Durante la sesión en el Senado, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que "la razón por la que estamos solicitando esta renovación es porque la presencia militar en el norte es necesaria".
14 may 2024 05:33 PM
Durante la sesión en el Senado, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que "la razón por la que estamos solicitando esta renovación es porque la presencia militar en el norte es necesaria".
Ahora falta la resolución del Senado, que definirá la solicitud del Ejecutivo en una sesión programada para las 16.00 horas.
El comandante en jefe del Ejército se encuentra en Arica monitoreando su primera gran crisis al interior de la institución que le ha valido una relación tensa con la ministra de Defensa, Maya Fernández.
La titular de Interior afirmó que aún queda esperar los resultados de la investigación del caso, a raíz de la cual se resolverían eventuales responsabilidades.
Tras un extenso debate, la indicación que buscaba devolver a los tribunales marciales los casos en que militares o efectivos policiales estuvieran siendo juzgados, fue declarada inadmisible. Los partidos de gobierno valoraron esta parte del proyecto, pero expresaron su preocupación por algunas normas, que esperan revertir en la Cámara Alta. La oposición en tanto, aún no da muestras claras de querer insistir en la inclusión de la justicia militar.
El subsecretario Galo Eidelstein señaló que no existe "taxativamente" la certeza de que los jóvenes "hayan querido quitarse la vida". Pero sí confirmó las autolesiones, las que atribuyó posiblemente a "un estado de angustia".
Un efectivo de la Armada perdió la vida durante enfrentamientos contra los extremistas maoístas mientras se neutralizaban los campamentos de esta organización guerrillera, dedicada en la actualidad principalmente al narcotráfico.
Tras la propuesta de más de 4.000 enmiendas, los diputados aprobaron con 283 votos a favor un nuevo texto al que sólo resta ya la rúbrica del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, según diputados.
Entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 1964, el gobierno del Presidente João Goulart fue depuesto por los militares, dando el inicio así a una dictadura que se extendería hasta 1985. Según la prensa local, el Ministerio de DD.HH. planeaba disculpas públicas a las víctimas y otras acciones para conmemorar la fecha. Sin embargo, Luiz Inácio Lula da Silva habría vetado los actos para evitar enfrentamientos con los militares, a poco más de un año del fallido golpe de Bolsonaro.
"(Los militares) saben perfectamente bien que han terminado todos en Punta Peuco y ya saben que tienen una fiscal (Ximena) Chong, el fiscal (Xavier) Armendáriz, el juez (Daniel) Urrutia, que se van a preocupar únicamente de perseguirlos hasta el fin del mundo”, acusó la alcaldesa de Providencia.
En una sesión de las comisiones unidas de Seguridad y de Constitución, parlamentarios reclamaron que no se podía legislar sin tener la opinión de representantes de las Fuerzas Armadas. En la misma instancia, la diputada Pamela Jiles solicitó que el subsecretario de Defensa saliera de la sala.
No obstante, la vocera de gobierno sostuvo que el objetivo central del Ejecutivo es que tanto la iniciativa de reglas de uso de la fuerza como la de infraestructura crítica sean "mediante ley acordada en el Congreso Nacional”.
El jefe comunal de Maipú enfatizó en la necesidad de contar con la Ley de Infraestructura Crítica y manifestó que no cree que "la izquierda traicione sus principios, por ejemplo, cuando los militares resguardan las escuelas para los procesos electorales; o que la izquierda se contradiga cuando los militares prestan soporte para una emergencia. Entonces, ¿por qué nos contradeciríamos cuando van a resguardar infraestructura crítica?”.
Mientras algunos países han impulsado el combate contra el tráfico de drogas utilizando al Ejército a costa de perder libertades individuales, como en el emblemático caso de El Salvador, en México la cifra de muertos no ha hecho más que aumentar. Otros, como Argentina y Ecuador, recién experimentan con la medida.
Desde la institución castrense han entregado dos razones para resistirse al despliegue militar: la no legislación aún de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), pero también de no contar con “entrenamiento" y "educación" para resguardar el orden público.