Este lunes el proyecto que sube el ingreso básico a $500 mil a julio de 2024 ingresó al Congreso para su discusión legislativa. Los diputados acordaron que el texto debe ser analizado por las comisiones de Trabajo, Economía y Hacienda antes de pasar a la sala de la Cámara de diputados.
"El fiscal nacional se ha comprometido a iniciar un estudio mediante la unidad de delitos económicos, puesto podríamos estar en presencia de otros delitos. No vamos a permitir que se intente tapar este escándalo", dijo el diputado Daniel Manouchehri .
La iniciativa obtuvo el visto bueno en la cámara baja y quedó lista para ser promulgada.
Ayer la mayoría de las bancadas de derecha acordó apoyar las modificaciones a la iniciativa, que fueron fruto de un acuerdo político en el Senado. Dentro de la oposición, los únicos que se negaron fueron los republicanos, cuyo rechazo -con el fin de alargar la tramitación y exigir mayores garantías a los policías- quedó fuera de juego tras la necesidad de apurar la entrada en vigencia de la nueva ley.
El requerimiento presentado por 47 diputados de la oposición, ingresado ante el Tribunal Constitucional (TC), busca que se declare inconstitucional la norma que permite cultivar marihuana a aquellas personas que tengan una receta médica que justifique su plantación. En su argumentación, los personeros de derecha sostienen que está fuera de las normas de la Constitución la forma en la que se integró la indicación que permite el autocultivo de marihuana.
La denominada ley Retamal es un trago difícil para La Moneda, ya que divide al oficialismo y modifica un conjunto de cuerpos legales en forma no armoniosa. La ministra Tohá informó que la voluntad del gobierno era hacerse cargo de la problemática dentro de la próxima reforma sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF). Sin embargo, en vista de que se adelantó la discusión, presentarán una indicación a esta normativa.
Se eligió a la diputada Sofía Cid (RN) como presidenta de la instancia, quien afirmó que se invitarán a expresidentes -como Ricardo Lagos-, a la ministra Camila Vallejo y al subsecretario Manuel Monsalve. La comisión deberá entregar su informe en un plazo de 60 días.
Si bien la semana pasada la ministra les habría anunciado a los diputados de La Araucanía que se presentarían medidas sobre el estado de excepción, este miércoles en la Sala del Senado señaló que "no tenemos ninguna intención ahora de hacer una desescalada”, aunque el plan “está formulado”.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Carlos Bianchi (Ind) indicó que lo que se busca con esta iniciativa “es homologar lo que ocurre en la función pública”.
Tras reunirse con la ministra Carolina Tohá, diputados de La Araucanía afirmaron que les planteó "presentar el plan para comenzar a eliminar el estado de excepción en la región", lo que algunos calificaron de "peligroso". Desde el Ministerio del Interior aseguraron que no hay un diseño establecido para moderar la presencia militar en la zona, y que la jefa de gabinete está sondeando los parámetros para un retiro paulatino de la medida que ha calificado como "excepcional, transitoria".
“La ministra del Interior planteó la salida del sistema de estado de excepción como lo conocemos actualmente y en su reemplazo un sistema de estado de excepción distinto, nuevo”, dijo el diputado Miguel Ángel Becker (RN), mientras que Mauricio Ojeda (Ind) aseguró que una eventual disminución de la presencia militar en la Araucanía le parece "peligroso".
Tras el rechazo a la reforma tributaria, en cadena nacional el Presidente sostuvo que es "una buena noticia -como lo dijo nuestro ministro Marcel- para quienes eluden impuestos de manera impune y vergonzosa y para quienes los asesoran, que podrán seguir usando resquicios a su favor y que, sin dudas, hoy van a celebrar la votación de la Cámara de Diputados".
A diferencia de períodos pasados, donde el Ejecutivo intentó bloquear lo más posible el debate de estas iniciativas, en esta oportunidad en el gobierno transmiten tranquilidad. Incluso, en las bancadas oficialistas ha comenzado a imponerse una estrategia completamente opuesta a las ocasiones pasadas: no entorpecer que se ponga en tabla esta reforma constitucional.
La costumbre que ha predominado desde 1990 es que el Parlamento retome sus labores los primeros días de marzo. La justificación para que la Cámara sea el último poder del Estado que aún no reanuda sus funciones son las obras de mantención y también los feriados legales de sus funcionarios, que tuvieron que retrasarse este verano. El riesgo de comenzar tarde este año fue advertido por la mesa de la Cámara.
Encabezados por el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic (PL), los signatarios de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático -en su mayoría del PS, el PC e independientes- llaman a poner de lado las diferencias y destacan la necesidad de alcanzar "un pacto lo más amplio posible". Esto, en momentos en que sectores como la DC y el PPD han descartado unir fuerzas con los comunistas y Apruebo Dignidad.
