Juan Carlos Aramayo, exfuncionario público, realizó disparos contra una señalética durante la noche del 18 de febrero.
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El segundo día de la audiencia en que se formalizó a la exalcaldesa estuvo marcado por una serie de pruebas que presentó el Ministerio Público para argumentar y solicitar la prisión preventiva de la otrora autoridad de Maipú. Además de eso, fue la primera oportunidad de la defensa de la exmodelo para cuestionar las imputaciones del Ministerio Público.
La exalcaldesa fue formalizada, junto a otros cinco exfuncionarios municipales, por delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. La imputación de los cargos estuvo marcada por la exposición de la serie de gastos improcedentes que realizó y la forma en que fraguó un mecanismo que le habría permitido, a juicio del Ministerio Público, establecer en la comuna "una gobernanza fraudulenta tendientes a descomponer, impedir y bloquear los mecanismos de control".
La querella presentada por el organismo acusa directamente a la otrora jefa comunal (IND-UDI) y sus colaboradores de "la realizaron una serie de actos constitutivos de delito que ocasionaron un sobreendeudamiento del municipio en más de 30 mil millones de pesos". La exfigura televisiva enfrentará la próxima semana su formalización en la que se solicitará prisión preventiva. "Las maniobras dolosas desarrolladas permitieron aparentar una solidez financiera que no era tal, rebajando arbitrariamente e ilegalmente el resguardo de recursos a proyectos aprobados por el Concejo municipal y redistribuyéndolos para financiar actividades propias del programa de la exalcaldesa", se lee en el libelo al que accedió La Tercera.
Pese a no existir ninguna denuncia oficial, el Ministerio Público -tras analizar un reportaje de Mega- decidió abrir una investigación para perseguir eventuales responsabilidades penales en el otorgamiento de millonarias horas extras a funcionarios del Municipio de Las Condes. La situación pone en un complejo escenario a la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI), quien aspira a reelegirse como jefa comunal en los comicios del próximo año. A esto se suma el "caso Cesfam", donde la Fiscalía también pesquisa un millonario fraude.
Este jueves sesionó la instancia y tras revisar los antecedentes que se tienen a tres semanas de que estalló el caso, los consejeros decidieron emprender acciones legales para perseguir presuntos delitos vinculados a funcionarios públicos.
“La decisión se basó en la particular gravedad de los hechos respecto de los cuales se formularon cargos -que incluyen agresiones y vulneración de los derechos de la cónyuge del investigado-; la reiteración de los mismos y la afectación del principio de probidad administrativa", señaló el ente persecutor en un comunicado.
Ciper dio a conocer la grabación de una reunión del abogado -en la que se habla de pagos a funcionarios públicos para obtener información privilegiada- con el empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos, quienes también serán blanco de las pesquisas. Tras conocer la información, Miguel Crispi resolvió romper el vínculo con el jurista como su defensor en el caso de líos de platas.
Por lesiones menos graves y maltrato habitual se formalizará al fiscal Pablo Antúnez quien pertenecía a la unidad de Robos Violentos de la Fiscalía Oriente. Esto luego de que la expareja del persecutor presentara una denuncia tras ser agredida por el abogado. Tras ese procedimiento policial, la fiscalía dirigida por Lorena Parra decidió abrir un sumario no sólo contra el imputado, sino también contra un colega que en vez de pasarlo a control de detención sólo lo dejó citado al Ministerio Público. El otrora investigador de portonazos está adportas de ser removido.
El Ministerio Público no sólo reasignó la causa correspondiente a la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, sino que también otra indagatoria que compromete a la exjefa comunal de San Bernardo, quien lideró esta zona entre 2008 y 2020. El ente persecutor tramita este caso desde el 2021 por el delito de fraude al Fisco, entre otros ilícitos.
A sólo días de conocerse una demanda por abusos sexuales, de poder y conciencia interpuesta a fines de junio por una exalumna del establecimiento ícono de los Legionarios de Cristo, una nueva acusación sacude a la comunidad. El Cuarto Juzgado de Garantía declaró admisible una querella interpuesta por los padres de la víctima y remitió los antecedentes a la Fiscalía Oriente.
Se trata de cinco organizaciones: "Los Naros", "La Familia", "La Jota", "Andreotti" y "Los Articuladores", cuyos clanes operaban coordinados en el centro de Santiago recibiendo cargamentos de marihuana creepy desde la Columna Móvil Dagoberto Ramos, una facción descolgada de las FARC en Colombia. También se registraron operaciones con mafias en Bolivia para internación de cocaína, y de Europa para la importación de drogas sintéticas. El poder del clan lo transformó en el principal proveedor de drogas de bandas narcos de la capital.
Desde 540 días hasta tres años de cárcel arriesga Alejandro Ariel Ñanco por los delitos que se le acusan. En conversación con El Deportivo, el fiscal Jorge Martínez explica la determinación de pasarlo a prisión preventiva. "Este sujeto presenta un prontuario policial bastante nutrido, por lo tanto los riesgos de reiteración son relevantes, con un peligro de fuga asociado", señala.
El vehículo Chevrolet Sonic azul que usaron los imputados del crimen del carabinero ya había participado de un robo en Vitacura, el 28 de marzo. La municipalidad facilitó las cámaras a la PDI y el Ministerio Público con los movimientos del vehículo, sin embargo nunca lograron dar con su paradero, siendo que su dueño, un militar, aparecía en el registro. En Concepción, en tanto, también fallaron los sistemas y se pudo poner un atajo a Luis Lugo Machado: fue sentenciado a libertad vigilada -a pesar de incumplir su arresto domiciliario durante la investigación-, no llegó a una audiencia y, en otra causa, el ente persecutor no pidió su formalización, a pesar de tener medidas cautelares a su haber. Se abrió sumario para determinar responsabilidades.
Durante el mediodía del viernes 31 de marzo, las alumnas de séptimo y octavo básico iniciaron una protesta con poleras de colores, petos y faldas, para manifestarse en contra de los alumnos que las venían hostigando desde que ingresaron al establecimiento cuando se convirtió en mixto. Luego de la manifestación, según indaga el Ministerio Público, los adolescentes de primero y segundo medio las habrían acorralado en los pasillos para tocarlas y mantener un contacto físico estrecho. La causa ya está siendo tramitada en la Fiscalía Oriente.
