El Jefe de Estado respondió desde Chiloé sobre los beneficios entregados en el marco del estallido social a personas con antecedentes penales, asegurando -como ya había adelantado el ministro de Justicia, Luis Cordero- que quienes hayan sufrido pérdida del globo ocular “tienen el derecho también a ser reparados”, a pesar de que hayan cometido delitos.
Pese a respaldar la iniciativa -que fue aprobada durante el gobierno de Sebastián Piñera-, el legislador reconoció que hubo pensiones mal otorgadas y llamó a revisarlas. “Puede haber alguien que se aprovechara de un beneficio, por eso se analiza caso a caso y no se descalifica algo tan básico y humano como es entregarle una mínima reparación a quienes se han visto incapacitados de por vida”, defendió.
La profesional defendió las labores realizadas por el organismo e insistió en que siempre marcaron que no cumplían con los estándares internacionales para funcionar como comisión calificadora de víctimas.
Entre los 58 beneficiarios de pensiones de gracia tras el estallido social que tienen antecedentes penales, según detectó Contraloría, destacan el caso de un hombre de Valdivia, que el año 2009 abusó de una niña de seis años. Y el de un joven de Chillán, que el 2018 grabó desnuda a una menor de 17 años, cuya pensión ya fue revocada por el Presidente Boric. Además, existe un beneficiario con nueve condenas por delitos reiterados y otros por intento de robo de altas sumas de dinero.
El exvocero del gobierno de Sebastián Piñera, además, planteó que las otras pensiones otorgadas en el marco del estallido social “se vuelvan a revisar completamente”, para que “no hayan falsos empates”. Esto, luego que la portavoz Camila Vallejo aseguró que las irregularidades en el entrega de estos beneficios “son responsabilidad del gobierno anterior”.
La directora del organismo, Consuelo Contreras, le informó al Mandatario que no contaban "con las capacidades técnicas ni expertise en la materia para poder acreditar" los daños que sufrieron los presuntos afectados en el marco del estallido social. Además, acusó que "la inclusión de nuevas funciones (...) representa un riesgo para la autonomía del Instituto, toda vez que impone obligaciones no establecidas por la ley que le rige”.
De acuerdo con fuentes del organismo, las irregularidades detectadas por el ente fiscalizador dirigido por Dorothy Pérez deben ser analizadas con detalle. Entienden que se trata de un asunto "de relevancia" que requiere un "seguimiento continuo". Por lo mismo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, solicitó informe sobre la materia esta jornada y tras recibir la denuncia de RN, formalizó el inicio de las pesquisas. La causa quedó en manos del fiscal regional de Occidente, Marcos Pastén.
El organismo encabezado por Dorothy Pérez dio cuenta de una serie de irregularidades en el otorgamiento del beneficio. Entre ellos, que 58 pensionados tienen condenas. Algunos, de hecho, por delitos violentos: producción de material pornográfico infantil, abuso sexual y homicidio. Además, constataron que había datos que no se comprobaron, que en ciertos postulantes no entregaron certificados médicos y, entre otros elementos, que hubo aumentos de pensión sin que existiera sustento.
El parlamentario dice que el Presidente debe volver de sus vacaciones y anuncia que la oposición interpondrá una denuncia ante la Fiscalía por eventual prevaricación administrativa y fraude.
Cinco son las etapas del proceso de acreditación de víctimas del estallido social del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el cual este jueves fue cuestionado por la Contraloría debido a una serie de falencias que se detectaron en la entrega de pensiones de gracia. Aquello derivó en que diputados solicitaran la remoción de siete consejeros por negligencias en sus funciones.
El subsecretario del Interior aseguró que "ni en la ley, ni en la glosa 12, ni en el reglamento se estableció que tenían (que presentar) antecedentes médicos”, sino que “habla de afectación”. Sin embargo, una resolución exenta firmada por quien lo antecedió en el cargo en el gobierno anterior, Juan Francisco Galli, plantea lo contrario. El documento fue citado por el mismo Monsalve en una presentación.
Según detallaron, la placa fue detectada por el equipo de limpieza y fue retirada inmediatamente.
Ente contralor detectó una serie de falencias en la entrega de pensiones de gracia a personas afectadas en el marco del estallido social.
El informe realizado por Contraloría señala que “58, de las 419 personas beneficiadas con una pensión, tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos".
Luego de que el Presidente Gabriel Boric mandatara la revisión de los antecedentes, el equipo jurídico del Ministerio del Interior entregará una nómina de las personas a las que se recomienda retrotraer la pensión. En paralelo, Palacio hizo ajustes al manual que regula el otorgamiento del beneficio a fin de que se presenten certificados de antecedentes.
