En el grupo de WhatsApp de la comisión política del partido ayer varios militantes hicieron sus descargos contra el secretario ejecutivo de la colectividad, quien -en su declaración ante la Fiscalía- apuntó al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, y a Javiera Martínez. El director de Metro, quien es militante de la tienda, se quejó: "¡Les dijimos en todo momento que la carpeta se iba a filtrar!”.
En cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric anunció el proyecto para el erario fiscal del próximo año, iniciativa que está cruzada por los líos de plata que sacudieron al oficialismo.
A través de una solicitud al Juzgado de Garantía de Antofagasta, el fiscal Cristián Aguilar, quien indaga ilícitos de tráfico de influencias, fraude al Fisco y cohecho, por los traspasos de fondos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, pidió conocer las cuentas cuatro cuentas bancarias de la diputada RD. También solicitó lo mismo respecto de Daniel Andrade y Carlos Contreras.
Los diputados de oposición argumentaron que “no resulta comprensible que tras al menos tres meses de investigación y conociéndose resultados contundentes de dicho proceso investigativo, este CDE no haya intervenido mediante el ejercicio de las acciones judiciales de carácter penal que fueren procedentes".
La arremetida de los diputados de oposición se produce luego de que este jueves se conociera el testimonio del secretario ejecutivo de Revolución Democrática, Edson Dettoni, quien ante el Ministerio Público aseguró que la legisladora sabía de los millonarios convenios de Democracia Viva -ONG que representaba su pareja, Daniel Andrade- con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
"Cuando supo de los convenios no dimensionó los efectos políticos que esto iba a provocar”, señaló el jurista Gonzalo Medina.
Junto a Gabriel Boric, lideró el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile hace 14 años. Fue ayudante de Fernando Atria en su tiempo en la facultad y candidato a consejero regional en 2021.
Edson Dettoni declaró ante el Ministerio Público, donde entregó una serie de antecedentes -entre ellos conversaciones de WhatsApp-, donde reveló que la congresista -que tiene congelada su militancia en Revolución Democrática- sabía de la entrega de recursos fiscales a la ONG que representaba su pareja, Daniel Andrade.
Edson Dettoni declaró el 11 de agosto ante el Ministerio Público, donde entregó una serie de antecedentes -entre ellos, WhatsApp-, en que reveló que la diputada sabía de la entrega de recursos fiscales a la ONG que representaba su pareja, Daniel Andrade. Asimismo, apunta a que antes de que se conociera el caso, se le sugirió al senador Juan Ignacio Latorre advertirle al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, de la información disponible hasta entonces. Sin embargo, desde La Moneda descartaron que este encuentro se haya producido.
A través de un requerimiento al Ministerio Público, como querellante en la causa, pidieron la declaración como testigos de nueve de sus militantes, entre ellos la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas y la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner. En un inicio RD había apuntado en la primera querella que todos los mencionados en una diligencia podían declarar como testigos o imputados; sin embargo, en la nueva solicitud la colectividad hace una distinción de las pesquisas en dos grupos: por un lado, se pide que sean requeridos solo como testigos los que son militantes, y se separa de ellos -para que puedan tener calidad de imputados- los expulsados Daniel Andrade, el exseremi Carlos Contreras y la suspendida congresista.
El 14 de abril de este año, casi dos meses antes de que estallara el escándalo por líos de platas, la Seremi de Vivienda de Antofagasta hizo una investigación interna al funcionamiento del Programa de Asentamientos Precarios. En 48 páginas se da cuenta de una temprana alerta a las irregularidades que hoy persigue el Ministerio Público.
A tres meses de desatado el escándalo por los convenios suscritos entre fundaciones y su cartera, el ministro de Vivienda sostiene que lo de Democracia Viva resulta -hasta ahora- un caso puntual y que “es muy injusto que a partir de la actitud corrupta de un grupo se pretenda liquidar a toda una generación”.
En el análisis elaborado por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, se mencionó por primera vez a la parlamentaria, junto a su expareja Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras.
De acuerdo con antecedentes contenidos en la carpeta del caso, la profesional ejercía como mano derecha del otrora seremi de Vivienda Carlos Contreras y habría tenido directa injerencia en la selección de las fundaciones que firmaron millonarios convenios con el organismo.
La PDI vincula a la legisladora con un posible tráfico de influencias.
