"Jamás intercedí en favor de ninguna persona o fundación, actué siempre de buena fe, convencida de que lo realizado por el Minvu se ajustaba a la normativa vigente”, aseguró.
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A casi una semana de cumplir su medida cautelar en la cárcel, la defensa del representante legal de Democracia Viva pidió a la Corte de Apelaciones de Antofagasta modificar su condición. Dice que la medida es "desproporcionada" y que no recibió “ningún peso proveniente de los $ 426 millones de pesos transferidos por la Seremi de Vivienda a la fundación". Carlos Contreras también apeló.
El exrepresentante de la fundación, que dio origen al denominado caso líos de platas, fue formalizado el viernes pasado por tres delitos de fraude al Fisco.
El exabanderado presidencial republicano ejemplificó con otros secretarios de Estado que han dejado el gabinete pese a que se han rechazado libelos en su contra. También dijo que quieren que "se vaya" el titular de Vivienda "antes que sea el nuevo rostro de la corrupción de este gobierno".
Ayer martes la oposición ingresó un libelo buscando la destitución del titular del Minvu, Carlos Montes, por los líos de platas políticas. Otros cuatro secretarios de Estado han sido acusados durante este mandato. Aunque todos los intentos han fallado -se han caído en la Cámara de Diputados-, paradójicamente ninguno de los acusados sigue hoy en el gabinete.
El ministro de Vivienda sigue transmitiendo en público -y en privado a sus cercanos- que no pretende renunciar, incluso si es que avanza el libelo en la Cámara. Su plan, afirman en el oficialismo, es mantenerse hasta el final, a menos que el Presidente Gabriel Boric lo remueva.
En más de una declaración de los funcionarios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta ha quedado en evidencia que entre las personas contratadas por el exseremi Carlos Contreras existe un diseñador gráfico del cual no se conoce su trabajo, pese a recibir un sueldo. Esto generó que los trabajadores de la repartición le llamaran "el fantasma". Se pesquisa a este profesional, ya que según consta en el expediente del Ministerio Público registra movimientos bancarios con la diputada Catalina Pérez, quien está en la mira de la justicia.
"No podemos tomar decisiones de cambios a partir de la amenaza de la derecha", afirmó el timonel de RD luego que su par del PS calificara de "compleja" la permanencia del jefe de asesores de La Moneda.
Diego Vela, timonel de RD, se refirió a la continuación del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda en su cargo, dado que ha sido cuestionada en los últimos días. De hecho, la presidenta del PS aseguró que "yo creo que es compleja la permanencia de él".
La Tercera tuvo acceso a un borrador del libelo que la oposición presentará este martes en contra del titular de Vivienda, el que busca que asuma su responsabilidad política en los casos de transferencias de dineros de entidades públicas a fundaciones.
La ministra vocera de gobierno, además, señaló que desde el gobierno seguirán "trabajando con el ministro Montes y con cualquier otro ministro que siga en su cargo, en la medida que el Presidente considere que está haciendo el trabajo que mandató hacer en su cartera”.
El Ministerio Público indaga a la parlamentaria en calidad de imputada en el lío de platas y, por lo mismo, rastrea sus cuentas corrientes, teléfonos celulares y contactos. En los interrogatorios a testigos hay dos asesores del diputado RD Jaime Sáez que aseguran que la parlamentaria se enteró en noviembre de 2022 de los convenios de Democracia Viva con el Minvu. La PDI también puso en su radar a su jefa de gabinete, Romina Neumann. Revolución Democrática ya le soltó la mano.
Ambos imputados fueron formalizados por el fiscal Cristián Aguilar por tres delitos de fraude al Fisco en medio de la suscripción de convenios entre la ONG ligada a RD y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Y como determinó la magistrada, se expusieron elementos suficientes para acreditar su participación en los hechos.
El abogado Andrés Bustos indicó que buscará exonerar de responsabilidad a su representado. “Es imposible que un seremi de una región tenga la autonomía y la voluntad para aprobar convenios que son extremadamente complejos", destacó.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta estimó que hay “antecedentes fundados de participación” de los imputados en los ilícitos indagados. Se fijó un plazo de investigación de seis meses.
