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Raúl Torrealba ahora será investigado por el fiscal regional de la zona Centro Norte, Xavier Armendáriz. Esto, luego de que el fiscal nacional Jorge Abbott decidiera reasignar la causa el mismo día que la jefa de Las Condes, Lorena Parra, asumió como fiscal regional de esa zona. La abogada hace cinco años participaba de instancias administrativas en los municipios de esa jurisdicción, por lo que en el Ministerio Público se evaluó, para que no existan inhabilidades en el futuro, que sea otra repartición la que indague este caso de presunta corrupción.

Este jueves, a las 15 horas, los plenos de las cortes de Santiago y San Miguel se reunirán para escuchar a los nueve candidatos a ocupar el cargo que intempestivamente dejó hace unas semanas el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Los miembros del Poder Judicial elegirán una terna y de ahí el fiscal nacional, Jorge Abbott, deberá nominar a quien instruirá las investigaciones penales de esa zona por los próximos ocho años. Los últimos nombramientos han sido mujeres, en busca de un consejo paritario. ¿Se repetirá la fórmula?

La muerte de la modelo brasileña que partió como un caso de suicidio cada vez da más fuerza a las hipótesis que apuntan a intervención de terceros, en particular de quien fue su pareja. El abogado de la familia, Cristián Cáceres, pidió nuevos exámenes para estudiar heridas que darían cuenta de agresiones previas a su fatal desenlace el 7 de julio pasado. Además, según reveló el querellante, las mallas de seguridad de los departamentos de abajo del hogar de la joven están rotas, lo que podría ser un indicio de un intento de ella, a juicio del abogado, por aferrarse a la vida.

Las edades de los imputados fluctúan entre los 15 y 23 años, quienes, como denominador común, tienen que ninguno mantenía antecedentes penales previos, por lo que contaban con “irreprochable conducta anterior”. Para dar cuenta de qué factores se repiten, el Ministerio Público trabajó en base a 13 personas condenadas por el lanzamiento de artefactos incendiarios y el ilícito de incendio. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, detalló cuál fue el trabajo de Carabineros, en medio de las manifestaciones, para recolectar evidencia que ayudaron para esclarecer estas investigaciones.

El ingreso de tres informes en derecho por parte de la defensa del senador hizo que varios ministros estuvieran por dejar la causa en "estudio" y postergar la votación que, según algunos integrantes de ese tribunal de alzada, estará muy reñida. Generó suspicacias en la vista de la causa la ausencia de dos ministros que están postulando a la Corte Suprema y cuya nominación dependerá, justamente, de un trámite en la Cámara Alta.

El Ministerio Público presentó acusación en su contra el 10 de octubre, ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar. Hace más de un año, el 16 de abril de 2019, fue formalizado por los delitos de violación y abuso sexual a mayores de 14 años. La audiencia de preparación de juicio oral quedó agendada para el 22 de diciembre.

Juzgado de Garantía agendó audiencia de formalización para Eduardo Witt, exprefecto de la zona Oriente, por su presunta participación en un escopetazo que dejó herido a un hombre que transitaba por Peñalolén el 20 de octubre.

A las 15 horas de hoy el tribunal dictará la sentencia de Alejandro Carvajal (20), para quien la fiscalía pide cinco años de cárcel. Según la entidad penitenciaria, el joven tiene "capacidad de enjuiciamiento, legitimación de la autoridad (...), apertura al cambio y a la crítica, adecuada disposición a la autoridad y logra hacer un análisis de las consecuencias de acciones que se le imputa”.

Hoy a las 9.00 se realizaron los alegatos de apertura de la causa en contra de Alejandro Carvajal Gutiérrez, acusado de haber quemado la Universidad Pedro de Valdivia con líquido acelerante. Mañana se conocerá la sentencia en contra de otro imputado por el lanzamiento de cinco bombas molotov en manifestaciones durante la crisis social. El Ministerio Público pide 24 años de cárcel.

Ya en la fase final para su formalización, la Fiscalía Oriente arremetió con una solicitud ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto para poder acceder al detalle de todas las transacciones financieras del senador RN entre los años 2017 y 2019, periodo en que es investigado por tráfico de influencias. Su defensor Ricardo Freire pidió al tribunal rechazar la diligencia diciendo que el parlamentario está dispuesto a entregar sólo aquellos movimientos que involucran a personas y empresas ligadas al caso, pero que no está dispuesto a transparentar todo su comportamiento financiero.

El 26 de agosto el senador RN será formalizado por tráfico de influencias. La Fiscalía Oriente le atribuirá haber realizado gestiones para beneficiar a la empresa Cavilú, que administra uno de sus ocho hijos. Una pieza clave es una auditoría que concluye que entre 2017 y 2019 Manuel José Ossandón trianguló $ 34.701.000 hacia la firma, situación que él desconoce en su interrogatorio, en el que, además, se negó a abrir sus cuentas bancarias. El Ministerio Público pidió a la justicia alzar ese secreto.

Tras un año de investigación y a sólo horas que el parlamentario declarara ante el Ministerio Público, el jefe de Alta Complejidad Oriente Felipe Sepúlveda ingresó un escrito ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto para que agende audiencia en que se le imputarán delitos vinculados a actos de corrupción.

El parlamentario RN, quien se recupera tras haber sido contagiado de coronavirus, declarará la primera semana de agosto ante el Ministerio Público. Ahí entregará su versión ante una causa penal que lo tiene al borde de ser formalizado por el delito de tráfico de influencias en un millonario negocio de extractos de áridos en el Río Maipo.

El 25 de julio comenzará la preparación de juicio del incendio en el Metro Pedrero, uno de los primeros hechos de violencia registrados en la crisis social. Este es también el primer caso de quema a una estación en que la fiscalía presenta acusación. Los imputados son un menor de edad y su tío, ligados a una facción de la Garra Blanca llamada los Manzanoalbo. La Tercera accedió las piezas claves de la investigación penal que tiene el Ministerio Público y por las que pedirá 20 años de cárcel para adulto y 10 años de internación para el joven de 16 años.

Cinco días antes de que comunicara que dio positivo para Covid por segunda vez -cuestión que lo tiene hospitalizado-, la Fiscalía Oriente lo “invitó” a declarar como imputado en la antesala de una decisión ya tomada en el Ministerio Público: Manuel José Ossandón será formalizado por tráfico de influencias en un negocio de extracción de áridos en el río Maipo.