Al filo de que la instancia fiscalizadora terminara su período de audiencias, la directora de Presupuesto ingresó un escrito donde precisa que su repartición no flexibilizó traspasos desde gobiernos regionales a fundaciones. Si bien la oposición congeló su ofensiva en contra de la alta funcionaria de Hacienda, ello no sería suficiente para eximirla de un balance adverso de parte de los diputados.
No han sido meses fáciles para la directora de Presupuestos. Su nombre ha estado en la primera línea luego de que explotara el caso de Democracia Viva a mediados de junio. De bajo perfil mediático y concentrada en los temas técnicos del Presupuesto, ha buscado sortear esta crisis manteniendo la “templanza”, la que se medirá a contar del martes próximo cuando comience la discusión del erario fiscal en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. En la oposición varios anticipan que la discusión en Sala podría ser más compleja para la ingeniera civil industrial en minas.
Una persona desconocida logró entrar hasta el piso 12 del edificio ubicado en Teatinos 120 para sustraer seis notebooks. OS-9 de Carabineros quedó a cargo de las pesquisas. El ministro (s) Monsalve lo catalogó de "robo común" y pidió esclarecer el hecho.
Bermúdez indicó que la Dirección de Presupuestos fijó parámetros "muy generales" para la regulación de transferencias en gobiernos regionales. "Lo que puede ocurrir es que esta regulación regional que se supone que atiende a las asignaciones directas, puede quedar laxa o no, dependiendo de cual sea el criterio que tenga el gobierno regional, dado que el parámetro que fija la resolución 497 es muy amplia”, expuso.
Cristina Torres sostuvo además que el proyecto de ley de Presupuesto para el próximo año no se hace cargo de las necesidades puntuales de la ciudadanía.
En la derecha continuaron los cuestionamientos en contra de la directora de la Dipres y este miércoles desde las bancadas de Chile Vamos pidieron al Presidente Gabriel Boric su renuncia.
La directora de la Dipres dijo además que no ha sido citada a declarar por la Fiscalía de Antofagasta en el marco de la investigación por los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado.
En el proyecto se establece que el concurso público sea obligatorio para todas las transferencias, tanto públicas como privadas, y se reducen las excepciones, quedando expresadas de manera explícitas en la ley. Además, se crean tres nuevos artículos que apuntan a fortalecer la regulación en el vínculo con privados. Uno fija nuevos requisitos que deberán cumplir los convenios de transferencias, otro los reintegros de saldos no ejecutados, y el tercero aborda la inhabilidad de los funcionarios públicos en concursos que estén haciendo sus servicios.
Entre los parlamentarios que integran la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, hubo consenso de que los cambios propuestas van en la dirección correcta para asegurar un mejor control. Según explicó la directora de Presupuestos, el proyecto propone más de 1.000 cambios normativos para elevar los estándares en el uso de los recursos públicos, sumando las modificaciones al articulado, a las glosas y en la reclasificación del gasto público.
De acuerdo a la información de la Dirección de Presupuesto, el Ministerio del Deporte es el que más cae, al ya no tener los gastos asociados a los Panamericanos 2023.
De acuerdo a las estadísticas que tiene la Contraloría General de la República, el año pasado se recibieron 145.362 Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), de un total de 101. 230 funcionarios del Estado.
De acuerdo al informe de Ejecución fiscal que publicó la Dirección de Presupuestos, los ingresos del Gobierno Central Total disminuyeron 28% real anual -la terceramayor de 2023. Asimismo, los ingresos tributarios netos, a su vez, bajaron 15,4% real anual.
En crecimiento para los próximos cuatro años sería de estimó en un 2,1%. Todo esto como resultado de los Comités Consultivos del Producto Interno Bruto (PIB) No Minero Tendencial y del Precio de Referencia del Cobre.
Entre los cambios propuestos se disminuye umbral de 7.000 UTM a 3.000 UTM de los recursos que deben ser visados por los consejeros regionales. Eso en caso que sea asignación a entidades públicas. En transferencias a privados todo debe ser analizado por los consejeros regionales. Además se mejorará la redacción de causales de infracción grave a normas de administración financiera en cuanto a destitución y se controlará la participación del gobiernos regionales en entidades privadas. Los diputados plantearon dudas sobre el endeudamiento.
Dada lo amplio del tema y lo complejas que son las materias presupuestarias, quedaron en realizar nuevos encuentros para seguir aclarando dudas en relación al presupuesto de los gobiernos regionales, pero también lo que ha pasado con los recursos de los seremis.
