Preocupación generó en el mundo de la defensa de los Derechos Humanos la "celeridad" con que la Fiscalía Occidente actuó para incautar el celular del abogado de la bancada PS, Enrique Aldunate, tras una denuncia respecto a que supuestamente entregaría antecedentes reservados del caso Audio a un medio de comunicación. La abogada experta en la materia asegura que se está dando una señal errónea: "la criminalización de un actor no estatal, como es el caso de este querellante, puede dañar seriamente la libertad de expresión, y da cuenta de cómo los fiscales se lavan las manos de un problema que es de ellos... de hecho, genera un efecto intimidatorio en actores que no tienen el deber de reserva contemplado en la ley".