De acuerdo al informe de ejecución presupuestaria de febrero, los ingresos en el mismo período anotaron una caída de 13,9% real anual, lo que se explica por las reducciones de la tributación de los contribuyentes no mineros de 12,7% y de rentas de la propiedad que cayeron 62,0%.
De acuerdo a las cifras publicadas por la Dirección de Presupuestos (Dipres) se ejecutó el 98% del erario fiscal destinado a inversiones. Como contrapartida, entre las regiones más rezagadas estuvieron Coquimbo, con 92,5%; Aysén, con 92,6%; Arica y Parinacota, con 96,6%, y La Araucanía, con 96,9%.
Recién 26 de enero, siete días antes de que el pleno de la Corte Suprema aprobara la compra de los vehículos, el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial envió a la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, el documento con que formalizó la petición realizada meses antes para renovar la flota de vehículos. Ahí, Ricardo Guzmán hizo alusión a un "acuerdo" que había tomado Martínez el 9 de noviembre de 2023 para transferirles el saldo inicial de caja. Eso sí, en ese entonces no se habló de que eran dineros para comprar autos.
Algunos de los magistrados detallan que fue en diciembre del 2023 que el presupuesto había sido aprobado por la Dirección de Presupuestos, sin embargo, la institución que depende de Hacienda descarta haber autorizado los más de $ 1.300 millones destinados a esta compra. El Poder Judicial apunta al Ejecutivo, y Mario Marcel advierte: “El gobierno no resuelve qué auto se compra”.
Desde la Dipres se aclaró que la Ley de Presupuestos 2024 aprobada por el Congreso no incluye recursos asignados para la adquisición ni renovación de vehículos para el Poder Judicial, asegurando que este “es autónomo en la ejecución de su presupuesto”.
El otrora titular de Hacienda recordó una solicitud que pasó por su escritorio y que decía relación con el recambio de una serie de vehículos de magistrados. "Gentilmente le señalé que, por razones obvias, no accederíamos a esa solicitud", comentó.
La Dirección de Presupuestos (Dipres) publicó el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2023. Entre sus principales proyecciones mantuvo que el PIB crecerá 2,5% este año, lo que está por sobre las expectativas del mercado y las del Banco Central. Ve también más ingresos y una deuda pública que tendrá un peak en 2025 de 41,5% y luego se estabilizaría en 41,2% desde 2026 en adelante.
Según la Dirección de Presupuesto (Dipres), el FEES cerró en diciembre del año pasado con US$ 6.030,11 millones, en tanto el Fondo de Reserva de Pensiones llegó a 8.638,56 millones. La rentabilidad del primero fue de 5,3%, mientras el segundo alcanzó a 14,6%, dejando atrás las caídas de 2022.
El Consejo Fiscal Autónomo dijo que, si esta nueva cifra de déficit de 0,5% del PIB se mantiene en los años siguientes, “no garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas, y podría generar que la deuda pública sobrepase su nivel prudente en la próxima década”, que es el 45% del PIB. Las economistas consultadas coinciden en las preocupaciones del CFA.
Después de las irregularidades del Caso Convenios, el Ministerio de Hacienda realizó cambios en el sistema de asignación de recursos, los que generaron una férrea oposición en el mundo de la actividad física y del alto rendimiento. De hecho, 25 entidades enviaron una carta al ministro Jaime Pizarro para buscar soluciones.
La directora de Dipres, Javiera Martínez, destacó que el Presupuesto 2024 entrega herramientas para hacer frente a las debilidades que permitieron facilitar a la transferencia de recursos públicos a fundaciones que luego fueron cuestionadas tras conocerse los líos de platas.
En el último período, diputados opositores no le permitieron a la directora de Presupuestos ingresar a la sala de la Cámara durante la discusión del erario nacional y salieron a pedir su renuncia por su eventual responsabilidad en los traspasos irregulares de recursos públicos a fundaciones. Además, el informe de la comisión investigadora le hizo un reproche legal y administrativo y no consideró sus descargos por este caso.
El proyecto del Presupuesto 2024 ahora deberá ser revisado por la Cámara de Diputadas y Diputados para luego ser respaldado por el Senado.
El Presupuesto 2024 avanzó a su tercer trámite legislativo y deberá estar despachado este martes 28 de noviembre.
Si llegase a prosperar ese texto en la instancia fiscalizadora, sentaría un punto delicado para el futuro del ministro de Vivienda, a quien sectores de la derecha pretenden acusarlo constitucionalmente. Este concepto fue usado en el pasado para sostener los libelos en contra de los exministros Harald Beyer (Educación), Yasna Provoste (Educación) y Andrés Chadwick (Interior).
