El subsecretario Jaime Gajardo Falcón explicó que solicitaron la disolución de la institución representada por Daniel Andrade (exRD) porque se consideró "que eran de tal entidad los incumplimientos estatutarios, de funcionamiento y además también de la ley que ameritaba pedir inmediatamente" una medida de esa naturaleza, que deberá ser presentada por el CDE ante tribunales civiles.
La subsecretaría del ramo busca que el organismo que encabeza Raúl Letelier persiga ante los tribunales civiles la disolución de la entidad presidida por Daniel Andrade (exRD), tras los antecedentes de eventuales delitos de corrupción que la fundación habría protagonizado en Antofagasta. El ministro Luis Cordero precisó que se constató que "existen graves incumplimientos a la ley" y abordó lo que será la "doctrina" para este tipo de casos.
En paralelo al proceso judicial que busca recuperar los $91 millones que Democracia Viva aún no devuelve de los convenios firmados con el Minvu de Antofagasta, el ex militante de RD ha debido enfrentar también el cobro en tribunales de $4.2 millones que le debe a la casa de estudios. La deuda tiene su origen en un pagaré que Andrade firmó en 2021 para financiar parte de sus estudios y del que no ha pagado ninguna cuota, pese a que en 2022 y 2023 tuvo trabajo en tres reparticiones públicas.
En menos de dos años, el creador de Democracia Viva pasó por tres empleos públicos: Pedro Aguirre Cerda, el MOP y Defensa. Por medio de documentos obtenidos por Ley de Transparencia, La Tercera pudo comprobar que Andrade habría mentido sobre una supuesta asesoría prestada a la diputada Catalina Pérez, su expareja; que no cumplía con los requisitos formales para uno de los cargos y que consiguió beneficios a los que sólo unos pocos funcionarios pueden optar, pese a su corto recorrido profesional.
Las declaraciones de la exautoridad ocurren a una semana de la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, que lo sindica como autor del delito de fraude al Fisco.
A partir del análisis que hizo Contraloría en el organismo dependiente del Minvu, se detectó que hubo una evidente falta de control y monitoreo en la ejecución de los contratos que, por ejemplo, suscribieron con Democracia Viva, Movimiento Fibra, ProCultura, TomArte, Urbanismo Social, Espacio Lúdico y Techo para Chile. Además, al 30 de junio, respecto a 68 convenios vigentes, se habían presentado rendiciones por un total de $500.854.319 sin ser revisadas.
La petición, dirigida al presidente de la corporación, se produce a casi una semana de que la contraloría evacuara el informe final de la auditoría a la Seremi de Vivienda de Antofagasta por los millonarios traspasos a la ONG. Jorge Bermúdez dijo que es “muy difícil” que se restituyan los fondos, porque “la fundación no tiene patrimonio”.
Raúl Letelier se refirió a la querella interpuesta en contra del ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras y el representante de Democracia Viva, Daniel Andrade, afirmando que los convenios sin garantía y con una fundación sin patrimonio, dificultan la restitución de los dineros.
Jorge Bermúdez expuso a los diputados de la CEI por líos de platas los detalles de las observaciones incluidas en el informe final de la auditoria que Contraloría hizo en el Servicio Regional Ministerial de Vivienda, por las millonarias transferencias a la ONG representada por el ex RD Daniel Andrade.
"No queremos que la corrupción se nos cole dentro del estado, porque ese es un virus muy difícil de exterminar y vamos a ser firmes y categóricos contra ella", apuntó el Presidente.
La solicitud de los parlamentarios se da luego del informe emitido por la Contraloría que acredita "falta a la probidad" en este caso. Por ello, solicitan que se hagan a la brevedad las imputaciones para los implicados.
En su escrito, el Consejo de Defensa del Estado afirma que tales nexos no fueron advertidos a ninguno de los funcionarios del Serviu ni de la Seremi de Vivienda en el marco de la firma de los convenios, lo que sustenta, en parte, la acusación de fraude al Fisco por $391.768.516.
En la auditoría a la Seremi y el Serviu de Antofagasta, Contraloría detectó que 15 personas recibían sueldo de siete ONG, entre ellas Democracia Viva, aunque trabajan en oficinas de gobierno. Dos de estas trabajadoras serían contratadas recién el 1 de agosto como empleadas públicas.
El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, aseguró que "la prueba documental y testimonial recogida en la investigación" permite presumir que los líos de platas no se debieron a una falta de expertiz o de gestión, "sino a la comisión de un fraude al Fisco”.
En el texto de 91 páginas, el organismo encabezado por Bermúdez advierte una serie de irregularidades, entre las cuales figura la contratación de 12 personas en la Seremi de Vivienda, pero que también prestaban servicios en organismos privados sin fines de lucro, y la falta de control a nivel central por parte del Minvu.
