La cartera asegura que las recomendaciones que se plantean por la Contraloría en sus auditorías "ya están siendo abordadas y en su mayoría se encuentran ejecutadas”.
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El ministro de Justicia abordó las conclusiones de los informes de Contraloría ad portas de que el contralor Jorge Bermúdez exponga en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que está encargada de reunir información sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda.
Tras un análisis realizado en todas las regiones del país, el contralor Jorge Bermúdez expondrá ante la comisión investigadora sobre transferencias a fundaciones respecto de los principales hallazgos de las pesquisas. Como pudo constatar La Tercera, en la instancia detallará sobre patrones identificados y respecto de las debilidades del sistema.
En reemplazo de la parlamentaria de Antofagasta, la diputada Maite Orsini este martes asumió en esta instancia. Con ello, se materializaba una medida que hace tiempo venía rondando en el Frente Amplio, de sacar a Pérez de esta comisión, una de las más importantes de la Cámara.
“El Presidente de la República se enteró el día 16 de junio (del caso Democracia Viva)”, dijo el sociólogo, quien agregó que “como jefe de asesores tomé conocimiento de un rumor el día 7 de junio”. El exdiputado -quien preparó el fin de semana su intervención con la Secom- concitó alta presencia mediática. Tras sus declaraciones, algunos opositores pidieron su salida.
En su comparecencia ante la comisión investigadora por los líos de platas -en una sesión que se extendió por más de tres horas-, el actual jefe de asesores de La Moneda indicó que conoció el caso de manera informal y que se comunicó con la subsecretaria de Vivienda de entonces, Tatiana Rojas, para que investigara.
Tras dos citaciones anteriores, en general, se espera que el jefe del Segundo Piso de La Moneda pueda responder a las inquietudes de los parlamentarios. La diputada de RD -el mismo partido de Crispi-, Ericka Ñanco, acusó que será un show "por parte de la oposición".
Sobre las indagatorias a partir del caso Democracia Viva, Ángel Valencia afirmó que las investigaciones han avanzado "satisfactoriamente" y no procede de momento introducir cambios en su forma de conducirlas.
El persecutor asumió el cargo en un momento en que las miradas de la opinión pública están sobre esta repartición, dado que es en Antofagasta donde nació el caso que hoy tiene en la mira a fundaciones y autoridades. En ese sentido, dice, el Ministerio Público al perseguir responsabilidades penales no tendrá miramientos políticos. Junto con este caso de corrupción que le toca liderar, también admite estar preocupado por el aumento en los delitos relacionados al crimen organizado.
"No ha tenido respeto por la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados", agregó el timonel UDI. Este viernes, en medio de la ofensiva de la oposición, el gobierno salió a defender la determinación del militante de RD.
La comisión que investiga el financiamiento irregular de fundaciones aprobó oficiar a Contraloría para zanjar si el jefe de asesores presidenciales tiene las obligaciones de un funcionario público y pide iniciar un proceso sancionatorio en su contra. El escrito se aprobó con votos oficialistas. Incluso, una de las diputadas que votó en contra, Mercedes Bulnes (independiente Frente Amplio), igualmente consideró la ausencia de Crispi como "imprudente".
La presidenta de Evópoli y consejera constitucional señaló que si bien la ofensiva contra la directora de la Dipres estaba a cargo de los diputados de Chile Vamos, su permanencia en el cargo "puede generar una alteración en la tramitación presupuestaria".
“Desde el día que se inició esta causa, a partir de la ampliación de la querella presentada por los políticos republicanos en su contra, nos pusimos a disposición del Ministerio Público y manifestamos nuestra voluntad de declarar cuando lo estime pertinente el fiscal de la causa”, afirmó Miguel Schürmann.
Ante la eventualidad de que se cite a declarar a la directora de Presupuestos, desde las bancadas del bloque opositor solicitaron "removerla de su cargo o al menos de eximirla de la discusión presupuestaria”. Hasta ahora el sector había evitado condicionar la tramitación del proyecto de erario fiscal a su salida.
El Ministerio Público decidió resguardar el acceso de los intervinientes al expediente de la causa durante seis meses, invocando para ello la ley que permite esta facultad, en razón de mantener una investigación con indicios de blanqueo de capitales. Entre las diligencias del ente persecutor hay una serie de solicitudes de análisis a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
