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Guillermo Chahuán, a través de una declaración pública, indicó que su representado en su presentación ante la comisión investigadora por los líos de plata "se ajusta plenamente a los hechos: no recibió el informe señalado".

El exjefe de gabinete de Catalina Pérez puso en entredicho la versión del Ejecutivo respecto a la fecha en que se enteraron formalmente del caso. "El tema nunca se ha tratado de un 'rumor', como dijo en su minuto el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi", aseguró.

En el contexto de las indagatorias ligadas a los convenios con fundaciones, se allanó el recinto donde se encuentran las oficinas del ministro Carlos Montes, además de la Subsecretaria de Vivienda y oficinas del Programa de Asentamientos Precarios. "El gobierno es el primer interesado de que este caso se resuelva con toda la transparencia que corresponde", señaló el Mandatario.

El penalista abordó la eventual detención de su representado en el marco del caso líos de platas y aseguró que dicha medida no se justificaría dada la postura que han mantenido durante el curso de la indagatoria. Indicó que hasta ahora no han sido notificados sobre la formalización de la causa, aunque precisó que cuando eso pase se apersonarán ante el tribunal. “Daniel ha colaborado con la justicia en esta causa y lo seguirá haciendo”, indicó el profesional.

Se trata de la primera vez que en el marco de las indagatorias ligadas a los convenios con fundaciones se allana el recinto donde se encuentran las oficinas del ministro que encabeza la cartera, Carlos Montes.

“No hay ninguna institución en Chile que esté fuera del alcance de ser investigada y siendo doloroso que se allane una institución de carácter público, también es una muestra de la fortaleza de nuestro país", aseguró la autoridad de gobierno.

El Consejo de Defensa del Estado pide que se restituya la suma total de $391.768.516. Desde la fundación afirman que “la demanda del CDE desconoce, prescinde, omite en su cálculo (...) las rendiciones de cuentas realizadas por la fundación por una cantidad total de $97.384.285 ”.

Fue de los primeros PS de tonelaje político en cruzar la línea y fichar como ministro de la administración Boric. Hoy a la cabeza del Minvu vive uno de sus peores momentos desde que estalló el caso de los líos de platas en junio. El respiro se lo dieron el propio Presidente y también los parlamentarios del PS, que incluso están dispuestos a llegar a un punto de quiebre con el gobierno en defensa de una de sus principales figuras.

"Es una persona con una amplia experiencia, ha estado de seremi en varias regiones del país y conoce lo que es cumplir ese rol”, resaltó el ministro Carlos Montes.

"Necesitamos tener la oportunidad de explicar lo que ha ocurrido bien, porque se ha distorsionado mucho la realidad", afirmó el titular de Vivienda. Esto, en momentos en que desde la oposición analizan medidas como una acusación constitucional en su contra o interpelarlo.

"Respecto a que no me entregaron otra información antes, efectivamente no lo recibí. Hay que preguntarle a las personas que tenían esa información por qué eso no fue así”, sostuvo el titular del Minvu.

Tras la entrevista que la diputada Catalina Pérez (RD) concedió a este medio, surgieron nuevas dudas respecto a la fecha en que La Moneda se enteró de las primeras denuncias en torno al caso Democracia Viva. "La primera semana de junio, cuando me llega la información, inmediatamente me comunico con autoridades de partido y de gobierno y le pido a mi equipo que recurra a Contraloría. Luego esto se conoce públicamente la semana siguiente", dijo la parlamentaria.

En la bancada republicana dijeron que reactivarán el estudio de una posible acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes, mientras que el analista Cristián Valdivieso advirtió que el caso convenios podría terminar incidiendo en la campaña si la derecha logra transformar el referéndum en un plebiscito al gobierno.

Después de las declaraciones de la diputada Catalina Pérez, resonaron nuevamente los nombres de Carlos Montes, Miguel Crispi, Juan Ignacio Latorre y Tatiana Rojas, quienes durante las últimas semanas se han mantenido en silencio respecto al caso que involucra a la Fundación Democracia Viva.