Los querellantes en el caso son el Ministerio Público, la familia y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quienes presentaron los alegatos de apertura durante este lunes.
7 oct 2024 12:31 PM
Los querellantes en el caso son el Ministerio Público, la familia y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quienes presentaron los alegatos de apertura durante este lunes.
No es una buena señal que a más de un año de que estallaran casos en que aparecen millonarios fondos públicos defraudados los resultados del proceso penal sean más bien escasos. La Fiscalía debería explicar las razones de ello.
El convenio alcanzado entre ambos municipios, a juicio de la Contraloría, era genérico y permitió que se contratara en Estación Central a un funcionario en "comisión de servicio", para encabezar la Dirección de Obras de esa comuna y el cual -según la denuncia- habría favorecido la entrega de ciertos permisos a inmobiliarias. Algo que ahora deberá revisar el Ministerio Público.
Medio de comunicación publicó conversaciones electrónicas entre el expersecutor Oriente y el abogado imputado por delitos de cohecho. Parte de ellas dan cuenta de una supuesta campaña comunicacional contra los exfiscales una vez que renunciaron al Ministerio Público.
La fiscal Ximena Chong, durante el segundo día de formalización, apuntó a que los otroras altos mandos omitieron sus deberes, obligaciones en el "control y reglamentación del uso de armamento y municiones, el cumplimiento y promoción de los derechos humanos, el deber de supervigilancia y el deber de disciplina".
La fiscal Ximena Chong se encargó de detallar los hechos, uno por uno, entregando la fecha, el RUT y nombre de la víctima, y como ocurrieron.
Del total de víctimas del estallido social que formaban parte de la carpeta investigativa, la fiscal Ximena Chong afirmó que se imputarán aquellos casos en los que las personas fueron heridas con escopetas antidisturbios y carabina lanza gases, lo que les provocó lesiones "de carácter grave, graves gravísimas y muerte".
El fiscal nacional está fuera del país, en comisión de servicio en una actividad en el extranjero. Por esa razón será el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, quien lo subrogue en el cargo, y el responsable de responder la solicitud de la defensa de Luis Hermosilla en la que piden inhabilitar a la persecutora que dirige la indagatoria del caso Audio.
Tras cinco años de investigación y varios intentos por postergar la audiencia, finalmente este martes se llevó a cabo la formalización de los generales (R) Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate. Imputación de cargos que se inició tras una discusión por aplazar la instancia, en medio de manifestaciones fuera del Centro de Justicia y con exaltos oficiales ingresando por los estacionamientos.
Un resumen ejecutivo con lo que tienes que saber hoy.
El suceso quedó en evidencia en múltiples registros audiovisuales captados por testigos, los que exhibieron la muerte de algunos ejemplares en el lugar por la acción deliberada de esta persona.
Para este martes está agendada la audiencia en la que la Fiscalía Centro Norte formalizará al hasta hace sólo días general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien debió dejar su cargo -justamente-, por un criterio que impuso La Moneda. En la oportunidad también se atribuirá responsabilidad penal a su antecesor Mario Rozas y al exsubdirector operativo Diego Olate. Todos, carabineros retirados y que, según la indagatoria, habrían tenido una conducta omisiva en miles de actos de violaciones a los derechos humanos tras el estallido social. Desde el INDH aseguraron que no solicitarán prisión preventiva, ya que tampoco estaría en los planes del Ministerio Público.
El exfiscal nacional expuso algunas situaciones que, a su parecer, deben ser investigadas y sostuvo que "la Fiscalía del Ministerio Público es una institución fundamental del país".
Tras una extensa investigación, intentos por postergar la audiencia y hasta una causa vista en el TC, finalmente este martes se concretará la formalización de los generales (r) Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, a quienes la Fiscalía acusa de delitos omisivos de apremios ilegítimos durante el estallido social. Imputación de cargos que se realizará en una audiencia para la cual el tribunal reservó una sala por más de 30 días.
Según antecedentes preliminares, la víctima se trataría de un hombre que “presentaba múltiples heridas cortantes de carácter homicida”.