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Una de las irregularidades detectadas por Contraloría en la auditoría a la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta, dice relación con la contratación de 15 personas -al menos dos militantes de RD- que también formaban parte de ONG, como Democracia Viva, ProCultura, Asociación Campamento de Ideas, Corporación Espacio Lúdico, Un Techo para Chile, Movimiento Fibra y Fundación para la Superación de la Pobreza. Además, ya estallado el caso, las oficinas regionales del Ministerio de Vivienda contrataron a dos de estas funcionarias, recién el 1 de agosto.

"Es el momento en que el ministro dé un paso al costado”, dijo Eric Aedo (DC). Lo mismo planteó Yovana Ahumada (legisladora independiente), mientras que José Miguel Castro (RN), quien preside la comisión investigadora por los convenios con ciertas fundaciones, dijo que “es un nuevo terremoto para el Minvu". En la Cámara, además, existe malestar de que el ministro haya pedido una sesión secreta para aportar antecedentes.

El Mandatario se encontraba participando de la cena anual de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), cuando el órgano contralor -la tarde del jueves- dio a conocer el informe final de la auditoría a la Seremi de Vivienda de Antofagasta, en relación a las transferencias a la fundación Democracia Viva.

En el texto de 91 páginas, el organismo contralor advierte una serie de irregularidades, entre las cuales destaca la contratación de 12 personas en la Seremi de Vivienda, pero que también prestaban servicios en organismos privados sin fines de lucro, y la falta de control a nivel central por parte del Minvu.

En el documento, donde se revisaron todos los convenios entre los años 2020 y 2023, se acreditó la “falta a la probidad” por parte de exseremi de Vivienda Carlos Contreras y se dio a conocer que dividió montos de convenios para evitar el control del ente fiscalizador. Además, Jorge Bermúdez señaló que pronto se podría presentar otro informe de auditoría, correspondiente a fundaciones de Puerto Montt.

El organismo evacuó el informe final de la auditoria que hizo en el Servicio Regional Ministerial de Vivienda por las millonarias transferencias a la ONG representada por el ex RD Daniel Andrade. En 91 páginas se detectan una serie de irregularidades -ya enviadas a la Fiscalía-, entre las cuales destaca la contratación de 12 personas en la repartición de gobierno, pero que también prestaban servicios en organismos privados sin fines de lucro, y la falta de control a nivel central por parte del Ministerio de Vivienda. Se dio un plazo de 30 días para subsanar las observaciones.

El Consejo de Defensa del Estado interpuso una acción en sede civil en contra de la ONG representada por el exmilitante RD, Daniel Andrade. "No dio cabal y oportuno cumplimiento a las obligaciones que asumióen cada convenio", se lee en el escrito.

El organismo encargado de resguardar los fondos fiscales, presentará la judicial durante los próximos días ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, luego de analizar nuevos documentos que se solicitaron al ente persecutor.

El último sistema forntal logró que la tradicional laguna volviera a lucir su espejo de agua, lo que fue celebrado por la Municipalidad de Paine, donde se emplaza.

El pasado 14 de julio el Serviu de la Región de O'Higgins requirió a la fundación Arquiduc, vinculada a un exmilitante de Renovación Nacional, devolver los $121 millones que se le entregaron en 2021 para ejecutar dos convenios en campamentos de la zona. Pese a que es parte del 22% de convenios cuestionados que fueron firmados durante el gobierno anterior, se trata de la segunda solicitud de restitución de fondos en todo el país, después de Democracia Viva.

En el Minvu cuestionaron el destino que tuvieron dichos fondos, puesto que fue "en desmedro" de los objetivos de los convenios suscritos, lo cual tiene al Consejo de Defensa del Estado revisando cada uno de los fondos utilizados en el programa de Asentamientos Precarios de Antofagasta. "El porcentaje destinado a esos ítems se determinó alto en comparación a los gastos de inversión en obras”, comentaron desde la cartera encabezada por Carlos Montes.

El organismo ultima los detalles de una demanda civil en contra de Democracia Viva, que a pesar de haberse cumplido el plazo que tenía para devolver dineros por conceptos de tres contratos cancelados, sólo ha restituido el 75% del total. Además, tras petición del Ejecutivo, la entidad prepara nuevas medidas con miras a retener los bienes de EnRed y Arquiduc.

No sólo Democracia Viva es la entidad con la que la cartera liderada por Carlos Montes libra una batalla para recuperar dineros, sino que a través de otras dos seremis también se han pedido devoluciones a EnRed y Arquiduc. Como constataron profesionales del servicio, ambas ONG incumplieron disposiciones fijadas en los respectivos contratos, no hicieron las rendiciones que correspondían ni cumplieron con las etapas estipuladas.

"Respecto del monto restante, que hemos gastado en los objetivos del convenio, hemos solicitado una corrección de las liquidaciones efectuadas por Minvu”, señalaron desde la fundación. La diferencia corresponde a $96 millones. El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que "si Democracia Viva no quiere reintegrar los fondos faltantes, que son los que ellos están objetando, las acciones civiles y penales del Ejecutivo serán muy claras".

Los secretarios regionales ministeriales han estado en el ojo del huracán en las últimas semanas a partir del lío de platas con las transferencias realizadas a fundaciones. La Tercera realizó una radiografía para evidenciar el poder de los partidos oficialistas a lo largo del país. Se mantiene la paridad y el PS con Convergencia Social lideran los nombramientos.