"No ha tenido respeto por la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados", agregó el timonel UDI. Este viernes, en medio de la ofensiva de la oposición, el gobierno salió a defender la determinación del militante de RD.
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La comisión que investiga el financiamiento irregular de fundaciones aprobó oficiar a Contraloría para zanjar si el jefe de asesores presidenciales tiene las obligaciones de un funcionario público y pide iniciar un proceso sancionatorio en su contra. El escrito se aprobó con votos oficialistas. Incluso, una de las diputadas que votó en contra, Mercedes Bulnes (independiente Frente Amplio), igualmente consideró la ausencia de Crispi como "imprudente".
La presidenta de Evópoli y consejera constitucional señaló que si bien la ofensiva contra la directora de la Dipres estaba a cargo de los diputados de Chile Vamos, su permanencia en el cargo "puede generar una alteración en la tramitación presupuestaria".
“Desde el día que se inició esta causa, a partir de la ampliación de la querella presentada por los políticos republicanos en su contra, nos pusimos a disposición del Ministerio Público y manifestamos nuestra voluntad de declarar cuando lo estime pertinente el fiscal de la causa”, afirmó Miguel Schürmann.
Ante la eventualidad de que se cite a declarar a la directora de Presupuestos, desde las bancadas del bloque opositor solicitaron "removerla de su cargo o al menos de eximirla de la discusión presupuestaria”. Hasta ahora el sector había evitado condicionar la tramitación del proyecto de erario fiscal a su salida.
El Ministerio Público decidió resguardar el acceso de los intervinientes al expediente de la causa durante seis meses, invocando para ello la ley que permite esta facultad, en razón de mantener una investigación con indicios de blanqueo de capitales. Entre las diligencias del ente persecutor hay una serie de solicitudes de análisis a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
"Han hecho abuso de la personalidad jurídica que les otorga la ley", dijo el titular de la cartera, Luis Cordero, quien reveló también que la secretaría de Estado está realizando una amplia investigación a más de cuarenta de esas entidades.
En medio de su gira por Coquimbo, el Presidente precisó que “indignan tanto porque la plata en un Estado siempre es escasa y cuando se mal utiliza duele el triple y no podemos permitirlo, no podemos dar ningún espacio a eso”.
Fundación acusó "ilegalidad y arbitrariedad" en la resolución de la repartición estatal en la que se dispuso el término al convenio y se ordenaba la restitución de los dineros y la liquidación del contrato.
El jefe de asesores no asistió este lunes a la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga los cuestionados traspasos de dinero entre el Estado y fundaciones. Pese a que los parlamentarios lo volverán a convocar, el diseño del gobierno es evitar que el exdiputado salga al frente, porque acercaría mucho el conflicto al Presidente y para eso ya desarrollaron una excusa legal, en la que colaboró el ministro de Justicia, Luis Cordero.
Pese a que desde la asociación se ha valorado la implementación de nuevos mecanismos que busquen velar por la correcta utilización de los recursos públicos, la medida instalada por el Ejecutivo daría cuenta de un “nulo conocimiento” del gobierno central hacia el rol que cumplirían los gores dentro de las regiones y comunidades.
Tres meses de investigación lleva el caso que surgió por los millonarios traspasos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a Democracia Viva. La Fiscalía cuenta con declaraciones, cartolas bancarias y algunos antecedentes bajo reserva que apuntan a desentrañar una trama que complica a, al menos, tres de sus exmilitantes: Daniel Andrade, Carlos Contreras y la diputada Catalina Pérez.
En la nueva arista del caso Democracia Viva, investigación que lleva adelante la Fiscalía de Antofagasta, se conoció la declaración de Edson Dettoni, quien aseguró que Javiera Martínez le habría contado que la diputada Catalina Pérez sabía de los convenios celebrados entre la fundación de su expareja y la seremi de Antofagasta.
El ministro de Vivienda, desde un punto de prensa en Copiapó, volvió a abordar los traspasos directos de recursos desde reparticiones públicas a entidades privadas, asegurando que lo que quiere el gobierno es saber “cómo se produjo, quiénes lo organizaron y quiénes fueron los beneficiados por esto”.
Carlos Contreras declaró ante el tribunal supremo de RD, luego de que estallara el caso de los millonarios convenios entre el Servicio y Democracia Viva. Además de una explicación técnica de por qué se firmaron esos traspasos, dijo que "es necesario tener presente que la derecha está buscando nuevos flancos". También, defendió la experiencia de la cuestionada ONG de Daniel Andrade.
