A pesar de la alta demanda (que se puede y debiera prever), los colegios más solicitados tienen límites de expansión. Mientras el gobierno sugiere soluciones parches, el 78% de las comunas no puede abrir nuevos establecimientos subvencionados debido a restricciones legales (Horizontal, 2024). Es una situación irónica y contraproducente.
Luego de la serie de hechos que afectaron a los recintos de Atacama, la Dirección de Educación Pública encargó un levantamiento de información a todos los servicios en régimen. Los resultados dan cuenta de un fenómeno que no afecta solo a los establecimientos del norte del país.
El ministro Nicolás Cataldo, las subsecretarias Alejandra Arratia y Claudia Lagos; el director de Educación Pública, Rodrigo Egaña; la senadora Yasna Provoste e incluso el presidente del gremio docente, Mario Aguilar, se verán las caras en la región nortina con motivo de la crisis del SLEP. Desde ya se anuncian instancias tensas.
La acción se suma a la querella ya presentada por la Municipalidad de La Reina en contra de Juan Carlos Aramayo, quien había sido obligado a renunciar a su cargo en el SLEP Licancabur una vez conocidos los hechos.
El arranque del año escolar está fijado para el 5 de marzo, pero los profesores del SLEP atacameño pusieron en suspenso esa situación. La incertidumbre obliga al secretario de Estado, dos subsecretarias y el director de Educación Pública a trasladarse durante jueves y viernes a la región, donde coincidirán con la Comisión de Educación del Senado, que definió sesionar en la zona los mismos días.
Funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones llegaron hasta las dependencias del servicio donde el Ministerio Público investiga presuntos desvíos y mala utilización de dineros de la educación pública.
El exmandatario organizó en noviembre un encuentro con 92 directores para darle realce al programa que impulsó y cuya continuidad se puso en duda durante la gestión del exministro de Educación Marco Antonio Ávila.
El pasado 29 de diciembre la cartera comunicó a los tres municipios que no aceptó sus requerimientos, bajo el argumento de que no cumplían con los requisitos establecidos en la normativa. Y aunque con ello los establecimientos educacionales públicos ya son administrados por los Servicios Locales desde inicios de enero, dos comunas anuncian que apelarán y la otra ya se resignó.
El titular del Mineduc se la jugó por traspasar cuatro de los seis Servicios Locales de Educación Pública que el Senado había definido en “pausa activa”. Con ello, Chile pasará a tener 15 SLEP funcionando y la cartera algunas aristas aún abiertas.
Los servicios de Iquique, Punilla Cordillera, Aysén y Magallanes comenzarán a administrar el servicio educativo a partir del 1 de enero de 2024, mientras que Maule Costa y Licancabur aguardarán un año más para ser sostenedores del servicio educativo municipal.
En medio de la crisis del SLEP Atacama y justo cuando se definió ponerle una pausa al proceso, Jaime Veas dejará de ser la cabeza de la reforma que desmunicipaliza el servicio educativo y como subrogante asumirá Rodrigo Egaña, quien ya ostentó el cargo designado por Michelle Bachelet.
Fue una semana frenética, en la que los colegios de Atacama retornaron a clases y alcanzó el hito simbólico de cumplir 100 días al mando del Mineduc. El secretario de Estado aborda el escenario que se abrió tras el otro hecho que marcó su semana: el protocolo de acuerdo que frena el traspaso de los Servicios Locales de Educación Pública, lo que descarta de plano que sea una derrota.
Un análisis del centro de estudios Horizontal da cuenta que en el Servicio Local de Educación Pública atacameño es donde más deficiencias existen en el uso de los dineros de los 11 servicios que hasta aquí ya han entrado en funcionamiento.
La instancia, creada por ley con la misión de asesorar al Presidente en el proceso de desmunicipalización escolar y conformada por actores de diversa índole política, sale al paso de la idea de postergar la reforma y, con ello, la entrada en vigencia de algunos SLEP.
