En medio de la indagación que lleva la fiscal Carmen Gloria Wittwer, que investiga eventuales sobornos de Gonzalo Migueles al fiscal Carlos Palma en medio de la carrera por la Fiscalía Nacional, se advirtió que el celular incautado al persecutor habría sido "reseteado". La situación, de todas maneras, había sido tratada por el abogado en su declaración. Había deslizado motivos de seguridad para evitar generar respaldo de su información.
El Tribunal estableció un plazo de seis meses para la investigación del caso.
A través de una escueta declaración, el exministro de Interior salió al paso del oficio enviado la semana pasada por la Comisión del Mercado Financiero (CMF) al Ministerio Público en que se revelaba una llamada que la otrora autoridad hizo para interceder ante el regulador por STF Capital, de los hermanos Sauer. Aclaró que al momento de la gestión no era funcionario público.
La noche de este martes, personal de Carabineros y de la institución penitenciaria realizan diligencias en la Escuela de Formación Penitenciaria, en la comuna de San Bernardo. El funcionario denunciado fue separado de sus labores y se abrió un sumario administrativo.
El jefe del Ministerio Público afirmó que tres meses antes de postular a su actual cargo se comunicó por WhatsApp con el influyente penalista en el contexto de un doctorado que cursaba. Además se refirió a una conversación que tuvo con él en octubre de 2021 sobre "asuntos profesionales".
El jefe del ente persecutor designó a la fiscal regional de Los Lagos Carmen Gloria Wittwer para investigar presuntas irregularidades que involucran a la ministra de la Corte Suprema, tras las revelaciones que hizo Ciper en el caso Audio y que involucran al abogado Luis Hermosilla en solicitudes de favores mutuos con la magistrada.
Una conversación entre los abogados, protagonistas del caso Audio, hablan de una serie de casos, y -justamente- hacen mención a la jueza que actualmente está al borde de la remoción por sus conversaciones con Luis Hermosilla, hoy preso por corrupción.
La acción fue llevada a cabo tras una investigación en conjunto de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Las Condes y la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado Oriente.
El ex ejecutivo bancario pasó 10 años en la cárcel condenado por la violación de su hijo mayor y actos de connotación sexual con el menor. Siempre sostuvo su inocencia. Tres años después de salir en libertad, su hijo mayor se retractó y afirmó que nunca fue abusado por su padre. Hoy, Tocornal publica un libro en torno al proceso, denuncia a la Fiscalía y asegura que buscará anular la sentencia.
Junto con ello, el fiscal Carlos Fuentes adelantó que van a solicitar una nueva audiencia para seis de los 20 imputados que se encuentran en prisión preventiva, luego de que les incautaran celulares, drogas y dinero en efectivo.
Una serie de whatsapp en los que el abogado Luis Hermosilla habla de su vida privada, forman parte del expediente y cuyas copias el Ministerio Público ha entregado a intervinientes del caso Audio. En tribunales superiores hay molestia y advierten que se podría configurar una conducta delictiva, ya que la Corte el 28 de junio le recordó al Ministerio Público que tenía el deber de "no revelar transcripciones de mensajes que nada tienen que ver con la investigación". La Fiscalía Nacional le pidió cuentas a la fiscal regional oriente.
Según confirmó la empresa en su querella, el monto exacto del millonario botín tras el asalto a sucursal de Rancagua asciende a cerca de 11.500 millones de pesos.
A lo largo de la audiencia, el abogado Juan Pablo Hermosilla apuntó sus dardos a lo que él definió como "funa jurídica”. Junto con esto denunció que las conversaciones de su hermano las "filtran todo desde adentro, y están escogiendo enemigos, a Jean Pierre Matus, a la ministra Vivanco, al ministro Ulloa, al fiscal Palma... empiezan a disparar al enemigo".
Las declaraciones de la líder opositora venezolana fueron minutos después de que el fiscal general, Tarek William Saab, reiterara que existe una orden de aprehensión contra el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia por la difusión de los documentos electorales.
A lo largo de la audiencia, el abogado Juan Pablo Hermosilla apuntó sus dardos a lo que él definió como "funa jurídica", donde no solo el Ministerio Público persigue a su hermano, sino que también otras instituciones del Estado. En esa línea, mencionó cinco veces los dichos del Presidente Boric y responsabilizó al gobierno del envió de Luis Hermosilla a una cárcel común "para sacar un dividendo político". Junto con esto, aseguró que las conversaciones de su hermano las "filtran todo desde adentro, y están escogiendo enemigos, escogen a Jean Pierre Matus, a la ministra Vivanco, al ministro Ulloa, al fiscal Palma... empiezan a disparar al enemigo".
