"Cuando supo de los convenios no dimensionó los efectos políticos que esto iba a provocar”, señaló el jurista Gonzalo Medina.
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Junto a Gabriel Boric, lideró el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile hace 14 años. Fue ayudante de Fernando Atria en su tiempo en la facultad y candidato a consejero regional en 2021.
Edson Dettoni declaró ante el Ministerio Público, donde entregó una serie de antecedentes -entre ellos conversaciones de WhatsApp-, donde reveló que la congresista -que tiene congelada su militancia en Revolución Democrática- sabía de la entrega de recursos fiscales a la ONG que representaba su pareja, Daniel Andrade.
Edson Dettoni declaró el 11 de agosto ante el Ministerio Público, donde entregó una serie de antecedentes -entre ellos, WhatsApp-, en que reveló que la diputada sabía de la entrega de recursos fiscales a la ONG que representaba su pareja, Daniel Andrade. Asimismo, apunta a que antes de que se conociera el caso, se le sugirió al senador Juan Ignacio Latorre advertirle al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, de la información disponible hasta entonces. Sin embargo, desde La Moneda descartaron que este encuentro se haya producido.
A través de un requerimiento al Ministerio Público, como querellante en la causa, pidieron la declaración como testigos de nueve de sus militantes, entre ellos la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas y la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner. En un inicio RD había apuntado en la primera querella que todos los mencionados en una diligencia podían declarar como testigos o imputados; sin embargo, en la nueva solicitud la colectividad hace una distinción de las pesquisas en dos grupos: por un lado, se pide que sean requeridos solo como testigos los que son militantes, y se separa de ellos -para que puedan tener calidad de imputados- los expulsados Daniel Andrade, el exseremi Carlos Contreras y la suspendida congresista.
El 14 de abril de este año, casi dos meses antes de que estallara el escándalo por líos de platas, la Seremi de Vivienda de Antofagasta hizo una investigación interna al funcionamiento del Programa de Asentamientos Precarios. En 48 páginas se da cuenta de una temprana alerta a las irregularidades que hoy persigue el Ministerio Público.
A tres meses de desatado el escándalo por los convenios suscritos entre fundaciones y su cartera, el ministro de Vivienda sostiene que lo de Democracia Viva resulta -hasta ahora- un caso puntual y que “es muy injusto que a partir de la actitud corrupta de un grupo se pretenda liquidar a toda una generación”.
En el análisis elaborado por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, se mencionó por primera vez a la parlamentaria, junto a su expareja Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras.
De acuerdo con antecedentes contenidos en la carpeta del caso, la profesional ejercía como mano derecha del otrora seremi de Vivienda Carlos Contreras y habría tenido directa injerencia en la selección de las fundaciones que firmaron millonarios convenios con el organismo.
La PDI vincula a la legisladora con un posible tráfico de influencias.
En un reservado informe se revisaron testimonios allegados a la causa penal, además de rendiciones de cuentas de la fundación ligada a RD. En el análisis se advierte la comisión de delitos que involucran directamente al exseremi Carlos Contreras, el ingeniero Daniel Andrade y, por primera vez, se menciona a la parlamentaria.
Por medio de una segunda querella, Revolución Democrática desclasificó conversaciones del día en que estalló el caso que tiene en la mira a Daniel Andrade y a Carlos Contreras. A la luz de los antecedentes, dicen, llegaron a la conclusión de que ambos “desde un comienzo han tenido plena conciencia de los hechos ilícitos” y que “han intentado mañosamente esconderlos”.
El Gobierno Regional terminó el contrato que mantenía con la institución liderada por el psiquiatra Alberto Larraín y exige la restitución de $373 millones, debido a que se constataron retrasos significativos en la ejecución del proyecto.
El satélite Landsat 9 de la Nasa dejó en evidencia la recuperación de agua de la conocida laguna de la zona central de Chile después de las lluvias de junio y agosto.
El tribunal de alzada decidió oponerse a la acción judicial presentado por la organización dirigida por Daniel Andrade, con el cual buscaban "poner correcto término” a convenios con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
