La diputada Catalina Pérez, en entrevista con La Tercera, confirmó que durante la primera semana de junio dio a conocer la denuncia de irregularidades a la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas. Pese a que la exautoridad, asumió recién el 24 de junio que tenía conocimiento del caso.
La diputada por la Región de Antofagasta, manifestó que informó al gobierno y las autoridades de Revolución Democrática durante la primera semana de junio, antes de que el caso estallara públicamente. Ante esto, figuras de oposición han puesto en duda sus palabras, mientras que desde el oficialismo desdramatizaron el asunto de las fechas.
La diputada -foco del lío de platas que puso en jaque la promesa de probidad del gobierno de Gabriel Boric- afirma que se contactó con el entonces presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, y con la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, para informarles de una denuncia que circulaba sobre la fundación de su hoy expareja antes de que estallara el caso públicamente el 16 de junio de este año.
La asistencia del jefe de asesores de la Presidencia a la Cámara de Diputados planteó un nuevo dilema para el gobierno. No sólo porque mantiene abierta la incógnita de cuándo el caso llegó al corazón del gobierno y, en específico, al Presidente Boric. A principios de junio, cuando Crispi aseguró enterarse por un “rumor”, el Ejecutivo ya manejaba mucha información al respecto.
A raíz de las dos inasistencias de Crispi a la comisión investigadora, la instancia envío un oficio a Contraloría para abrir un procedimiento sancionatorio contra el exsubdere. Bermúdez, sin embargo, descartó esa posibilidad tras la comparecencia del exdiputado RD.
La auditoría realizada por Contraloría a organismos regionales detectó graves falencias por parte de entes públicos en el control de las transferencias de recursos. Además, los antecedentes recopilados darían cuenta de patrones claros que se repitieron en las diferentes regiones del país.
La cartera asegura que las recomendaciones que se plantean por la Contraloría en sus auditorías "ya están siendo abordadas y en su mayoría se encuentran ejecutadas”.
El ministro de Justicia abordó las conclusiones de los informes de Contraloría ad portas de que el contralor Jorge Bermúdez exponga en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que está encargada de reunir información sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda.
Tras un análisis realizado en todas las regiones del país, el contralor Jorge Bermúdez expondrá ante la comisión investigadora sobre transferencias a fundaciones respecto de los principales hallazgos de las pesquisas. Como pudo constatar La Tercera, en la instancia detallará sobre patrones identificados y respecto de las debilidades del sistema.
En reemplazo de la parlamentaria de Antofagasta, la diputada Maite Orsini este martes asumió en esta instancia. Con ello, se materializaba una medida que hace tiempo venía rondando en el Frente Amplio, de sacar a Pérez de esta comisión, una de las más importantes de la Cámara.
“El Presidente de la República se enteró el día 16 de junio (del caso Democracia Viva)”, dijo el sociólogo, quien agregó que “como jefe de asesores tomé conocimiento de un rumor el día 7 de junio”. El exdiputado -quien preparó el fin de semana su intervención con la Secom- concitó alta presencia mediática. Tras sus declaraciones, algunos opositores pidieron su salida.
En su comparecencia ante la comisión investigadora por los líos de platas -en una sesión que se extendió por más de tres horas-, el actual jefe de asesores de La Moneda indicó que conoció el caso de manera informal y que se comunicó con la subsecretaria de Vivienda de entonces, Tatiana Rojas, para que investigara.
Tras dos citaciones anteriores, en general, se espera que el jefe del Segundo Piso de La Moneda pueda responder a las inquietudes de los parlamentarios. La diputada de RD -el mismo partido de Crispi-, Ericka Ñanco, acusó que será un show "por parte de la oposición".
Sobre las indagatorias a partir del caso Democracia Viva, Ángel Valencia afirmó que las investigaciones han avanzado "satisfactoriamente" y no procede de momento introducir cambios en su forma de conducirlas.
El persecutor asumió el cargo en un momento en que las miradas de la opinión pública están sobre esta repartición, dado que es en Antofagasta donde nació el caso que hoy tiene en la mira a fundaciones y autoridades. En ese sentido, dice, el Ministerio Público al perseguir responsabilidades penales no tendrá miramientos políticos. Junto con este caso de corrupción que le toca liderar, también admite estar preocupado por el aumento en los delitos relacionados al crimen organizado.
