El Ministerio Público decidió resguardar el acceso de los intervinientes al expediente de la causa durante seis meses, invocando para ello la ley que permite esta facultad, en razón de mantener una investigación con indicios de blanqueo de capitales. Entre las diligencias del ente persecutor hay una serie de solicitudes de análisis a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
"Han hecho abuso de la personalidad jurídica que les otorga la ley", dijo el titular de la cartera, Luis Cordero, quien reveló también que la secretaría de Estado está realizando una amplia investigación a más de cuarenta de esas entidades.
En medio de su gira por Coquimbo, el Presidente precisó que “indignan tanto porque la plata en un Estado siempre es escasa y cuando se mal utiliza duele el triple y no podemos permitirlo, no podemos dar ningún espacio a eso”.
Fundación acusó "ilegalidad y arbitrariedad" en la resolución de la repartición estatal en la que se dispuso el término al convenio y se ordenaba la restitución de los dineros y la liquidación del contrato.
El jefe de asesores no asistió este lunes a la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga los cuestionados traspasos de dinero entre el Estado y fundaciones. Pese a que los parlamentarios lo volverán a convocar, el diseño del gobierno es evitar que el exdiputado salga al frente, porque acercaría mucho el conflicto al Presidente y para eso ya desarrollaron una excusa legal, en la que colaboró el ministro de Justicia, Luis Cordero.
Pese a que desde la asociación se ha valorado la implementación de nuevos mecanismos que busquen velar por la correcta utilización de los recursos públicos, la medida instalada por el Ejecutivo daría cuenta de un “nulo conocimiento” del gobierno central hacia el rol que cumplirían los gores dentro de las regiones y comunidades.
Tres meses de investigación lleva el caso que surgió por los millonarios traspasos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a Democracia Viva. La Fiscalía cuenta con declaraciones, cartolas bancarias y algunos antecedentes bajo reserva que apuntan a desentrañar una trama que complica a, al menos, tres de sus exmilitantes: Daniel Andrade, Carlos Contreras y la diputada Catalina Pérez.
En la nueva arista del caso Democracia Viva, investigación que lleva adelante la Fiscalía de Antofagasta, se conoció la declaración de Edson Dettoni, quien aseguró que Javiera Martínez le habría contado que la diputada Catalina Pérez sabía de los convenios celebrados entre la fundación de su expareja y la seremi de Antofagasta.
El ministro de Vivienda, desde un punto de prensa en Copiapó, volvió a abordar los traspasos directos de recursos desde reparticiones públicas a entidades privadas, asegurando que lo que quiere el gobierno es saber “cómo se produjo, quiénes lo organizaron y quiénes fueron los beneficiados por esto”.
Carlos Contreras declaró ante el tribunal supremo de RD, luego de que estallara el caso de los millonarios convenios entre el Servicio y Democracia Viva. Además de una explicación técnica de por qué se firmaron esos traspasos, dijo que "es necesario tener presente que la derecha está buscando nuevos flancos". También, defendió la experiencia de la cuestionada ONG de Daniel Andrade.
En el grupo de WhatsApp de la comisión política del partido ayer varios militantes hicieron sus descargos contra el secretario ejecutivo de la colectividad, quien -en su declaración ante la Fiscalía- apuntó al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, y a Javiera Martínez. El director de Metro, quien es militante de la tienda, se quejó: "¡Les dijimos en todo momento que la carpeta se iba a filtrar!”.
En cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric anunció el proyecto para el erario fiscal del próximo año, iniciativa que está cruzada por los líos de plata que sacudieron al oficialismo.
A través de una solicitud al Juzgado de Garantía de Antofagasta, el fiscal Cristián Aguilar, quien indaga ilícitos de tráfico de influencias, fraude al Fisco y cohecho, por los traspasos de fondos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, pidió conocer las cuentas cuatro cuentas bancarias de la diputada RD. También solicitó lo mismo respecto de Daniel Andrade y Carlos Contreras.
Los diputados de oposición argumentaron que “no resulta comprensible que tras al menos tres meses de investigación y conociéndose resultados contundentes de dicho proceso investigativo, este CDE no haya intervenido mediante el ejercicio de las acciones judiciales de carácter penal que fueren procedentes".
La arremetida de los diputados de oposición se produce luego de que este jueves se conociera el testimonio del secretario ejecutivo de Revolución Democrática, Edson Dettoni, quien ante el Ministerio Público aseguró que la legisladora sabía de los millonarios convenios de Democracia Viva -ONG que representaba su pareja, Daniel Andrade- con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
