante la invitación del oficialismo para ir en una lista única en las próximas elecciones, el timonel Alberto Undurraga planteó que el interés de su partido es que, “en las candidaturas, en los cargos unipersonales, en alcaldes y gobernadoras, haya un solo candidato de todo lo que es hoy día el centro con la DC o el centro progresista con la DC y el oficialismo”.
Aunque ya trabajan juntos de cara a las municipales, en la tienda liderada por Alberto Undurraga se resisten a sumarse al gobierno.
De formalizarse el ingreso de dos exmilitantes del Partido de la Gente, la tienda encabezada por Ximena Rincón pasaría a tener más diputados que la Decé.
Hipotéticamente, el libelo contra el ministro de Vivienda tendría un piso de 70 legisladores si es que la oposición actúa unida. Para asegurar su aprobación se necesita una mayoría de 78 de los 154 diputados habilitados para votar el próximo jueves 4. Por su parte, legisladores independientes o de partidos no alineados, como Demócratas y la DC, ya han dado señales de que no apoyarán la acción en contra del exsenador socialista.
El exbecario de la fundación alemana desestima que su partido haya virado a la izquierda, como deslizó el representante en Chile de esa organización. Es más, afirma que no le corresponde a él decidir quién forma o no parte del centro político. Además, sostiene que no deja de extrañarle que Amarillos y Demócratas hayan llamado a votar “A favor”. "Fue un error político", asegura.
La fundación convocó a un viaje a Berlín a las directivas de estos tres partidos, mientras que la Democracia Cristiana, colectividad a la que ya dejaron de otorgarle un financiamiento permanente, se quedará abajo del avión. "Esos tres partidos son los que, a nuestro modo de ver, representan el día de hoy ese centro político aquí en Chile”, indicaron desde la organización.
Desde los dos partidos de centro, donde abundan los exmilitantes de la Democracia Cristiana, salieron a defenderse de los dichos del diputado Alberto Undurraga, quien los acusó de "cambiar de domicilio político".
El presidente de la Democracia Cristiana llamó al mundo político a buscar un entendimiento para encontrar soluciones a las problemáticas de salud, educación, pensiones y seguridad.
El partido encabezado por el diputado Alberto Undurraga adelanta que, pase lo que pase en las urnas, ellos vivirán este plebiscito por su cuenta, sin los partidos de gobierno. Así, se marca una diferencia con respecto a las últimas elecciones, en las que todos los partidos se reunieron en la sede de la falange.
El militante de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla propuso que en el eventual escenario en que gane la opción ‘En contra’ se debe continuar la redacción de una nueva Carta Magna por medio de la vía legislativa.
