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La vocera de gobierno indicó que desde el sector ya han realizado autocríticas "desde el día 1", sin embargo “no han hecho eco suficiente en la oposición", por lo que deben centrarse en las acciones.
"Yo jamás festiné ni me hizo ningún sentido esta imagen burda del perro aquel", dijo el Presidente.
El exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas, solicitó suspender la formalización en su contra fijada para el próximo 7 de mayo, día en el que se le imputarían los cargos por su responsabilidad de mando durante la crisis social de 2019.
La indagación está en manos del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien los últimos tres meses se ha abocado a la revisión de los 67 tomos que acumula la carpeta. Aún no hay formalizaciones previstas, y entre las diligencias que se preparan no se descartan nuevos requerimientos a instituciones y citaciones a declarar.
Quien fuera uno de los indultados por el Presidente Gabriel Boric en el marco del estallido social, ahora fue condenado a 4 años de cárcel por los delitos de robo con intimidación y violencia, y manejo bajo la influencia de estupefacientes.
La petición fue ingresada por el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, durante la jornada de este domingo.
Bajo siete llaves está el discurso que leerá este sábado la máxima autoridad de Carabineros, quien vive días complejos por su inminente formalización -el 7 de mayo- por su presunta responsabilidad de mando en violaciones a los DD.HH. ocurridas durante el estallido social. En su círculo íntimo aún está la expectativa de que un ministro de fuero paralice el caso en los próximos días, ganando tiempo para su objetivo final: llegar al 19 de noviembre y terminar su mandato.
Desde la bancada opositora precisaron que su respaldo al mandamás de Carabineros “no permite pasar por alto la injusticia y la miseria con la que el gobierno y otros actores estatales han actuado en contra”.
El general director de Carabineros busca por todos los medios legales no llegar al 7 de mayo. Ese día la Fiscalía le imputará el delito omisivo de apremios ilegítimos y homicidio durante el estallido social, motivando su salida forzada de la institución; sin embargo, aún se resiste a esa idea y en 72 horas ya ha hecho cuatro presentaciones judiciales. El objetivo es claro: lograr llegar a noviembre y ser el primero -en 14 años- en poder finalizar su periodo al mando de la institución y no engrosar la lista de lo que hoy llaman -entre los uniformados- como “la maldición del uno".
El jefe de la policía uniformada alista su salida luego de que el TC rechazara suspender la formalización en su contra. Aunque un último camino que activó con el recurso de amparo, la decisión ya está tomada si es que todo sigue su curso para el 7 de mayo. Por estos días busca el proceso menos "traumático" para la institución, pues vivirá la cuarta salida forzada de los últimos tres generales directores que lo antecedieron, en lo que algunos llaman "la maldición del uno" o del "cuatro estrellas". El 3 de mayo asoma como su último día como máxima autoridad de la institución.
De acuerdo al EMBI, que publica el Banco Central, en lo que va de abril el riesgo país promedia 119 puntos. Chile tiene además el menor riesgo en la región.
Rozas es investigado por su eventual responsabilidad de mando en apremios ilegítimos en el estallido social, mismo delito atribuido al actual mandamás de la institución, Ricardo Yáñez.
El jefe policial entró en la recta final para definir su futuro al mando de la institución, pues a solo 15 días de enfrentar cargos por su responsabilidad de mando en el estallido social, deberá liderar el aniversario de la institución el sábado 27 de abril, día en que -según su entorno- definiría públicamente su futuro. Sin embargo, el Tribunal Constitucional asoma como su última esperanza para suspender la formalización y terminar su mandato en noviembre.
La titular del organismo, Nancy Yáñez, se refirió al recurso presentado por el jefe policial que fue acogido a trámite y que solicita la suspensión de las causas de Alto Mando y delitos de lesa humanidad relacionadas con el estallido social.
