El regulador organizará el evento "de mayor importancia para las entidades supervisoras a nivel mundial" en el sector de seguros, dice. Aunque el presupuesto de $ 300 millones fue autorizado en febrero, solicitó la venia de la Dirección de Presupuestos para ejecutar los gastos asociados al evento, considerando que en abril Presidencia envió un instructivo que establece restricciones concretas de gastos en las reparticiones de gobierno.
La directora de Presupuestos resalta la importancia que tiene para el gobierno mantenerse dentro del marco presupuestario para poder llevar adelante las reformas comprometidas. “Normalizar la situación fiscal con respecto al año pasado nos dará la estabilidad fiscal necesaria para poder financiar los derechos sociales y poner la política fiscal al servicio de las personas”, dice. Y añade que “lo peor que nos puede pasar es avanzar con los cambios y que después se tenga que retroceder”.
En el primer Informe de Finanzas Públicas del gobierno de Gabriel Boric, se refrendó el compromiso de respetar la sostenibilidad fiscal. Para el fin del período presidencial, la deuda pública se estabilizaría bajo 45% del PIB. La trayectoria de reducción del déficit fiscal estructural comenzará en 3,3% y se irá disminuyendo 0,75 punto del PIB por año. Se estima un crecimiento promedio del PIB de 2% en 2022-2025.
En su exposición ante la Comisión de Hacienda del Senado, el ministro, Mario Marcel junto a la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez, delinearon el escenario macro fiscal que tienen previstos para 2022 y el mediano plazo.
Con este nuevo aporte, el gobierno espera que al término de la presente administración se recuperen los activos totales del fisco a los mismos niveles presentados a principio de 2021. Al cierre del año pasado los recursos que había en el FEES llegaron a mínimos de US$2.457 millones. Ahora ya alcanzan los US$6.400 millones.
Las holguras fiscales por US$ 30 mil millones para el período entre el 2023 y 2026 anunciadas por el Ministerio de Hacienda la semana pasada generaron incredulidad entre los expertos por los supuestos utilizados para el cálculo y el sentido del anuncio. Mientras la Dipres defendió las proyecciones, el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que revisarán en detalle los datos de ingresos y los gastos cuando tengan acceso a la totalidad de la información.
La economista además coincidió con los exministros de Hacienda Nicolás Eyzaguirre e Ignacio Briones, y con la consejera del CFA, Paula Benavides, respecto a que la Constitución consigne el principio de justicia intergeracional, el cual guíe la política fiscal.
Martínez es ingeniera industrial en Minas de la Universidad Católica, con un magíster en Economía Política de la Universidad de Nueva York. Ha estado desde un comienzo en equipo de Gabriel Boric liderando el trabajo programático.
Entre los más destacados está el aumento de los recursos de libre disposición que pasaron de US$720 millones a US$800 millones, y un mejoramiento a los recursos de salud. Desde el Ejecutivo destacan que los cambios se hicieron manteniendo la caída del gasto público de 22,5%.
Se espera que el gobierno reponga las 16 partidas rechazadas, pero la idea que se maneja es consensuar los cambios con la oposición. Esta semana además está en tabla el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones; la extensión del Estado de Excepción y la acusación constitucional contra el Presidente Piñera.
La propuesta contempla una fuerte inversión en infraestructura para el megaevento. También hay incrementos en el deporte convencional y paralímpico y un leve recorte en la postulación conjunta para el Mundial de Fútbol de 2030.
De acuerdo al escenario fiscal y macro entregado por la Dirección de Presupuestos para mediano plazo, se considera una reducción del déficit estructural de 1% del PIB hasta 2026, año en que se espera converger al balance fiscal con un 0,1% del PIB. Para el PIB la expansión prevista promedio no llega ni al 3%, por lo que los programas de los candidatos presidenciales deberán adecuarse a esta nueva realidad.
Desde el órgano constituyente acusan consideraciones políticas detrás de la negativa del Ministerio de Hacienda a la solicitud que hizo la mesa para incrementar el Presupuesto 2021 con el objetivo de financiar las asignaciones de los convencionales y que el pleno fijó en cerca de cuatro millones de pesos. El conflicto -que además tiene frenadas las negociaciones con el organismo respecto de los montos que se dispondrán para el ciclo 2022 y que deben ser enviados al Congreso a más tardar el 30 de septiembre-, será abordada este jueves en una reunión en que se verán las caras Elisa Loncón y Jaime Bassa y los ministros Rodrigo Cerda (Hacienda) y Juan José Ossa (Segpres).
La cita se da luego de que la Dipres aceptara parcialmente la solicitud que hizo la mesa -en coordinación con Segpres- para suplementar la partida 22 del Presupuesto 2021 en orden a financiar el ítem bienes y servicios (se pidieron cerca de 400 millones para eso) y, por otro lado, el ítem de asignaciones que el pleno de la Convención Constitucional resolvió fijar en 77 UTM, es decir, cerca de 4 millones de pesos. Este último monto fue rechazado por el organismo de Estado.
El propósito de la medida, que todavía está en evaluación y que depende de que la Dipres concluya el trabajo del erario público, es adelantar en una semana su tramitación -legalmente debe ingresar no más allá del 30-, para que su paso por el Congreso esté lo más avanzado posible antes de la primera vuelta presidencial.
