La sentencia del senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, en T13 Radio este miércoles marcó un punto de quiebre respecto de la actitud que había tenido con la diputada Pérez en torno al caso Democracia Viva. Las razones, no aclaradas del todo, apuntan a una solicitud de la directiva para que la parlamentaria hiciera un "gesto", una declaración con mayor detalle, o hacerse parte de una querella. Sin embargo, eso no ocurrió.
La falta de cuadros "de peso" que cumplan con el perfil necesario para conducir el momento más difícil del partido fundando en 2012 es la principal razón para mantener a Juan Ignacio Latorre en la presidencia de la colectividad, pese a su cuestionada gestión para enfrentar el escándalo por los convenios suscritos entre el Minvu y Democracia Viva. Pese a eso, entre los nombres que mencionan en la tienda para asumir el puesto están Rodrigo Echecopar y el actual titular de Educación, Marco Antonio Ávila, en caso que avance la acusación constitucional en su contra.
En el marco del caso Democracia Viva el contralor Jorge Bermúdez aseguró que “esta es una situación bastante más amplia que, evidentemente, lo que supone es que hay una manera de actuación que hay que, tal vez, regular de mejor manera”, añadió.
Andrea Repetto explicó su teoría respecto al caso de Democracia Viva y apuntó a que "desde la Seremi debe haber un control mucho más claro de qué es lo que requieren y quién es capaz de hacer eso de la manera más eficiente y eficaz”.
"Es una persona que ha sido bastante competente en su desempeño”, afirmó el titular del Minvu sobre Rodrigo Hernández. Sobre las críticas del legislador a resolución dijo que "él podrá tener sus objeciones, que las haga saber y para eso hay distintas instancias democráticas para discutirlo”.
La instrucción se da luego que se destapara el caso Democracia Viva, situación que mantiene al Ministerio Público indagando supuestos delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencia entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
La máxima autoridad del Ministerio Público no descartó liderar las investigaciones por millonarios contratos celebrados por el Minvu y la fundación ligada a militantes RD.
Si bien se trata de una de las fundaciones más grandes y reconocidas a nivel país, está bajo los cuestionamientos del ministro Carlos Montes, pues al igual que en el caso de Democracia Viva, tenía entre sus funcionarios a estrechos excolaboradores de la diputada Pérez y se adjudicaron en pocos meses altas sumas de dinero. Pese a que se entregaron antecedentes sobre ello al fiscal a cargo de la causa, los directivos de la entidad aseguran que estaría todo en regla.
Diputados y alcaldes de la colectividad han cuestionado la forma en que el senador abordó -al inicio de la crisis- el lío de platas por los convenios entre el Minvu y Democracia Viva. Algunos creen que lo más conveniente es esperar y no hacer cambios por ahora, pero que se debe revisar el liderazgo del partido.
El Ministerio Público actuó de oficio, ahora, para indagar las transferencias a la ONG que integró el actual jefe regional, Rodrigo Hernández. Se pesquisan contratos que sumarían más de $ 500 millones. El fiscal regional de la zona, Julio Contardo, derivó los antecedentes a su par de Antofagasta.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) ya remitió los antecedentes a Fiscalía y al Servicio Electoral para que se indaguen eventuales irregularidades.
En un principio, las declaraciones del timonel oficialista apuntaban a "errores políticos" y "descriterios" en el vínculo entre Catalina Pérez y las partes involucradas en el caso Democracia Viva. Sin embargo, con el paso de los días y tras conocerse nuevos antecedentes, fue cambiando el tono.
Se trata de un documento perteneciente a Enterreno, fundación dedicada a recolectar fotografías antiguas, bajo el nombre "Vistas de Chile". El archivo muestra imágenes de 1890, destacando registros de pueblos originarios del sur del país, de Santiago, el fuerte Vergara en Viña del Mar, la laguna de Aculeo y Antofagasta, entre otros.
La fundación es una de las más grandes y reconocidas a nivel país, pues también tiene convenios y recibe aportes de una multiplicidad de municipios y organizaciones gubernamentales, como también de gobiernos regionales. En la Región de Antofagasta recibió durante el año pasado siete transferencias de parte de la Seremi de Vivienda por un total de $ 529.000.000. Sus integrantes se defienden.
Pese a comunicarse su salida durante el fin de semana, este martes la exautoridad de Vivienda acudió hasta las oficinas del ministerio para despedirse de su equipo de funcionarios. Cuando se hizo el anuncio de la salida de Rojas, Boric quiso marcar un tono distinto: se informó que él solicitó la renuncia y no que la "aceptó", como se había comunicado con otros cambios.
