El músico se querelló contra dos de los grandes amigos de su vida: su excompañero con el que formó la banda nacional y el exrepresentante de su carrera en solitario, Alfonso Carbone. En la acción judicial, acusa que fue engañado para firmar una serie de documentos que se utilizaron para levantar sociedades comerciales y explotar el catálogo de los sanmiguelinos sin su consentimiento y sin entregarle sus ganancias.
El proceso de investigación sigue adelante contra Mario Rozas, exgeneral director de Carabineros; y Ricardo Yáñez, quien durante el 18-O era director de Orden y Seguridad de la misma institución.
En entrevista con La Tercera, el exmandatario colombiano se refiere a los costos de la polémica visita a Cúcuta en 2019 y cómo enfrentaron sendos estallidos sociales en sus países. Y también al impacto que ahora le provoca el mensaje que Piñera le envió para su último cumpleaños.
El otrora secretario de Estado rememoró los principales hitos logrados por el exmandatario, destacando valores como su persistencia, su valentía, calificándolo como un "hombre clave para que la derecha asumiera un compromiso irrestricto con la democracia".
Este martes La Moneda comenzó el envío de los decretos revocatorios a Contraloría para toma de razón. Hasta ahora, eso sí, sólo han ingresado uno de los casos al organismo. De acuerdo con abogados especialistas en derechos humanos, el Ejecutivo enfrenta un complejo escenario, pues incluso se expondrían a demandas internacionales.
Los jóvenes cuyos estudios se vieron interrumpidos debido a la crisis sanitaria, o que debieron seguir sus ramos de forma online, han comenzado a insertarse en espacios profesionales, donde se han enfrentado a las consecuencias de la educación remota.
Diferentes son los escenarios judiciales de los casos más recordados de la crisis social de 2019, como el ataque a Gustavo Gatica, causa en la que aún no comienza el juicio oral. También está el supuesto centro de torturas de Baquedano o los vejámenes sexuales en contra de un estudiante que fueron desestimados por el Ministerio Público. Finalmente, en los apremios ilegítimos que sufrió la ahora senadora Fabiola Campillai ya hay una condena. Todo esto salta a la luz a raíz del "vuelco" en el caso Pío Nono, donde la Fiscalía ofreció un juicio abreviado abriéndose a la posibilidad de que no existiera un homicidio frustrado.
A través de sus respectivas defensas, Ricardo Yáñez y Mario Rozas habían apuntado en contra del Ministerio Público por no haber recibido detalles de los 450 casos por los que serán formalizados. Pese a ello, desde la repartición encabezada por Xavier Armendáriz fueron enfáticos en que sí han podido tener acceso a la carpeta del caso. Respecto del incidente para impedir que la fiscal Chong accediera a detalles médicos de las víctimas de trauma ocular, el 7° Juzgado de Garantía lo dio por rechazado y ratificó la petición de la persecutora.
En un acta que se hizo pública a los 12 días de la cita, quedó registrado el momento de tensión que protagonizaron varias autoridades de la época: el Presidente, el contralor Jorge Bermúdez y los ministros Blumel y Espina.
La defensa del actual general director solicitó anular la autorización que le permitiría a la fiscal Ximena Chong acceder a las fichas clínicas de las víctimas de trauma ocular, estimando que se trata de una medida "arbitraria e ilegal". Ambas defensas, además, reclaman respecto de la negativa que recibieron al pedir el detalle de los 450 casos por los que se les formalizará el próximo 7 de mayo. Aseguran que constituiría una "efectiva, concreta y real amenaza" al debido proceso.
Ese año, cinco personas agredieron al exjefe del Ministerio de Salud mientras este visitaba el Hospital Padre Hurtado, en la comuna de San Ramón.
El Jefe de Estado respondió desde Chiloé sobre los beneficios entregados en el marco del estallido social a personas con antecedentes penales, asegurando -como ya había adelantado el ministro de Justicia, Luis Cordero- que quienes hayan sufrido pérdida del globo ocular “tienen el derecho también a ser reparados”, a pesar de que hayan cometido delitos.
Pese a respaldar la iniciativa -que fue aprobada durante el gobierno de Sebastián Piñera-, el legislador reconoció que hubo pensiones mal otorgadas y llamó a revisarlas. “Puede haber alguien que se aprovechara de un beneficio, por eso se analiza caso a caso y no se descalifica algo tan básico y humano como es entregarle una mínima reparación a quienes se han visto incapacitados de por vida”, defendió.
La profesional defendió las labores realizadas por el organismo e insistió en que siempre marcaron que no cumplían con los estándares internacionales para funcionar como comisión calificadora de víctimas.
Entre los 58 beneficiarios de pensiones de gracia tras el estallido social que tienen antecedentes penales, según detectó Contraloría, destacan el caso de un hombre de Valdivia, que el año 2009 abusó de una niña de seis años. Y el de un joven de Chillán, que el 2018 grabó desnuda a una menor de 17 años, cuya pensión ya fue revocada por el Presidente Boric. Además, existe un beneficiario con nueve condenas por delitos reiterados y otros por intento de robo de altas sumas de dinero.
