La indagatoria surgió a raíz de los antecedentes levantados por la ministra Romy Rutherford, quien dictó procesamiento contra el otrora comandante en jefe del Ejército por delitos reiterados de malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar. Se asegura que el militar realizó una serie de maniobras con miras a ocultar el origen ilícito de parte de su patrimonio. Con todo, el Ministerio Público decidió sólo imputarlo a él y no a sus hijas, que participaron de actos de ocultamiento, según se detalla en el alzamiento de secreto bancario de la familia.
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Tanto el Instituto de Derechos Humanos como el abogado querellante por la madre de Franco Vargas, Sebastián Andrade, interpusieron recursos de reposición ante la resolución del máximo tribunal que frenó las diligencias de la Fiscalía en la causa. En ambos escritos se señala que el soldado falleció fuera del regimiento de Huamachuco y que es necesario avanzar en peritajes urgentes ya decretados.
La Contraloría tomó razón del decreto en que se cierran las fiscalías militares de Los Andes, Rancagua, Angol y Puerto Varas. Sus casos serán tomados por otros órganos persecutores. Aunque se apunta a “optimización de los recursos”, algunos sectores litigantes critican la medida, ya que implicaría un aumento de traslados de los acusados y sus abogados, lo que atentaría al derecho a defensa o libre proceso.
El persecutor Jaime Arriagada lideró los interrogatorios a los cuatro ex uniformados detenidos. Uno de ellos quedó en libertad.
