"Es un acuerdo para recuperar pronto nuestra capacidad de crear más y mejores empleos y mejorar los salarios", dijo el presidente.
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El arma habitual del cartel, cerrar el grifo para sostener los precios, fue utilizada este año con un vigor que marca un hito.
La convocatoria se busca analizar las propuestas de reactivación económicas que hoy día están sobre la mesa, incluido el borrador inicial de la CPC.
Pese a que el IPC de mayo fue de -0,1% y los alimentos anotaron 0% mensual, en 12 meses estos productos han subido 6,6%. La diferencia del IPC entre quintiles empezó a aumentar desde noviembre.
Ello,a menos que las dos regiones reduzcan sus impuestos a la langosta estadounidense.
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se refirió a la salida de Arturo Tagle de BancoEstado.
"Tenemos eventualmente la posibilidad de que esta ley no esté solamente en este periodo más acotado, sino no tener un plazo de hasta de 10 meses para poder darle protección a los trabajadores de esas empresas", dijo la titular del Trabajo.
Las medianas concentran un 33% de las mismas, le siguen la grande y pequeña con 30% y luego la pequeña empresa con 18%, pero por número de trabajadores la distribución cambia, la gran empresa desvinculó a 152 personas en promedio, la mediana con 24 despidos, luego la pequeña con 7 y finalmente la microempresa con 3 trabajadores desvinculados en promedio.
Las remuneraciones, ajustadas por la variación del IPC, registraron en abril una baja de 0,8% en 12 meses. Esto, más el retroceso en los puestos de trabajo, significó que la masa salarial descendiera un 3,4%.
La CPC busca compartir con este grupo de economistas, el borrador inicial que incorpora las propuestas que todos los sectores productivos entregaron el miércoles pasado.
En la Comisión de Hacienda de la Cámara, algunos diputados acusaron al Ejecutivo de falta de transparencia al ingresar esta indicación.
Los economistas esperan un IPC entre 0% y 0,1% para mayo y junio.
Los abogados creen que el sistema de pensiones no debería quedar establecido en la Constitución a futuro, pero estiman que la actual iniciativa opositora probablemente no es inconstitucional.
Lo llamaron “corralito” y apuntaron que sólo afectaría a los pequeños ahorrantes porque no incluye a quienes tienen APV.
Su objetivo es fortalecer las competencias de equipos de trabajo de entidades tanto públicas como privadas, que deban cumplir con la Ley N°21.015 mediante el diseño y ejecución de procesos presenciales de capacitación en todo el territorio nacional.
