El tribunal supremo de Revolución Democrática la suspendió hasta el 4 de julio del 2024, en una secreta audiencia que contó con denunciantes, testigos y defensas. La propia diputada estuvo esa noche del 18 de junio, donde escuchó una sentencia demoledora: "No adoptó oportunamente las medidas y acciones que permitieran mitigar el impacto de esta situación como lo requeriría el estándar ético esperable en atención a su cargo, experiencia y trayectoria en el Partido”.
Carla Olivares fue la funcionaria que alertó de las irregularidades dentro de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, por lo que su testimonio era considerado clave para la indagación del fiscal Cristian Aguilar. Ante los investigadores, por lo mismo, relató cuáles fueron los antecedentes que les hicieron encender las alarmas.
A través de WhatsApp, el entonces presidente de Democracia Viva le ofreció a la concejala de Antofagasta la iniciativa que desencadenaría en el convenio entre la Seremi de Vivienda y la ONG. Además de eso, la también exencargada territorial de la diputada Catalina Pérez compartió a Andrade una serie de contactos de militantes de Revolución Democrática para que trabajaran en los convenios. En los mensajes incluso se lee la celebración de Fuica por la posibilidad de acceder a trabajar en el Minvu. "Eh, eh, eh eh", festeja.
"Nuestro partido, como siempre y con lealtad, colaborará y apoyará las decisiones que se adopten al respecto", señaló la directiva de la tienda oficialista en una declaración.
El 6 de noviembre el fiscal Cristán Aguilar notificó al exabogado del jefe del Segundo Piso para interrogarlo sobre los líos de platas con Democracia Viva. La cita era para el 1 de este mes, pero tras el escándalo en que se vio envuelto Luis Hermosilla, no se concretó. Su defensa, Guillermo Chachuán, pidió reagendar la cita, hasta ahora, sin nueva fecha.
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"El ministro Montes cuenta con el apoyo nuestro y sobre todo con el apoyo del Presidente", afirmó la líder del PS.
El abogado que representa a la exautoridad se refirió por primera vez al caso, luego de que se diera a conocer el testimonio entregado por la militante de RD ante la Fiscalía. "Quiero señalar que lo que ha dicho el ministro Montes es efectivo", indicó Winter tras la nueva versión que entregó el secretario de Estado sobre el asunto.
El secretario de Estado habló en un principio de haber recibido un "informe que dice es que está todo regular, en condiciones adecuadas”. El Minvu, a través de un comunicado, salió a corregir al titular de la cartera, afirmando que sólo se trató de una minuta: “No existe informe alguno de la exsubsecretaria que alertara de las irregularidades, conflictos de interés o delitos, tal y como señaló el ministro de Vivienda”.
Tras los cuestionamientos desde la oposición -quienes evalúan una acusación constitucional si Montes no dimite- y de voces del propio Socialismo Democrático, el secretario general del PS indicó que desde la tienda "respaldan" al mandatario ante cualquier modificación que requiera realizar. Esto, en pos de la unidad de la coalición y para hacer frente a los embates de la oposición.
Desde que se inició el caso, a mediados de junio, desde el círculo de la diputada insistían en que no era sospechosa de ilegalidades y que su figura estaba sólo radicada en calidad de testigo. Sin embargo, a casi cinco meses del escándalo, a través de una petición al tribunal para acceder a sus teléfonos, los persecutores definieron su rótulo. Ahora, van por sus comunicaciones y contactos telefónicos.
La arquitecta declaró el pasado 29 de noviembre en dependencias de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, en la comuna de Independencia, y ahí se limitó a exponer cuál fue su rol en los cinco meses en que fue parte del Ministerio de Vivienda (Minvu). Consultada por los tratos entre Carlos Contreras y Daniel Andrade, no profundizó.
Durante la primera jornada, el tribunal declaró legal su detención. "Ambos defraudaron al fisco y le provocaron un perjuicio ascendente a 426 millones de pesos”, expresó el fiscal Cristian Aguilar sobre los exmilitantes RD. Persecutor no descartó nuevas formalizaciones en el caso.
La policía elaboró un informe de 55 páginas en que analizó los teléfonos de algunos militantes del partido, llegando al chat de la directiva nacional de la época. Se detectó que Carlos Contreras eliminó mensajes con la encargada territorial de la diputada Catalina Pérez, que Daniel Andrade buscaba algún elemento "sospechoso" en su celular y que el senador Juan Ignacio Latorre pedía "defender" a Pérez y la subsecretaria Tatiana Rojas y "dejar caer" a Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda. Desde el 6 de junio -diez días antes del escándalo- ya se olía una crisis de proporciones.
Diputada explicó trazabilidad de los depósitos y dio su versión. "Son mis ahorros. Lo digo fuerte y claro: no he robado nada ni he recibido beneficio alguno de esos convenios", aseguró.
