El Consejo de Defensa del Estado pide que se restituya la suma total de $391.768.516. Desde la fundación afirman que “la demanda del CDE desconoce, prescinde, omite en su cálculo (...) las rendiciones de cuentas realizadas por la fundación por una cantidad total de $97.384.285 ”.
Fue de los primeros PS de tonelaje político en cruzar la línea y fichar como ministro de la administración Boric. Hoy a la cabeza del Minvu vive uno de sus peores momentos desde que estalló el caso de los líos de platas en junio. El respiro se lo dieron el propio Presidente y también los parlamentarios del PS, que incluso están dispuestos a llegar a un punto de quiebre con el gobierno en defensa de una de sus principales figuras.
"Es una persona con una amplia experiencia, ha estado de seremi en varias regiones del país y conoce lo que es cumplir ese rol”, resaltó el ministro Carlos Montes.
"Necesitamos tener la oportunidad de explicar lo que ha ocurrido bien, porque se ha distorsionado mucho la realidad", afirmó el titular de Vivienda. Esto, en momentos en que desde la oposición analizan medidas como una acusación constitucional en su contra o interpelarlo.
"Respecto a que no me entregaron otra información antes, efectivamente no lo recibí. Hay que preguntarle a las personas que tenían esa información por qué eso no fue así”, sostuvo el titular del Minvu.
Tras la entrevista que la diputada Catalina Pérez (RD) concedió a este medio, surgieron nuevas dudas respecto a la fecha en que La Moneda se enteró de las primeras denuncias en torno al caso Democracia Viva. "La primera semana de junio, cuando me llega la información, inmediatamente me comunico con autoridades de partido y de gobierno y le pido a mi equipo que recurra a Contraloría. Luego esto se conoce públicamente la semana siguiente", dijo la parlamentaria.
En la bancada republicana dijeron que reactivarán el estudio de una posible acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes, mientras que el analista Cristián Valdivieso advirtió que el caso convenios podría terminar incidiendo en la campaña si la derecha logra transformar el referéndum en un plebiscito al gobierno.
Después de las declaraciones de la diputada Catalina Pérez, resonaron nuevamente los nombres de Carlos Montes, Miguel Crispi, Juan Ignacio Latorre y Tatiana Rojas, quienes durante las últimas semanas se han mantenido en silencio respecto al caso que involucra a la Fundación Democracia Viva.
La diputada Catalina Pérez, en entrevista con La Tercera, confirmó que durante la primera semana de junio dio a conocer la denuncia de irregularidades a la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas. Pese a que la exautoridad, asumió recién el 24 de junio que tenía conocimiento del caso.
La diputada por la Región de Antofagasta, manifestó que informó al gobierno y las autoridades de Revolución Democrática durante la primera semana de junio, antes de que el caso estallara públicamente. Ante esto, figuras de oposición han puesto en duda sus palabras, mientras que desde el oficialismo desdramatizaron el asunto de las fechas.
La diputada -foco del lío de platas que puso en jaque la promesa de probidad del gobierno de Gabriel Boric- afirma que se contactó con el entonces presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, y con la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, para informarles de una denuncia que circulaba sobre la fundación de su hoy expareja antes de que estallara el caso públicamente el 16 de junio de este año.
La asistencia del jefe de asesores de la Presidencia a la Cámara de Diputados planteó un nuevo dilema para el gobierno. No sólo porque mantiene abierta la incógnita de cuándo el caso llegó al corazón del gobierno y, en específico, al Presidente Boric. A principios de junio, cuando Crispi aseguró enterarse por un “rumor”, el Ejecutivo ya manejaba mucha información al respecto.
A raíz de las dos inasistencias de Crispi a la comisión investigadora, la instancia envío un oficio a Contraloría para abrir un procedimiento sancionatorio contra el exsubdere. Bermúdez, sin embargo, descartó esa posibilidad tras la comparecencia del exdiputado RD.
La auditoría realizada por Contraloría a organismos regionales detectó graves falencias por parte de entes públicos en el control de las transferencias de recursos. Además, los antecedentes recopilados darían cuenta de patrones claros que se repitieron en las diferentes regiones del país.
