Juzgado de Garantía agendó audiencia de formalización para Eduardo Witt, exprefecto de la zona Oriente, por su presunta participación en un escopetazo que dejó herido a un hombre que transitaba por Peñalolén el 20 de octubre.
23 sep 2020 01:31 PM
Juzgado de Garantía agendó audiencia de formalización para Eduardo Witt, exprefecto de la zona Oriente, por su presunta participación en un escopetazo que dejó herido a un hombre que transitaba por Peñalolén el 20 de octubre.
A las 15 horas de hoy el tribunal dictará la sentencia de Alejandro Carvajal (20), para quien la fiscalía pide cinco años de cárcel. Según la entidad penitenciaria, el joven tiene "capacidad de enjuiciamiento, legitimación de la autoridad (...), apertura al cambio y a la crítica, adecuada disposición a la autoridad y logra hacer un análisis de las consecuencias de acciones que se le imputa”.
Hoy a las 9.00 se realizaron los alegatos de apertura de la causa en contra de Alejandro Carvajal Gutiérrez, acusado de haber quemado la Universidad Pedro de Valdivia con líquido acelerante. Mañana se conocerá la sentencia en contra de otro imputado por el lanzamiento de cinco bombas molotov en manifestaciones durante la crisis social. El Ministerio Público pide 24 años de cárcel.
Ya en la fase final para su formalización, la Fiscalía Oriente arremetió con una solicitud ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto para poder acceder al detalle de todas las transacciones financieras del senador RN entre los años 2017 y 2019, periodo en que es investigado por tráfico de influencias. Su defensor Ricardo Freire pidió al tribunal rechazar la diligencia diciendo que el parlamentario está dispuesto a entregar sólo aquellos movimientos que involucran a personas y empresas ligadas al caso, pero que no está dispuesto a transparentar todo su comportamiento financiero.
El 26 de agosto el senador RN será formalizado por tráfico de influencias. La Fiscalía Oriente le atribuirá haber realizado gestiones para beneficiar a la empresa Cavilú, que administra uno de sus ocho hijos. Una pieza clave es una auditoría que concluye que entre 2017 y 2019 Manuel José Ossandón trianguló $ 34.701.000 hacia la firma, situación que él desconoce en su interrogatorio, en el que, además, se negó a abrir sus cuentas bancarias. El Ministerio Público pidió a la justicia alzar ese secreto.
Tras un año de investigación y a sólo horas que el parlamentario declarara ante el Ministerio Público, el jefe de Alta Complejidad Oriente Felipe Sepúlveda ingresó un escrito ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto para que agende audiencia en que se le imputarán delitos vinculados a actos de corrupción.
El parlamentario RN, quien se recupera tras haber sido contagiado de coronavirus, declarará la primera semana de agosto ante el Ministerio Público. Ahí entregará su versión ante una causa penal que lo tiene al borde de ser formalizado por el delito de tráfico de influencias en un millonario negocio de extractos de áridos en el Río Maipo.
El 25 de julio comenzará la preparación de juicio del incendio en el Metro Pedrero, uno de los primeros hechos de violencia registrados en la crisis social. Este es también el primer caso de quema a una estación en que la fiscalía presenta acusación. Los imputados son un menor de edad y su tío, ligados a una facción de la Garra Blanca llamada los Manzanoalbo. La Tercera accedió las piezas claves de la investigación penal que tiene el Ministerio Público y por las que pedirá 20 años de cárcel para adulto y 10 años de internación para el joven de 16 años.
Cinco días antes de que comunicara que dio positivo para Covid por segunda vez -cuestión que lo tiene hospitalizado-, la Fiscalía Oriente lo “invitó” a declarar como imputado en la antesala de una decisión ya tomada en el Ministerio Público: Manuel José Ossandón será formalizado por tráfico de influencias en un negocio de extracción de áridos en el río Maipo.
La Fiscalía Oriente decidió imputar por cuasidelito de homicidio a dos facultativos de ese organismo por una serie de negligencias médicas en contra de la ejecutiva María Alejandra Campos, quien falleció a los 45 años, tras someterse a una cirugía para extirpar un tumor en su glándula tiroidea. El próximo 10 de julio los profesionales deberán enfrentar a la justicia.
Tras el sobreseimiento de la investigación, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, afirmó que quienes hicieron "denuncias falsas" en el marco del estallido social, deben asumir su responsabilidad.
Según los funcionarios policiales, imputados de golpear a un hombre en la Plaza Ñuñoa, "hay una doble regulación de un mismo injusto penal (la tortura) en el ordenamiento jurídico (...) en efecto, mientras el delito de torturas como delito de lesa humanidad de la ley 20. 357, permite a los condenados la posibilidad de optar a una pena sustitutiva de la ley 18.216; el delito de torturas común del Código Penal, conforme se desprende de la lectura del artículo 1 de la ley 18.216, no admite tal posibilidad".
La solicitud de audiencia fue realizada por el fiscal jefe de Peñalolén, Miguel Ángel Orellana, a raíz de un video publicado a través de redes sociales, en el que se ve a un hombre en el patio de un block siendo agredido por dos carabineros.
El 13 de diciembre, 12 carabineros serán formalizados por la fiscalía por presuntas torturas a un hombre en Ñuñoa. Los funcionarios policiales niegan que su accionar haya provocado las graves lesiones al denunciante.
La Fiscalía Oriente le imputó eventual abuso sexual en contra de una segunda mujer. En enero pasado ya lo habían formalizado por un primer caso similiar.