Tras la propuesta de más de 4.000 enmiendas, los diputados aprobaron con 283 votos a favor un nuevo texto al que sólo resta ya la rúbrica del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, según diputados.
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Entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 1964, el gobierno del Presidente João Goulart fue depuesto por los militares, dando el inicio así a una dictadura que se extendería hasta 1985. Según la prensa local, el Ministerio de DD.HH. planeaba disculpas públicas a las víctimas y otras acciones para conmemorar la fecha. Sin embargo, Luiz Inácio Lula da Silva habría vetado los actos para evitar enfrentamientos con los militares, a poco más de un año del fallido golpe de Bolsonaro.
"(Los militares) saben perfectamente bien que han terminado todos en Punta Peuco y ya saben que tienen una fiscal (Ximena) Chong, el fiscal (Xavier) Armendáriz, el juez (Daniel) Urrutia, que se van a preocupar únicamente de perseguirlos hasta el fin del mundo”, acusó la alcaldesa de Providencia.
En una sesión de las comisiones unidas de Seguridad y de Constitución, parlamentarios reclamaron que no se podía legislar sin tener la opinión de representantes de las Fuerzas Armadas. En la misma instancia, la diputada Pamela Jiles solicitó que el subsecretario de Defensa saliera de la sala.
No obstante, la vocera de gobierno sostuvo que el objetivo central del Ejecutivo es que tanto la iniciativa de reglas de uso de la fuerza como la de infraestructura crítica sean "mediante ley acordada en el Congreso Nacional”.
El jefe comunal de Maipú enfatizó en la necesidad de contar con la Ley de Infraestructura Crítica y manifestó que no cree que "la izquierda traicione sus principios, por ejemplo, cuando los militares resguardan las escuelas para los procesos electorales; o que la izquierda se contradiga cuando los militares prestan soporte para una emergencia. Entonces, ¿por qué nos contradeciríamos cuando van a resguardar infraestructura crítica?”.
Mientras algunos países han impulsado el combate contra el tráfico de drogas utilizando al Ejército a costa de perder libertades individuales, como en el emblemático caso de El Salvador, en México la cifra de muertos no ha hecho más que aumentar. Otros, como Argentina y Ecuador, recién experimentan con la medida.
Desde la institución castrense han entregado dos razones para resistirse al despliegue militar: la no legislación aún de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), pero también de no contar con “entrenamiento" y "educación" para resguardar el orden público.
"Hasta ahora, no veo discriminación”, aseguró la autoridad regional, llamando a “dejar de mirar cada medida que se toma con un prisma político-partidista”.
El también exsenador radical cree que el despliegue militar sólo serviría como una medida para enfrentar el corto plazo y, por lo mismo, plantea la necesidad de contar con un comité de seguridad, encabezado por el propio Presidente de la República.
En las instituciones castrenses llegaron a un consenso: sin ley que fije las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), ni la que establece las zonas de infraestructura crítica, ningún uniformado cumplirá labores preventivas. Pero, además, advierten que no tienen personal para cumplir esa labor, y no quieren ser utilizados como "medida parche" ante cualquier crisis de seguridad que surja.
¿Por qué tuvimos que esperar dos años para que el gobierno reaccionara? ¿Por qué dejamos que un capricho ideológico permitiera el avance sin control del crimen organizado? ¿Cuántas muertes se podrían haber evitado si es que el Presidente y sus Ministros hubiesen dejado su sesgo antimilitar?
Esta mañana, el alcalde de Maipú solicitó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, "contar con el apoyo de presencia militar en algunos sectores". No es la primera vez que un jefe comunal hace esa petición buscando solucionar problemáticas de seguridad de sus comunas.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que enviarán a las Fuerzas Armadas para brindar asistencia a la ciudad santafesina en respuesta a los hechos de las bandas narcocriminales, que calificó como "acciones de terrorismo".
"El Gobierno Nacional está decidido a enfrentar a la mafia del narcotráfico y a los sicarios que instauraron un régimen de muerte y terror en la ciudad de Rosario. No se dará ni un paso atrás. Los rosarinos van a recuperar las calles y la libertad”, señaló una declaración desde la Casa Rosada.
